Opinión
El Ministerio de Educación presentó en mayo un nuevo proyecto de ley para modificar la Ley 21.040, que busca hacer cambios en torno a tres objetivos principales: el fortalecimiento de la gobernanza del Sistema de Educación Pública, mejorar la gestión financiera de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), y contribuir a una mejor calidad del proceso de traspaso de los establecimientos educativos.
Este año se cumplen 6 años desde la promulgación de la Nueva Educación Pública (NEP) y diversas evaluaciones nos muestran que su implementación ha sido compleja y requiere ajustes que no pueden seguir esperando.
Los informes anuales emitidos por el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, desde 2018 hasta la fecha, dan cuenta de que uno de los principales desafíos ha sido la articulación entre distintos organismos para el traspaso de los establecimientos educativos, y el tipo de interacción que debiera existir entre las instituciones involucradas en el proceso de instalación de los SLEP. Falta de coordinación entre instituciones, la fluidez de la comunicación e información, y la duplicación de funciones, son algunas de las problemáticas que emergen del análisis.
Ante esto, el Ministerio de Educación presentó en mayo un nuevo proyecto de ley para modificar la Ley 21.040, que busca hacer cambios en torno a tres objetivos principales: el fortalecimiento de la gobernanza del Sistema de Educación Pública, mejorar la gestión financiera de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), y contribuir a una mejor calidad del proceso de traspaso de los establecimientos educativos.
Las medidas del proyecto responden a algunas de las problemáticas mencionadas, pero es necesario analizarlo en profundidad, discutir e involucrarse para contribuir hacia su mejora, de modo que podamos tramitar un proyecto de ley robusto. Por ejemplo, se podría evaluar cómo evitar la duplicidad de funciones entre los SLEP y otros organismos del Ministerio de Educación.
Si queremos avanzar hacia la mejora de la calidad de la educación pública de Chile, tenemos el deber de impulsar que este proyecto de ley recién presentado no se duerma en el Congreso. Y no solo eso, sino también el deber de resguardar el espíritu de consenso con el cual se aprobó esta reforma, que sin duda es la más relevante de las últimas décadas en política educativa, en la cual uno de sus principales componentes tiene que ver con el rol de acompañamiento y apoyo técnico pedagógico que brindan los SLEP a los centros educativos, lo que debiera ir en directa relación a la mejora de la experiencia y trayectoria formativa de niños, niñas y jóvenes.
Para que la Nueva Educación Pública siga floreciendo, este urgente llamado debemos atenderlo entre todos y todas.
