Opinión
AgenciaUno
Se traza un camino viable y sustentable económica, humana y ambientalmente, para el cual contamos todos los días con la materia prima necesaria: las aguas residuales tratadas en la mayoría de las ciudades, villorrios, pueblos y aldeas de Chile.
El tratamiento de las aguas residuales se implementó con un gran empuje por parte del Estado y el sector privado a principios del 2000 en nuestro país, como una respuesta a la contaminación de aguas en los cursos receptores: ríos, lagos y el mar, reforzada con una normativa ambiental plenamente justificada y necesaria. Es una normativa que se sustenta en el Decreto Supremo 90, “que regula la descarga de contaminantes hacia cursos de aguas marinas y continentales superficiales” y en el Decreto Supremo 609, “que regula las descargas de riles/aguas residuales a servicios públicos de recolección de aguas servidas”.
Nuestro país posee una tasa de generación de 2.700.000 metros cúbicos por día de aguas residuales aproximadamente y sobre el 70% de estas son sometidas a tratamientos secundarios (aproximadamente 26.000 Supertanker por día), las que no son usadas con fines benéficos. En la actualidad son descargadas a ríos y cuerpos lacustres, dando cumplimiento a la normativa vigente.
Han pasado 25 años y enfrentamos desafíos ambientales distintos: un cambio climático galopante que se va intensificando con el paso del tiempo y con derivadas complejas, como la crisis hídrica y un aumento de la temperatura del planeta de manera progresiva. De hecho, en julio del 2023 la Tierra alcanzó la temperatura promedio más alta que se tiene registrada (17,18 °C), lo que tiene como consecuencia que se produzcan macroincendios forestales en los veranos, que derivan en incendios de viviendas, los que son de gran alcance y su combate es cada vez más complejo y dificultoso.
En este escenario pesimista y a la vez realista, una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición es el uso de las aguas residuales tratadas. En Chile, un porcentaje importante de las aguas residuales generadas por la población y las industrias que descargan a los sistemas de alcantarillado público son tratadas en las plantas depuradoras de las empresas sanitarias de este país, y alcanzan una calidad tal que permite su reúso.
Dado que las actividades domésticas de las personas son realizadas diariamente y también en el caso mayoritario de las industrias que tributan a los sistemas de alcantarillado, estas son generadas todos los días y de manera continua en el tiempo, por tanto, tenemos certezas de su existencia e, incluso, de la calidad de las mismas. Por ello es crucial dar un salto cualitativo respecto de la definición esencial de estas y pasar a entenderlas como un bien económico y de uso, no como un residuo que debemos disponer en las mejores condiciones, a fin de que se minimice su impacto ambiental y se cumpla con la normativa.
Hoy las aguas residuales tratadas debemos usarlas para el riego, sin duda, y también para enfrentar de manera programada y preventiva los incendios forestales y de viviendas, asumiendo lo ya planteado, en orden a cambiar el concepto de las mismas. Se requiere de una infraestructura de tratamiento que ya está instalada para el caso de las zonas urbanas y cuya su implementación para las zonas rurales viene con la Ley 20.998.
Se debe contar con una infraestructura de acumulación de las aguas residuales tratadas consistente en microembalses, que cuenten con una programación de descargas en el periodo veraniego en zonas vulnerables, de alto riesgo de incendios de viviendas, de tal modo de generar zonas húmedas y a la vez disponer de fuentes de agua cercanas al momento de combatir un incendio. Además, se deben sustentar en tecnologías basadas en la naturaleza, tanto en lo que respecta al tratamiento como a la alimentación energética para su transporte y suministro.
Las partidas ya mencionadas tienen un costo asociado de inversión, operación e incluso de investigación aplicada, lo que se compensa con los potenciales beneficios: se abre la ventana de la reutilización de las aguas residuales tratadas, que constituye una política con mirada de país respecto a la crisis hídrica y, a la vez, se lleva a cabo de manera concreta una medida de adaptación frente al cambio climático y también una medida de mitigación, dado el mayor control sobre los incendios. También nos hacemos cargo de las consecuencias trágicas sobre las familias, ya que con certeza permitirá reducir los costos de vidas humanas que provocan los incendios y también los enormes costos económicos para las personas, así como la reducción de los gastos de emergencia en que debe incurrir el Estado.
Considerando lo ya planteado, se traza un camino viable y sustentable económica, humana y ambientalmente, para el cual contamos todos los días con la materia prima necesaria: las aguas residuales tratadas en la mayoría de las ciudades, villorrios, pueblos y aldeas de Chile. Lo que cabe hoy, como desafío, es desarrollar toda la cadena de procesos que nos permita usar estas aguas residuales tratadas para combatir de manera más eficaz los macroincendios forestales.
