Opinión
De acuerdo con el Catastro de Campamentos dado a conocer el 25 de octubre de 2022 por el MINVU, Chile tiene 1091 campamentos, 355 más que en 2019. En estos territorios habitan 71.961 hogares, con un promedio de 2,7 personas por hogar, aumento que se puede explicar en los siguientes párrafos:
El 50% de los campamentos a nivel nacional se encuentra en las regiones de Valparaíso (255), Metropolitana (142) y Biobío (156), ya que concentran los medios productivos y los espacios laborales. Reconocemos que son las regiones que cuentan con mayor cantidad de servicios, pero también son las más desiguales: los ingresos del 20% de la población más rica son 10 veces mayores a los del quintil más pobre.
La Región de Valparaíso es la que ha tenido el mayor aumento en el número de nuevos campamentos (71) y concentra la mayoría de los hogares habitándolos (18.405). Su expresión de grandes tomas de terreno no es nueva, viene de la incapacidad del Estado de hacerse cargo de grandes paños de suelo donde se podrían desarrollar proyectos urbanos y habitacionales, pero gobierno tras gobierno, desde 1990, no han sido capaces de generar una política que responda cuantitativa y cualitativamente al problema de vivienda como manifestación de lo que se ha denominado “cuestión social”.
Las otras regiones que concentran más hogares en campamentos son la Metropolitana (13.392) y Tarapacá (9.300). El aumento de hogares en estas regiones tendría su base en las características y aumento sostenido de familias migrantes. Obviamente la localización de las familias que llegaron a Chile ante la ilusión construida de un país “en vías de desarrollo” y con menos conflictos sociopolíticos, les ha llevado a vivir en campamentos; a esas personas se les ha transformado en mano de obra con salarios que no logran responder a un arriendo en espacios regulares, por lo que sus alternativas serían el arriendo en un campamento (pieza o vivienda) o la construcción de su propio espacio.
Las cifras impactan, pero también son parte de una serie de acontecimientos que generan este otro uso de suelo. Son treinta años de malas políticas de vivienda, una insuficiente respuesta del Estado a catástrofes (terremoto 2010, incendios, aluviones, deterioro de espacios públicos), la crisis económica develada por el COVID-19, la crisis migratoria. Pero también la crisis generada por los privados generadores de burbujas inmobiliarias, aumento de costo de suelo urbano, aumento del costo de arriendos.
De acuerdo con la cuenta pública, y en referencia al déficit habitacional, se anunció el inicio de la construcción de 65 mil viviendas dignas y la ambiciosa meta de 260 mil viviendas durante el periodo presidencial, de modo de enfrentar el déficit que hoy llega a por lo menos 650 mil viviendas en todo el país.
Esta respuesta estatal hoy tiene dos grandes líneas: Construyendo Barrios y Gestión Habitacional. La primera es un plan de aceleración urbana integral para campamentos que fortalece la estrategia de radicación, sea vía urbanización o vía proyecto habitacional, teniendo como fin avanzar en una estrategia de urbanización integral de campamentos, amparado en la ley Nº 21.450 sobre Integración Social en la planificación urbana, gestión de suelo y plan de emergencia habitacional, promulgada y publicada en mayo de este año, y que entrega atribuciones para la integración e inclusión social y urbana, promoviendo un acceso equitativo a bienes públicos urbanos relevantes. Importante, porque el Estado se abre a la radicación, piensa en las condiciones de vida, pero nuevamente no articula con la ciudad, con el riesgo de crear guetos: esas otras ciudades que una parte de la población teme. El campamento tiene que ser parte de la ciudad, sus habitantes deben gozar la ciudad, implica urbanismo, implica paisaje, conectividad, seguridades.
La segunda línea es el plan de Gestión Habitacional, que contradice en parte al anterior, porque habla de relocalización, si la prioridad son los campamentos más antiguos. Ahí está la radicación, la creación de proyectos habitacionales deberían responder a otro perfil, a los hogares o campamentos de mayor precariedad y a los que están en espacios de riesgo.
Fresia Fuenzalida, dirigenta histórica del campamento Felipe Camiroaga de Viña del Mar, una vez me comentó que su lucha no era tan solo por la vivienda, sino por pertenecer a un territorio, a una ciudad, a una comunidad: “Es una lucha cotidiana, porque no lo queremos gratis como dicen algunos. Queremos la radicación trabajada con todos: el gobierno local, el central, la sociedad civil, con todos”.
Aun con esto surge una serie de preguntas respecto a cómo queremos que sean nuestras ciudades. ¿Será la ampliación del Banco de Suelos y la aplicación de la Ley Nº 21.450 una herramienta de planificación para el crecimiento de nuestras ciudades? ¿O solo nos quedaremos con un enfoque reactivo del crecimiento espontáneo y autogestionado de miles de familias a través de la urbanización integral de campamentos?
