Opinión
Son variados los desafíos que tiene el Estado y la administración pública en este nuevo proceso y especialmente, por la posible expansión de derechos sociales junto a una adecuada modernización. Por eso es importante considerar como línea de base las experiencias de instituciones como Contraloría, Banco Central, Servicio Electoral, entre otras, y que pueden, sin dudas, responder a las crecientes demandas ciudadanas por más Estado.
El actual proceso constituyente inevitablemente nos ha llevado a levantar nuevamente temas muy importantes para el destino del país en los próximos años. Hoy con más mesura y entregándole más importancia a lo técnicamente correcto, administrativamente posible y políticamente sostenible, y quizás la última oportunidad para resolver el denominado problema constitucional.
En ese contexto, consideramos que un tema que debería tener un rol central es el de la administración pública. Los desafíos no son menores, principalmente a causa de la crisis de seguridad, migración, descentralización y también la implementación de un potencial Estado Social y Democrático de Derecho.
Dentro de dicho debate, una de las posibilidades es el dejar consagrada en la propuesta de nueva Constitución la denominada “buena administración pública”. El concepto puede considerarse como disputado, sobre todo a la hora de definir qué elementos constituyen una buena administración. No obstante, nos centraremos en: modernización, transparencia y rol de las instituciones.
Nuestro Estado ha perseguido constantemente la modernización para cumplir con dichos fines. Entre los principales casos podemos mencionar la creación del Servicio Civil, el que ha ido acompañado de un robusto sistema de Alta Dirección Pública si lo comparamos con los estándares latinoamericanos. Asimismo, podemos sumar el fácil acceso a los indicadores de cumplimiento de los servicios públicos elaborados por la Dirección de Presupuestos. A nivel gubernamental también se han realizado innovaciones como la decisión de establecer un enfoque presupuestario de base cero, lo que permitió racionalizar recursos para combatir la pandemia y sus consecuencias inmediatas sobre la economía.
Entre otras experiencias se puede sumar la creación de Chile Atiende, institución que ha permitido agilizar trámites, sumado esto a la incorporación de la Clave Única, abriéndose la posibilidad de realizar múltiples trámites en línea. Pese a esto, el actual proceso constituyente brinda una excelente oportunidad para pensar sobre la relación entre nuevas tecnologías y Estado, como es el caso de la inteligencia artificial para apoyar labores en la administración del Estado, siendo importante su definición en cuanto a límites y fronteras éticas.
Otro de los principales desafíos es el de avanzar hacia mayor transparencia y rol de las instituciones. Si bien la creación del Consejo para la Transparencia y el acceso a la información pública constituyen importantes avances, uno de los problemas evidentes en el sector público es el rango de acción que tienen las instituciones autónomas. Por ejemplo, actualmente Contraloría no puede fiscalizar el uso de los recursos públicos en los poderes Judicial y Legislativo, gozando este último de un bajo nivel de apoyo ciudadano de acuerdo con diversas encuestas de opinión pública.
Del mismo modo, y en un intento por recuperar algo del proceso anterior, es importante pensar en el establecimiento de un ombudsman o defensoría ciudadana como otra institución autónoma. A nivel comparado, entre 1980 y 2020, el porcentaje de constituciones que incorporan este tipo de instancias creció de un 10 a un 37%. Sin duda, el rango de constituciones que incluye a dicha institución es bajo, pero por otro lado sigue siendo creciente, sobre todo para garantizar un correcto trato por parte del sector público hacia sus ciudadanos.
Por último, otro histórico desafío guarda relación con la descentralización financiera. Es fundamental avanzar hacia regiones que tengan mayor autonomía en la ejecución de sus presupuestos, centrado esto en la atracción de capital humano en regiones y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía en lugar del gobierno central, acercando así la labor de los gobiernos regionales hacia las personas, lo que podría repercutir también en un mayor involucramiento ciudadano y una mayor participación en la toma de decisiones.
Son variados los desafíos que tienen el Estado y la administración pública en este nuevo proceso y, especialmente, por la posible expansión de derechos sociales junto a una adecuada modernización. Por eso es importante considerar como línea de base las experiencias de instituciones como Contraloría, Banco Central, Servicio Electoral, entre otras, y que pueden, sin dudas, responder a las crecientes demandas ciudadanas por más Estado.
