MERCADOS|OPINIÓN
El lunes 17 de agosto, la Subtel publicó las bases para llamar a cuatro concursos públicos y otorgar diversas concesiones de servicios de telecomunicaciones de alta velocidad en las bandas de 700 MHz, 2.100 MHz (AWS), 3,5 GHz y 26 GHz, luego de que el Presidente de la República –en una inusual ceremonia apoteósica– diera el puntapié inicial a la tecnología 5G en el país.
Sin duda que esos concursos son necesarios para facilitar el desarrollo de las telecomunicaciones y, por ende, el desarrollo del país, pero hay una serie de aspectos que preocupan a Conadecus, a académicos, a expertos, a algunas empresas operadoras y a diversos sectores políticos, al punto que el Senado en pleno está empezando a tomar cartas en el asunto.
Un primer aspecto que preocupa a Conadecus es que esta vez Subtel –a diferencia de lo que hizo en los concursos de 2.600 MHz (2011) y de 700 MHz (2013)– no exija contraprestaciones obligatorias, y premie a cambio la cobertura de ciertos polígonos (principalmente urbanos) y caminos (varios de los cuales ya cuentan con cobertura de telefonía móvil), en circunstancias que en el concurso de 700 MHz, por ejemplo, las contraprestaciones permitieron dar cobertura de telefonía e Internet a más de 1.200 comunidades rurales que carecían de esos servicios y a más de 500 colegios rurales, estos últimos con una exigencia de gratuidad por dos años, que Conadecus logró extender a cuatro años.
Para justificar esta nueva Política Pública para el sector, Subtel ha dicho que las contraprestaciones habrían sido proscritas por la Corte Suprema (en el juicio de 700 MHz, que impulsó y ganó Conadecus), por ser una barrera a la entrada, y que además son muy difíciles de fiscalizar.
Conadecus está de acuerdo en que las contraprestaciones rurales pueden llegar a ser una barrera a la entrada, como sucedió en los concursos públicos de 700 MHz y de 2.600 MHz, pero en ningún caso ellas han sido proscritas por la Corte Suprema y, si se implementan de manera adecuada, introducen pocas distorsiones económicas.
Además, las contraprestaciones no son tan difíciles de fiscalizar, ya que eso hoy, incluso, podría hacerse en forma remota.
Quitar entonces las contraprestaciones en esos concursos y premiar, a cambio, la cobertura de polígonos que aparentemente favorecen, entre otros, a puertos, aeropuertos o universidades, carece de sentido, porque aquellos nunca van a requerir de coberturas forzadas, ya que el mercado los atenderá en forma natural, por ser un buen negocio (a diferencia de las zonas rurales). Además, los polígonos que definió Subtel no parecen considerar a las personas o empresas que se ubican contiguas a ellos.
Por lo tanto, Conadecus recomienda que Subtel vuelva a exigir contraprestaciones en los próximos cuatro concursos, para mejorar la cobertura rural.
Con todo, luego de estos concursos y como solución de largo plazo, sería conveniente modificar la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) y el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, para que este último disponga de más recursos y de mejores mecanismos para cubrir la prestación de servicios en zonas rurales.
Otro tema que preocupa mucho a Conadecus es el siguiente: en su reciente sentencia sobre nuevos límites de espectro, la Corte Suprema dispuso que, antes de efectuar un concurso para adjudicar espectro radioeléctrico destinado a nuevas tecnologías, Subtel analice si los operadores que ya cuentan con espectro pueden implementar esas nuevas tecnologías en sus frecuencias preexistentes, en plazos y costos razonables y que, de ser así, se privilegie la adjudicación de espectro a nuevos entrantes o a operadores de menor tamaño.
Para dar respuesta a lo anterior, Subtel entonces elaboró y dio a conocer lo que denominó Informe de Pertinencia. Sin embargo, el referido informe no contiene un análisis de costos, y se basa principalmente en presunciones, e incluso en errores, que permiten que Subtel concluya que los tres operadores dominantes actuales (Entel, Movistar y Claro) pueden participar en los próximos cuatro concursos.
En nuestra opinión, esa conclusión de Subtel es improcedente, ya que las empresas dominantes tienen hoy, en general, espectro suficiente para implementar nuevas tecnologías como 5G.
Otro aspecto que el Informe de Pertinencia no aborda, es cómo Subtel piensa reordenar la banda de 3,5 GHz, lo que es indispensable para asegurar un uso más eficiente de la misma con la tecnología 5G.
