Schubert, el gasto público y el estancamiento de la economía chilena

Cuando Schubert compuso su cuarteto para cuerdas La muerte y la doncella, se necesitaron cuatro instrumentistas y 40 minutos para interpretarlo. Dos siglos después, sigue necesitando… cuatro instrumentistas y 40 minutos. ¿Ganancia de productividad durante todo ese tiempo para esta actividad musical? ¡Cero! He aquí un ejemplo de un sector económico “estancado”. Ni siquiera es posible ganar algo de productividad tocando el cuarteto en 10 minutos o con solo tres músicos.

Es muy embarazoso, porque mientras tanto la productividad media de todos los demás bienes ha aumentado inmensamente en Chile en dos siglos y sabemos que la remuneración, incluida la de nuestros cuatro músicos, aumenta en general, en consonancia con la productividad laboral de la economía en su conjunto. En consecuencia, la música de cámara es cada vez más cara, en relación con todos los demás bienes.

Así lo explicó en 1962 el economista William Baumol a la Liga Americana de Orquestas Sinfónicas, que se asombraba de que las salas de conciertos fueran estructuralmente deficitarias. Hay pocas soluciones a esta maldición, respondió. A menos que esté subsidiado, el precio relativo de una entrada a un concierto de música clásica solo puede aumentar. Esto no lo condena necesariamente a su desaparición, porque los aumentos de productividad obtenidos en otros sectores de la economía proporcionan a la población un poder adquisitivo cada vez mayor. Schubert no es Taylor Swift, pero es este efecto de renta el que sigue permitiendo a los aficionados “consumir” música de cámara, e incluso más que antes.

¿Qué conexión tiene esta historia de cuarteto con el gasto público chileno, se preguntará usted, estimado lector? Bueno, un cuarteto para cuerdas es solo un ejemplo de muchos bienes y servicios que experimentan este efecto Baumol de aumento de costos (como se le conoce). Más allá de las actividades culturales, esto afecta a bienes básicos como la educación, la salud, el cuidado personal, la restauración, etc. Esto también se aplica a la seguridad pública: siempre necesitamos el mismo número de carabineros para una población determinada, e incluso más si aumenta la delincuencia. Y las personas que trabajan en estos sectores no necesariamente quieren que se les pague menos que quienes trabajan en empresas con fuertes aumentos de productividad.

A nadie se le escapa que la educación, la justicia, la salud o la seguridad las proporciona el Estado, directa o indirectamente, en parte o en su totalidad. Precisamente, la razón de que estos bienes sean proporcionados o subsidiados por el Estado tiene que ver con sus bajas ganancias de productividad. Un mercado libre se siente menos cómodo distribuyendo estos bienes, porque su principio es distribuir en función de la capacidad de las personas para pagarlos. Iría en contra de nuestros principios democráticos que estos bienes esenciales sean reservados para una élite.

Por supuesto, hay que impulsar al máximo la innovación y la productividad en la prestación de servicios públicos. Las tareas administrativas, por ejemplo, son esencialmente un manejo de información, un sector donde los avances técnicos se han disparado. También en la salud e incluso en la educación, con la introducción de técnicas digitales. La policía podría hacerlo con el archivo y la vigilancia electrónica de los ciudadanos, bajo el respeto a las libertades individuales, pero los límites siguen siendo estrechos.

Esto es lo que explica la inevitable tendencia al alza del gasto público en proporción al PIB que se observa en todos los países del mundo.

En Chile, sin embargo, la situación parece bloqueada. Una parte de la clase política se niega porfiadamente a cualquier reforma fiscal que pudiera aumentar sustancialmente los ingresos del Estado. Estos representarán el 28% del PIB en 2022, en débil aumento desde hace diez años, muy lejos del 45% en promedio en la OCDE, lo que impide un financiamiento sano del gasto público.

Para no estrangular los servicios públicos, los gobiernos (y no solo el actual) recurren al endeudamiento público. Esto explica el fuerte aumento de la deuda en Chile, del 13% del PIB en 2013 hasta el 38% en 2022 (y el 89% para la OCDE). Pero incluso acá se manifiesta voluntad de restricción: hace poco, algunos diputados han llegado a querer impedir un programa de emisiones de bonos públicos, a pesar de que estas eran indispensables para reembolsar bonos vencidos.

No hay milagro. La educación, la seguridad y la salud contribuyen al crecimiento económico. Blandir obsesivamente el argumento de la buena gestión esconde a menudo la intención de asfixiar el gasto público. De ser así, estaría contribuyendo al estancamiento de la economía.