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Urgencia e importancia de la nueva educación pública

por 12 julio, 2021

Urgencia e importancia de la nueva educación pública
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Chile inició en el año 2018 quizá el proceso más relevante para la educación escolar en cuatro décadas, que consiste en desarrollar un nuevo Sistema de Educación Pública, que garantice calidad y supere las debilidades e inequidades de la anterior administración municipal de los establecimientos. A 3 años de su paulatina implementación, esta obra de alta complejidad y envergadura presenta avances, dificultades e incertidumbres.

Los avances se evidencian, en primer lugar, en el hecho de haber logrado poner en funcionamiento los 11 primeros Servicios Locales de Educación previstos en la ley para el año 2021, lo cual es una gran noticia, toda vez que la ingeniería de detalle que esto supone es relevante; desde obtener la información necesaria para el traspaso, los concursos de cargos, la infraestructura, el traspaso efectivo de bienes, personas, convenios, así como las dotaciones, las nuevas facultades y dominios para el naciente SLEP (Servicios Locales de Educación Pública), entre otras múltiples acciones.

Otro hecho positivo que esto supone es el aprendizaje que la Dirección de Educación Pública ha acumulado en este proceso sobre la forma de realizar el traspaso, instalación y puesta en marcha de los “servicios”, dado que el inicio fue sin “manual” y apelando fundamentalmente a la experiencia de equipos en temas administrativos, educativos y organizacionales de carácter general. La experiencia chilena en este plano -como en tantos otros- es particularmente sui generis, al traspasar funciones y atribuciones que se encontraban en la última frontera del Estado con la ciudadanía, como son las municipalidades, a un ente que no existe en la administración del Estado, de carácter descentralizado y poco coincidente con las divisiones territoriales actuales. Claramente hoy el “manual” ya existe y se alimenta cotidianamente de los aciertos y errores del proceso, facilitando lo que viene.

Las debilidades son múltiples y muchas de ellas producto del frágil diseño de transición que quedó establecido en la ley, entre las cuales una de las principales es el excesivo carácter sectorial de esta reforma, que no logró involucrar al Estado en su conjunto para una transformación de tal relevancia y magnitud, lo que dificulta contar con apoyos concretos de múltiples sectores para poder enfrentar las distintas complejidades más allá de lo educativo, como, por ejemplo, el desempleo que produce el traspaso, la difícil coordinación territorial, particularmente con los municipios que se articulan en sus propios referentes y con el Estado a través de la Subdere, que está fuera de este proceso.

En síntesis, la Ley 21.040 no contempla, ni tampoco se ha logrado gestionar, un comité multisectorial de alto rango para asumir este enorme desafío, lo cual puede ser la clave para destrabar nudos que ponen en peligro la continuidad del proceso. Contar con una educación pública de calidad para cualquier nación, y en particular para la ineficiente educación chilena, no es agregar otro tipo de “sostenedor” distinto a los que ya existen. Es comenzar a solucionar el problema de la calidad y equidad que por décadas arrastramos, a través de un Estado que se hace cargo directamente de alcanzar los estándares que diseña, en sus propias escuelas y liceos, por tanto, esta tarea no es solo del Ministerio de Educación, es del Estado completo.

Otras dificultades, no menos desafiantes, se desprenden de la lógica vertical con la que ha operado por décadas el sistema escolar chileno y que solo será posible modificar a través de un intensivo esfuerzo de desarrollo profesional y organizativo, que genere las competencias individuales y colectivas para diseñar, impulsar y sostener procesos de mejora a gran escala en todo el sistema. En simple, esto implica comprender que la mejora no está en la transmisión y supervisión de las políticas desde los niveles superiores hacia los establecimientos, sino más bien en el fortalecimiento de las capacidades de gestión cotidiana de los jardines, escuelas y liceos, orientados al mejoramiento de los aprendizajes y, por tanto, focalizados en el desarrollo profesional del equipo de aula.

No obstante, la naciente educación pública no ha configurado una teoría de acción plausible para este desafío y se ha volcado a establecer un vínculo técnico con los establecimientos similar a la supervisión educativa ministerial, que tuvo otros objetivos y los desarrolló a cabalidad cuando el modelo de reforma necesitó transferir conceptos curriculares y modelos de gestión a los establecimientos, pero que hoy no se requieren.

Hoy se necesitan equipos escolares fuertes, que sean capaces de responder en forma oportuna y con calidad a los requerimientos formativos y socioculturales de sus comunidades educativas, los cuales, por cierto, no abundan y ello eleva la urgencia de contar con alternativas pertinentes para desarrollarlos y no continuar con modelos basados en la capacitación ni en la transferencia de “expertos”, sino más bien fomentar proyectos de desarrollo educativo en red, financiados y acompañados para su plena ejecución.

Por último, la incertidumbre de su continuidad se ha evidenciado en mociones parlamentarias que aspiran a retrasar el proceso, debido a dificultades como las planteadas y otras más, agudizadas por el escenario de emergencia sanitaria y económica, lo cual dificulta la posibilidad de cumplir rápidamente como país con más de 1.300.000 niños, niñas, jóvenes y adultos que requieren una educación de calidad para el desarrollo de sus proyectos de vida.

En este sentido, más que aplicar la consabida demora y desplazamiento de reformas ya aprobadas, ¿por qué no pensar en su fortalecimiento? Es decir, superar a través de una acción decidida del Estado, todas o al menos las principales trabas que han dejado de manifiesto los diversos informes sobre este proceso y continuar en una segunda fase de instalación, pertinente para el momento que atravesamos, pero sin perder su dinámica, para que de aquí en adelante cada año más comunidades dejen de depender de la débil institucionalidad educativa municipal y se integren a la red de educación pública nacional, mejorada y robustecida.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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