Cuesta pensar que Chile sea un país exportador de agua, ya que nuestra asociación nos lleva sólo a pensar que ello podría ocurrir, envasando a gran escala el vital elemento, lo que sería un acto difícil de imaginar o más bien absurdo. Cuando hablo de su exportación, me refiero a que todos los productos que se venden desde nuestro país al extranjero, tienen incorporada una gran cantidad de agua, que los empresarios y agricultores disponen de manera ilimitada para este fin comercial, posibilitando en la misma cantidad, el ahorro de de agua en el país importador. De esta forma, con el tiempo hemos entendido que la exportación de madera, frutas, paltas, cobre, telas, carne y todos los que podamos conocer, tienen incorporados en su proceso productivo importante cantidades de agua, Arboles como el Pino y el Eucaliptus, que son trozados y que regresan como madera aglomerada y muebles por armar, tienen un alto consumo de agua. El último de estos árboles, con 3 años de vida, consume 20 litros de agua al día y uno con 20 años, consume 200 litros de agua cada día. Actividad empresarial que entra en directa competencia, en muchas oportunidades, con el agua requerida para el consumo humano, como es de amplio conocimiento.
En el Sur, encontramos millones de ejemplares, plantados luego de eliminar el bosque nativo, que traen acidificación de la tierra, incluso la que les rodea, impiden la agricultura, ganadería y recolección de subsistencia en varios kilómetros a la redonda, encareciendo los alimentos. El agua que utilizan las forestales, corre por ríos enrejados, a los cuales no tienen acceso las comunidades aledañas, que reciben pequeñas cantidades a través de camiones municipales. Aún más dramático, es el efecto de la producción agrícola en comunas o localidades en que no existe agua para sus pobladores.
Este negocio forestal, contó con el gentil patrocinio del Estado, que a través del Decreto Ley Nº 701, dictado el año 1974 y modificado por los gobiernos posteriores, subsidió a empresas que no lo necesitan, como las forestales, con el 75% del costo de cada hectárea plantada, habiendo otorgado o regalado durante su vigencia: 498 millones de dólares. En término simples, las personas con sus impuestos, bonificamos a las grandes empresas, a partir del discurso, que se trataba de evitar la desertificación del país, sabiendo que esta madera, siempre queda en manos de grupos que conforman un limitado poder comprador.
El agua en Chile, es un bien transable en el mercado, que por cierto fue entregado en forma gratuita por el Estado a personas que se enriquecieron vendiendo estos derechos, para ser usados de manera indiscriminada, amparados por el derecho de propiedad, que claramente en este caso, no tiene función social. Lo cierto es, que estos privilegiados, independientes que sus compatriotas tengan o no acceso al agua, no quieren que nada cambie, que se mantenga el sistema establecido y que su derecho de propiedad sobre el agua no sea amenazado con la posibilidad de ser un bien regulado en una dimensión diversa.
Y si de agua se trata, recordemos nuestro mar, patrimonio concesionado de manera gratuita a grupos económicos, quienes instrumentalizaron un proyecto de ley adecuado a sus requerimientos, desde el Ministro de Economía y con la posibilidad de efectuar sus propias indicaciones a través de parlamentarios que actuaban por las empresas. Se trata de un fraude legislativo, que debiera modificarse en lo pertinente o bien proceder a su derogación, para dictar una norma que contemple los intereses nacionales, en el sentido de responder en primer término a un acto esencial, entender que la extracción de productos del mar patrimonial, no puede ser gratis para las empresas pesqueras.
Por racionalidad y dignidad según hemos visto, es impresentable la situación actual y futura del agua en relación a las personas en Chile, necesariamente debería dejar de ser un bien simplemente al servicio de una actividad comercial exportadora, si no que debe atender en primer término a las necesidades humanas y luego a este comercio, sobre lo cual, existiría amplio consenso. Lo expresado, independiente de la defensa de privilegios, es una gran oportunidad para Chile y su Constitución.
El problema jurídico que nos presenta una eventual modificación constitucional en relación al agua destinada al consumo humano, es determinar si una norma de rango superior, pero posterior, puede afectar los derechos adquiridos bajo el imperio de una ley anterior, Sobre el particular, puedo comentar para su análisis:
Sólo con justicia, se garantiza el orden social.