Por lo tanto, Conadecus también recomienda que Subtel reformule el Informe de Pertinencia de manera completa y fundada.
Preocupa asimismo a Conadecus que Subtel haya omitido en las bases que los adjudicatarios tienen la obligación de elaborar ofertas de facilidades viables, para Operadores Móviles Virtuales (operadores sin espectro propio), y para roaming nacional, obligación reiteradamente dispuesta por la Corte Suprema, que hasta hoy es letra muerta en varios segmentos del mercado, cuando los precios al por mayor que ofrecen los operadores dominantes a sus competidores superan los precios al detalle que esos mismos operadores ofrecen a sus clientes.
También nos preocupa que el concurso está forzando de manera artificial el empate de los participantes, lo que al parecer busca aumentar la recaudación fiscal, pero sin beneficio alguno para los usuarios de las telecomunicaciones, sino todo lo contrario. El empate forzado, además, es contrario al espíritu y a la letra de la LGT.
Preocupan asimismo a Conadecus los eventuales riesgos para la salud que podría acarrear la tecnología 5G móvil, que han sido advertidos por médicos de varios países (sospechamos, sí, que esos riesgos son bajos, pero no tenemos conocimientos suficientes como para descartarlos de plano). Por lo tanto, es recomendable que Subtel encargue estudios médicos y biológicos, para descartar que esa tecnología pueda provocar daños a la salud.
Debido al principio de neutralidad tecnológica, que rige en las telecomunicaciones de nuestro país, pensamos que Subtel solo debería exigir niveles de calidad mínima a cumplir, sin imponer determinadas tecnologías, como 5G o LTE Advanced Pro. La experiencia universal indica que el mercado es mucho más certero al momento de establecer qué tecnología es la más apropiada, en cada caso. Es más, si se confía en el mercado, es probable que en varios casos, y por mucho tiempo, la tecnología 4G pueda resultar más eficiente (y de menor costo) que la 5G.
Como consecuencia de lo ya señalado, no nos parece recomendable apurar o forzar la implementación la tecnología 5G móvil en Chile.
Sin embargo, sí es urgente dar soluciones a los operadores que hoy carecen de espectro suficiente, de modo que puedan enfrentar el crecimiento del tráfico causado por la cuarentena y, dado que las observaciones que han formulado Conadecus y otros actores pueden provocar demoras, Subtel debería disponer desde ya la asignación de espectro experimental –con la tecnología que esos operadores estimen más adecuada–, en las bandas de 700 MHz, AWS y 3,5 GHz.
Antes de terminar, quisiera señalar que en las discusiones de estos días, algunas personas han afirmado que en Chile se les estaría regalando el espectro a los operadores, por no subastarse este recurso al mejor postor. Sin embargo, ello no necesariamente es así; el espectro en Chile no se regala, sino que, de acuerdo a la LGT, el Estado lo aporta al operador que presente el mejor proyecto técnico en un concurso público (solo en caso de empate se realiza una subasta), lo que a su vez se traduce en menores precios para los usuarios, si hay suficiente competencia en el mercado. Las subastas, en cambio, pueden encarecer el espectro, encarecimiento que, de un modo u otro, terminarán pagando no los operadores sino los consumidores.
Finalmente, y en medio de las discusiones y declaraciones surgidas en estos días, la ministra del ramo, Sra. Gloria Hutt, ha señalado que su cartera no ha recibido sugerencias formales para mejorar las bases de estos concursos públicos, y que solo cuentan con opiniones emitidas por la prensa, que corresponderían más bien a juicios de valor o a sugerencias infundadas.
En lo que respecta a Conadecus, lo afirmado por la ministra Hutt es errado, ya que nuestra organización ha planteado puntos muy similares a los que he señalado más arriba durante la discusión de nuevos límites ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en las consultas ciudadanas sobre 5G realizadas por Subtel y en el propio Consejo de la Sociedad Civil de este organismo, y siempre lo ha hecho de manera formal y fundada.
En cualquier caso, Conadecus continuará trabajando y aportando sus opiniones para mejorar las políticas públicas, en beneficio de los consumidores y, por lo tanto, reiteramos nuestra permanente disposición al diálogo –sin dogmatismos– con el Congreso y con todas las autoridades, para contribuir así al mejoramiento de las telecomunicaciones y del país.
