Opinión
La discusión sobre la explotación del litio y la idea de crear una nueva empresa estatal ha estado bajo el manto de ciertos prejuicios y falta de pragmatismo, por lado y lado. Presumo que lo probable sea que hay falta de información. Porque los datos duros parecen ser concluyentes. Lo importante es cómo sacamos el mejor provecho de esto para el país y los chilenos. ¿Cómo?
El primer dato de realidad es que jurídicamente, según el DL 2886 de 1979 y el Código de Minería de 1983 (ambos dictados durante la dictadura), el litio quedó reservado al Estado y es un mineral no concesible. Solo puede explorarlo y explotarlo el Estado o sus empresas, o concesiones administrativas o Contratos de Explotación CEOL. Es un dato. Y si el litio es hoy del Estado, este debe administrar ese activo lo mejor posible, para maximizar sus ingresos, en beneficio de todos los chilenos.
El segundo dato es que, para maximizar sus ganancias con este activo, el país y el Estado tienen ciertas condicionantes y obligaciones objetivas.
La primera condicionante es que el litio debe explotarse con sostenibilidad ambiental y respetando a las comunidades de los salares. Y no solo porque esos son derechos y obligaciones valiosos por sí mismos, sino también porque en la actualidad en el comercio internacional hay una trazabilidad de la productos. Si no se cumplen ciertas normas y estándares, simplemente no te compran, sino a otros países que cumplan.
La segunda condicionante es que el litio debemos explotarlo y comercializarlo en un ciclo de años muy corto. Como sabemos, hay un boom de la demanda y altos precios del litio que serán transitorios, por la acelerada conversión a electromovilidad automotriz que se está produciendo obligatoriamente en todo el mundo para bajar las emisiones de CO2 y detener el calentamiento global. Ello está en acuerdos internacionales y leyes internas. Es una transición de cambio tecnológico obligatorio y rápido que empezó hace pocos años y durará aproximadamente hasta el año 2040 o algo más. Después lo previsto es la demanda y los precios bajarán, porque la conversión habrá terminado y comenzará el reciclaje de baterías por economía circular y probablemente hayan podido penetrar sustitutos del litio mejores o más baratos para acumular la energía. Nadie tiene la bola de cristal, pero los datos disponibles apuntan hacia allá.
O sea, nos quedan apenas 15 años de este boom de demanda y altos precios. Esta condicionante del tiempo es crítica para Chile. Es un costo de oportunidad si no lo hacemos rápido y bien. Por eso países como Australia, Argentina, China y otros van muy rápido en las inversiones, exploraciones y producción de litio. En Chile vamos atrasados respecto de dónde deberíamos estar. Si no lo hacemos en ese período, perderemos la oportunidad. Y ese pedazo de torta no va a quedarse encima de la mesa. Se lo comerán los otros países con reservas de litio, en perjuicio nuestro, porque las baterías de litio se tienen que fabricar igual ahora. Si nosotros no nos comemos ese pedazo de torta, es porque somos muy pavos, indecisos o muy lentos.
Otras metas para Chile son que se nos transfiera la mayor cantidad de conocimientos y tecnologías asociadas a la industria del litio; que se haga investigación para mejorar su industria y aprovechamiento; y que se incorpore mayor valor agregado al litio en el país. Algunas no son tan fáciles como se cree. Solo un ejemplo, para fabricar una batería de litio el componente litio es clave, pero bastante menor en volumen o cantidades en el conjunto de los componentes para fabricar la batería. Entonces, es más barato fabricar la batería de litio donde esos otros componentes mayores están disponibles o donde pueden reunirse fácilmente, o cerca de las fábricas automotrices. Eso no quita que hay que ocupar todo el ingenio, el esfuerzo y los incentivos apropiados para que se haga la mayor agregación de valor en Chile.
¿Y cómo debería ser la entidad del Estado que administre el litio? Para hacer bien la pega debe tener una organización focalizada en ello, con visión de negocios, conocimientos especializados, alta transparencia y gobierno corporativo de excelencia. Creo aconsejable tratar de concentrar el máximo de las competencias, roles y capacidades técnicas relacionadas con el litio que el Estado tiene hoy dispersas en múltiples entidades en esa empresa. Obviamente todas las entidades que desempeñan roles respecto del litio de política pública, mediombiente, aguas, libre competencia, tienen que seguir haciéndolo de manera independiente.
