Opinión
Para que la academia local encuentre a la política con tal de abordar la crisis de seguridad en particular, y apoyar las políticas públicas en general, la primera debe lograr entender, dominar y emplear fluidamente el lenguaje de la política, sus formas y estrategia. Esto implica necesariamente que los(as) académicos(as) mantengan la disposición para vislumbrar el escenario político en el que se desenvuelven, identifiquen el rol que los distintos actores juegan en el mismo, sus potenciales alianzas públicas y privadas y, más importante aún, que asuman que entran a un juego de negociación en el cual sus propuestas podrían ser consideradas de manera parcial. Junto a lo anterior, es condición sine qua non que los(as) académicos(as) se involucren en la discusión política manteniendo un actualizado conocimiento sobre el funcionamiento del aparato del Estado, sus procesos, problemáticas y protocolos.
En el contexto de la crisis de seguridad que atraviesa el país, la semana pasada las ministras del Interior y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación anunciaron de manera conjunta que la convocatoria 2023 de Becas Chile establecería como áreas prioritarias estudios en Seguridad e Inteligencia Artificial (IA). Más allá de las necesarias reformas pendientes al programa de becas antes mencionado y que los resultados de estos anuncios se reflejarán en el mediano plazo, esta medida debiese ser considerada como un paso inicial positivo, en el cual la política (representada en el Gobierno) establece un puente para encontrar un aliado en la academia, para abordar la crisis de seguridad que afecta al país.
Lamentablemente, el camino opuesto (desde la academia a la política) no ha sido del todo fructífero. A pesar de la existencia de vasta evidencia empírica disponible, la presencia de investigadores(as) especialistas graduados(as) de universidades de alto prestigio, y un creciente interés por los temas asociados tanto a la criminología en general como al orden público en particular, en este ámbito los aportes desde la academia hacia la política generalmente han quedado limitados a documentos plagados de buenas intenciones, invitaciones a comisiones de resultados nebulosos, y a cartas de protesta denunciando que la toma de decisiones a nivel político no considera la evidencia científica acumulada sobre un tema en particular.
Aun cuando no deja de ser verdad que muchas veces los actores políticos desoyen directamente a la experticia académica, no es menos cierto que el mundo académico tiene una alta responsabilidad en ello. Lo anterior se encuentra particularmente dado por el hecho de que, en general, los(as) académicos(as) carecen de (y/o se resisten a desarrollar) las habilidades estratégicas, políticas y directivas necesarias para entrar en la discusión y negociación de aspectos políticos intrínsecamente enlazados con su área de estudio/experticia. Como consecuencia, la academia local tiende a escandalizarse cuando otros actores “ofrecen un baño de realidad” al dar a entender que lo planteado “desde la evidencia” es un input más a considerar en los procesos de evaluación, planificación y toma de decisiones políticas, y que, por consiguiente, la técnica por sí sola no es suficiente para guiar la política pública.
En línea con lo anterior, el mundo académico/científico local se ha acostumbrado a mantener y diseminar un discurso autocomplaciente sobre su rol en la toma de decisiones. Esto último se traduce en quejas interminables en torno al “no ser escuchados(as)” o “ser incomprendidos(as)”, traspasando a su vez la responsabilidad de esta situación a “otros” (autoridades, políticos, público general) que, por alguna clase de falla o desperfecto de razonamiento, no logran entender las complejidades y bondades que la ciencia nos ofrece. Así, se establece muchas veces un límite artificial entre los “iluminados(as)” por el saber científico y aquellos que no han tenido tal suerte, una lógica no muy distante de aquellas superioridades morales y espirituales que han promovido determinados sectores políticos en el último año.
Para que la academia local encuentre a la política con tal de abordar la crisis de seguridad en particular, y apoyar las políticas públicas en general, la primera debe lograr entender, dominar y emplear fluidamente el lenguaje de la política, sus formas y estrategia. Esto implica necesariamente que los(as) académicos(as) mantengan la disposición para vislumbrar el escenario político en el que se desenvuelven, identifiquen el rol que los distintos actores juegan en el mismo, sus potenciales alianzas públicas y privadas y, más importante aún, que asuman que entran a un juego de negociación en el cual sus propuestas podrían ser consideradas de manera parcial. Junto a lo anterior, es condición sine qua non que los(as) académicos(as) se involucren en la discusión política manteniendo un actualizado conocimiento sobre el funcionamiento del aparato del Estado, sus procesos, problemáticas y protocolos.
Indudablemente, el que la academia local se acerque a la política de la forma antes señalada podría ser considerado un indicador de madurez. Esto en tanto podríamos estar frente a académicos(as) e instituciones dedicadas a la investigación capaces de entender la estrategia política e impactar efectivamente en la política pública priorizando una visión pragmática por sobre confrontaciones contra “enemigos” vagamente identificables (ej., el neoliberalismo); el análisis de antagonismos ficticios entre diversos sectores de la sociedad; y la exteriorización de prejuicios hacia instituciones públicas y privadas.
Al final del día, lo que el país requiere de la academia, tanto para enfrentar la crisis de seguridad como para abordar otras políticas sectoriales, no son sacerdotes ni sacerdotisas de mensajes cifrados entendibles solo para unos pocos(as), menos aún mártires dispuestos(as) a inmolarse por la causa de la ciencia. Si bien los(as) pregoneros(as) –divulgadores– del conocimiento científico constituyen una pieza relevante en el engranaje entre la academia, la política y el público general, el factor clave para que “hacer que las cosas pasen” en este engranaje es que los(as) académicos(as)-científicos(as) sean capaces de demostrar habilidades diplomáticas, de gestión, y articulación con la política y sus diversos actores. Esto supone que los(as) académicos(as) se enfoquen en trabajar y articular con la realidad que ya es (y los actores que la construyen), en lugar de seguir entrampados pensando únicamente en cómo esta debería ser.
