La plantación de árboles de cualquier especie en terrenos forestales que no tienen cobertura boscosa (por ejemplo, cerros deforestados), es un cambio de uso que aporta al desarrollo sostenible, pues eleva el valor socioeconómico asociado a su uso productivo para la industria maderera.
Cuando un grupo de interés asume el control sobre las políticas públicas en su tema, generalmente se siente mandatado a instalar su agenda particular en todo ámbito donde tiene injerencia, sin entender que una agenda acotada no es lo que realmente le sirve al país en su conjunto. Hay ejemplos de esta situación en la política nacional, donde grupos identitarios se han encapsulado en su sesgo ideológico, pretendiendo imponer su visión sin medir las consecuencias negativas de actuar sin comprender la realidad efectiva.
El problema es que tal actitud puede ir en contra del desarrollo sostenible del país, al punto de ser irresponsable con respecto al incumplimiento de las verdaderas demandas sociales, como ocurre con la actual política de fomento forestal.
En 2015, el Consejo de Política Forestal, una instancia de interacción del Ministerio de Agricultura con diversas organizaciones de la sociedad civil, elaboró la “Política Forestal 2015-2035”, donde se acordó que era prioritario establecer 500 mil hectáreas adicionales de bosques plantados al 2035, de propiedad de la pyme forestal, para así elevar el nivel sostenible de materia prima necesaria para satisfacer la demanda creciente por productos forestales.
Por su parte, el proyecto “Opciones de Mitigación para Enfrentar el Cambio Climático” (MAPS Chile, 2014), identificó de manera asertiva planes de acción y escenarios de mitigación del cambio climático en Chile. Los resultados de este proyecto han dado el soporte técnico a los compromisos de mitigación de las emisiones de GEI que Chile ha presentado ante las Naciones Unidas. En particular, se determinó que la forestación tiene un alto impacto potencial con la gran ventaja ser de bajo costo fiscal por tonelada de CO2 capturada; por ello, Chile se comprometió a forestar 100.000 hectáreas al 2030, en el contexto del Acuerdo de Paris de 2015.
La plantación de árboles de cualquier especie en terrenos forestales que no tienen cobertura boscosa (por ejemplo, cerros deforestados), es un cambio de uso que aporta al desarrollo sostenible, pues eleva el valor socioeconómico asociado a su uso productivo para la industria maderera, junto con proteger el suelo contra la erosión, disminuir la presión de cosecha sobre el bosque nativo y extraer CO2 de la atmósfera.
Cada propietario elige la especie a plantar pensando en maximizar su renta al integrarse a las cadenas de suministro de los productos forestales que la sociedad requiere para su vida cotidiana. Así, las 2,3 millones de hectáreas de bosques plantados de pino y eucaliptos son la consecuencia lógica de una oportunidad que los propietarios aprovecharon para sus suelos no-agrícolas, creando colectivamente un recurso cuyo uso sostenible está empíricamente comprobado: ha tenido continuidad en el tiempo por varias rotaciones.
Por contraste, la actual agenda de fomento forestal de CONAF excluye la bonificación de plantaciones con fines productivos; una medida arbitraria contraria al principio de inclusión en las políticas públicas. Esta exclusión permite, por contrapartida, focalizar el gasto de los recursos disponibles en una agenda limitada, propia de un grupo de interés, como es la restauración de bosques nativos degradados de pequeños propietarios forestales, preferentemente de mujeres.
Los resultados de este uso discrecional de recursos fiscales son los del Sistema de Distribución de Beneficios, el programa insigne de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales: 850 hectáreas de forestación y 1.591 hectáreas de restauración adjudicadas en 2022; es decir, un nivel muy inferior al mínimo para hablar del cumplimiento responsable de los compromisos internacionales e intergeneracionales de mitigación del cambio climático.
En relación con el aporte de una iniciativa de fomento forestal al desarrollo socioeconómico, si resulta que un determinado manejo forestal no se aplica porque no es atractivo para los propietarios, por muy positivo que este manejo pudiese parecer, tal iniciativa tiene efectividad negativa, ya que conlleva costos administrativos que generan beneficios mínimos para la sociedad en su conjunto.
Considerando que estamos en una situación en que decisiones tomadas con sesgo ideológico son contrarias al interés de la sociedad, correspondería que los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente reorienten su agenda a las necesidades y compromisos del país.