¿Qué tipo de entidad del Estado debiera administrar el litio? Las entidades de Administración Pública no fueron pensadas para hacer negocios, sino para ejecutar políticas públicas, prestar servicios a los ciudadanos, realizar actividades de fomento, etc. Sus procedimientos legales y administrativos, sus objetivos, su cultura interna no son apropiados para hacer negocios. En el litio el objetivo principal del Estado es obtener ganancias, se trata de un negocio. Para eso están empresas del Estado. Permiten mucho mayor agilidad y flexibilidad para adoptar decisiones y ejecutarlas.
En mi opinión, la especialidad de este negocio, el enorme crecimiento y volumen que tendrá, su importancia relativa para Chile, el contexto del mercado y la urgencia de avanzar con rapidez, justifican que lo haga una empresa del Estado nueva o especial para esto. Que separe las cuentas de este negocio, concentre las capacidades y gobernanza estatal, con alto estándar profesional y de gobierno corporativo. Liviana, ágil, flexible, con músculo y transparente. Necesitamos un buen diseño de transición que permita resolver rápido los desafíos urgentes.
¿Y por qué no lo hacen Codelco, Enap, Enami o sus filiales? Puede ser. Son empresas que tienen ingenieros y técnicos en minería de alto nivel, pero su foco, conocimientos y gran experticia es en producción de cobre, combustibles, refinación, fomento y servicios a la pequeña minería. Hoy cada una de ellas tiene sus propios desafíos y urgentes. ¿Convendrá desenfocarlas con otro negocio tan grande y especializado como el litio? ¿Y si el litio lo gestionan esas empresas, deberá competir con sus otros proyectos importantes? ¿Podrán darle al litio la atención y urgencia que requiere? ¿Y si los ingresos del litio se radican en esas empresas, podrán subsidiar con ello sus otros negocios o proyectos menos rentables?
¿Quién debiera producir el litio? Esto se relaciona con la condicionante de que debemos explotarlo y comercializarlo en un período de años muy corto, para aprovechar el boom. La demanda de litio se duplicará en 3 a 4 años, se cuadruplicará en 7 años y podría multiplicarse por 10 o 15 veces al año 2040, ¡un desafío colosal! Chile tiene, por ahora, un 40 % de las reservas mundiales, pero produce solo el 30 % del mercado. En contraste, Australia tiene un 25 % de las reservas pero ya produce el 50 %. Argentina tiene un 10 % de reservas, y con inversiones privadas en curso producirá más que Chile en 5 o 7 años.
Hace 10 años comenzó la carrera e íbamos a ganar por lejos. Llevamos un cuarto de la carrera y ya nos pasaron. Es objetivamente imposible que una empresa estatal pueda producir toda esa tremenda demanda en ese período. Considera que los únicos que producen litio en Chile hasta ahora son empresas mundiales gigantes que llevan muchos años de inversión, experiencia y conocimientos en este negocio. Me refiero a SQM (chino-chilena) y Albemarle, y solo producen una pequeña fracción de los volúmenes que se requerirá producir, y lo hacen con alta tecnología, especialistas, alta inversión. Es imposible que lo haga cualquier empresa estatal, menos si nunca se ha dedicado a esto.
Los proyectos de producción de litio requieren varios años de maduración, alta inversión y tecnología avanzada. La empresa estatal no debiera invertir ni explorar, explotar ni producir litio, sino debiera dedicarse a maximizar sus ganancias de modo sostenible, sin hacer directamente la inversión ni la producción. La inversión y explotación deben hacerla los privados. Si hay recursos estatales para inversión, destinémoslos primero a las graves urgencias sociales. El litio igual seguirá siendo del Estado, este fijará las condiciones, igual ganará mucha plata, pero siempre que se produzca rápido y a grandes volúmenes. La empresa estatal debiera generar todas las condiciones de inversión y producción, con modelos de negocio, licitaciones y contratos transparentes de asociación público-privada, bien diseñados para cada caso, cuidando la sustentabilidad ambiental, las comunidades, y maximizando los beneficios del Estado y Chile.
