Opinión
En Chile, desde hace 210 años el Poder Legislativo se organiza a través del Congreso Nacional, un órgano que es responsable de ejercer la representación de la ciudadanía, participar en la creación de las leyes junto a la Presidencia y fiscalizar los actos del Gobierno. Este se rige por el capítulo V de la Constitución de la República que impuso a sangre y fuego la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet en 1980 y por la Ley Orgánica Constitucional N° 18.918, aprobada por la Junta Militar y publicada el 5 de febrero de 1990. El Congreso está determinado por una estructura bicameral compuesta por la Cámara de Diputadas y Diputados (Cámara Baja) y por el Senado (Cámara Alta), conformadas hoy por 155 y 47 personas, respectivamente. Estos dos órganos del Congreso se configuran de manera diferente, tienen roles y atribuciones desiguales.
El Senado se determina a partir de una representación regional o nacional, en una escala de representación mucho más amplia que la Cámara Baja y posee menos de un tercio del total de las personas que integran a este última. Este órgano significativamente pequeño concentra importantísimas cuotas de poder. Tiene la exclusividad de nombrar autoridades, de actuar como jurado en las acusaciones en contra de las autoridades y de aprobar o rechazar las propuestas. Ambas pueden sesionar y adoptar acuerdos con la concurrencia mínima de la tercera parte de su quórum[2], esto quiere decir, que, catorce senadores pueden tomar decisiones relevantes para los pueblos que habitan este país, es decir, para una población cercana a los veinte millones de habitantes.
Esta reducida representación y su composición, históricamente excluyente, además de expresarse como un problema cuantitativo y técnico, deben comprenderse como el centro de una estructura de poder que ha negado la participación de las mayorías y reservado este derecho a un grupo muy limitado y privilegiado de personas. Uno de los argumentos más comunes para defender la bicameralidad es la existencia de un órgano revisor que vuelve a analizar las decisiones tomadas en una primera instancia, suponiendo que esto produce controles cruzados, capaces de “enfriar” las disputas que puedan existir y “equilibrar” el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, este supuesto lo que ha viabilizado en su genealogía es el establecimiento de una estructura que emana a partir de un pacto oligárquico que limita la voluntad popular y que ha permitido la imposición de una cámara revisora muy conservadora y contraria a los cambios democráticos que exigen los pueblos. El mismo acuerdo que en Chile impuso la figura de senador vitalicio y senador designado.
El Senado ha significado un obstáculo al avance de proyectos de ley exigidos e impulsados por diversos sectores de la ciudadanía; por nombrar solo algunos ejemplos: la primera propuesta de aborto en tres causales en 2012, la rebaja de edad para sufragar, el cuarto retiro de los fondos de capitalización individual, el bloqueo de múltiples acusaciones constitucionales, tales como la acusación contra Sebastián Piñera este mismo año, todas cuestiones que evidencian que es un ente que protege los intereses de las élites nacionales.
¿Cuánto ha sido modificado el Congreso a lo largo de estos 210 años? ¿Qué tipo de órgano demanda la sociedad en la actualidad? La experiencia de democratización que estamos levantando desde cada uno de nuestros territorios, y a partir de la Convención Constitucional que hemos abierto desde las calles, debe expresarse en el fortalecimiento de la potencia destituyente que se ha manifestado en la Revuelta de Octubre. El deseo de las grandes mayorías por vivir una vida digna ha convertido en un imperativo la necesidad de terminar con las formas oligárquicas y patriarcales que prevalecen en el sistema de representación política que es dominante y que se expresa con fuerza en el Senado. Queremos un modelo democrático que supere la delegación y construya mecanismos de participación y deliberación efectivos.
Un modelo unicameral como el que hoy proponemos, con la perspectiva de un órgano horizontal, paritario, plurinacional y con representación territorial, permitiría expresar con mayor facilidad la voluntad popular. Se trata de la superación de la institucionalidad burocrática y autoritaria que ha obstaculizado los procesos de deliberación mediante estructuras revisoras de la democracia.
La crisis de legitimidad de la gobernabilidad, hoy generalizada, ha transformado paulatinamente los modelos de democracia, lo que se ha traducido en que, en la actualidad, el 58,3% de las democracias del mundo tenga sistemas unicamerales. Esto contribuye en el avance hacia una estructura que garantice una representación efectiva en toda su diversidad. Necesitamos avanzar en la misma dirección, hacia una nueva institucionalidad, ajena de la ética y de la dudosa honorabilidad de un Senado que exige sigilo y sesiones secretas con el fin de resguardarse a sí mismo.
Hay quienes hoy defienden una versión remozada del Senado, ya no como una cámara espejo de la de Diputados sino como una propuesta de “bicameralismo asimétrico”, y que pretenden ofrecer con eso más “vías de acceso” al poder para los territorios. Pero ni los territorios que nos hemos levantado para poner la vida en el centro, ni quienes hoy nos organizamos de diversas maneras para participar de la actividad democrática, nos seducimos con una promesa de esas características. No queremos muchos callejones oscuros que nos lleven hacia un poder tan encerrado y acuartelado. Queremos abrir una ancha alameda por la que transite la fuerza democrática y democratizadora de nuestros pueblos.
[2] Artículo 54 del Reglamento del Senado. https://www.senado.cl/reglamento-del-senado-actualizado-marzo-2020
[3] Para profundizar en esta materia se sugiere revisar el Informe “Diez años de auditoría a la democracia: Antes del estallido” (PNUD 2019).
[4] Encuesta CEP, agosto 2021.
