Opinión
Recurriendo a la jerga con el adorno de rigor, varios académicos han tratado de desplazar la discusión de las tesis sobre pedofilia de la Universidad de Chile hacia un lugar bastante más fácil de abordar: el asedio a la universidad pública para verla desaparecer. Mal que mal, esta clave de lectura, más que conocida por el mundo académico progresista, no es más que una repetida constatación de circunstancias que se vienen dando desde la instalación del régimen neoliberal a punta de fusil. Es decir, es bastante improbable que exista algún académico “de izquierdas” que no sepa que tal amenaza es real. Y sí, claro está que, ante su existencia, debemos permanecer atentos, pues la universidad pública es y debe permanecer como uno de los lugares en los que podamos pensar.
Sin embargo, tratar de explicar lo suscitado con las tesis sobre pedofilia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile sobre la base de la amenaza permanente a la universidad pública—y la supuesta complicidad de quienes manifestamos público rechazo con tal amenaza—no es más que una forma de hacer vista gorda a un problema ético, y representa la adopción de una postura que carece de autocrítica, pues se niega a ver la responsabilidad que le cabe a una unidad académica—y a quienes somos parte de ella—en la producción de dos tesis del talante que todos conocemos. Y no solo esa responsabilidad, sino aquella en la base de los procesos que determinaron que ambos trabajos cumplían “con los requerimientos del proceso de evaluación académica”, uno de los cuales termina con una habilitación profesional a un nuevo profesor de filosofía.
Desde el privilegio y la soberbia epistémica, es ciertamente una operación bastante más sencilla calificar a quienes tienen reparos con la producción de estos documentos como enemigos de la universidad pública o como miembros de la “galería que consume clichés”. Así, no es necesario, primero, someter a análisis las tesis (que, en tanto tales, carecen de sustento serio y ético), ni, segundo, ponerse en el lugar incómodo y tensionante que implica el ejercicio de la autocrítica y el cuestionamiento de prácticas históricas.
Tal ejercicio necesariamente trae consigo preguntas tremendamente difíciles de responder en este caso particular: aquellas que decantan en el reconocimiento, y el consiguiente perdón y reparación. No reconocer los errores y los daños causados, no pedir perdón por ellos y negarse a ofrecer la reparación que corresponde, nos pone en el mismo lugar que aquellos que quieren —y siempre han querido— ver la universidad pública desaparecer.
