La dictadura triunfó

Desde el retorno a la democracia hemos convivido con una problemática que se ha ido acrecentando, y esta es la despolitización. Aquella entendida como una desafección ciudadana hacia la política, en todas sus expresiones e instancias, y que nos trae como consecuencia una creciente desvalorización de la democracia, así como también la falta de confianza en esta. La baja participación política y afiliación a los partidos son la máxima de este problema, puesto que la sociedad civil, además hacer valer sus derechos, debe cumplir con el deber de ser los primeros vigilantes de sus autoridades. La ausencia de ello cede un vasto espacio de acción para la corrupción y la ilegitimidad institucional.

Esta problemática dice relación respecto a las medidas tomadas durante la dictadura cívico-militar, las cuales fueron orientadas a crear un escenario y discurso de pánico político. Ello con el fin de, por un lado, demonizar toda acción política ya que esta representa un pensar crítico; un razonamiento, y por otro lado distanciar a los ciudadanos de las “plazas políticas”, borrar las instancias de participación e interacción, restringiendo todo juicio nocivo hacia el régimen. Dicha “industriosa labor” debe ser uno de los mayores triunfos de la dictadura: la desarticulación de la comunidad política y su inherente despolitización producto de un Estado desentendido de sus principales responsabilidades sociales, como lo son educación-salud-previsión, eliminando así el vínculo de protección del “Contrato social” que el ciudadano debe concebir para con el Estado como aquel dotador -o asegurador- de sus derechos mínimos.

Jaime Guzmán planteaba que la estabilidad democrática chilena estaba directamente vinculada con la exclusión de las masas, idea que marcó el modus operandi de la dictadura y ha extendido sus consecuencias hasta hoy. La desarticulación de partidos, movimientos, centros de madres y estudiantiles y cooperativas, junto a la implementación de una estructura social, económica y política individualista y competitiva, responden a la separación del individuo del cuerpo social. Nuestra propia Constitución vigente plasma un ideario “apolítico” y somero respecto a la inclusión del civil en el sistema político y en el modelo de desarrollo social y económico que las clases gobernantes dirigen, puesto que la tecnocracia, en su intento de ser estadismo, ha establecido y trazado las líneas que tutelan al país sin participación popular.

La institucionalización de la dictadura no sólo abarcó un sistema político y judicial a su medida, sino que moldeó una sociedad distanciada de la toma de decisiones, desentendida de la acción política y concibiendo a ésta como un ente negativo. Las repercusiones de este marco operativo han generado un país desconfiado de sus instituciones y la democracia, aquella que tanto fue anhelada pero que su valoración ha ido en caída ante la incapacidad estatal (Ejecutivo-Legislativo-Judicial) de abarcar problemas elementales, lo cual tiene directa relación con el modelo socio-económico heredado de la dictadura.

Verbigracia es la última encuesta “Chile Dice 2023” de la UAH, donde un 60% de los encuestados piensa que el autoritarismo se justifica en algunos casos. De ellos, un 39% se identifica con la derecha. Esto puede entenderse desde la falta de compromiso democrático que ha caracterizado a la derecha política, donde los discursos negacionistas han marcado su pauta junto a la exaltación del Gobierno militar. La importancia de ocuparnos y hacernos cargo de la democracia requiere urgencia, una labor individual y comunitaria, puesto que sólo esta nos permite tener un Estado de derecho que, con todas sus falencias, puede garantizar nuestros derechos en libertad.