Opinión
Milei decidió congelar el presupuesto en derechos humanos y retirar todo financiamiento a las políticas de memoria, verdad y justicia, poniendo en peligro la conservación de los sitios de memoria, entrabando el desarrollo de los juicios pendientes por delitos de lesa humanidad.
En su extensa carta abierta a la Junta Militar, el 24 de marzo de 1977, el destacado periodista y escritor argentino Rodolfo Walsh daba cuenta de un balance tristemente célebre: quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados, más de siete mil recursos de habeas corpus rechazados, detenciones que se convirtieron en secuestros, la práctica de la tortura sin límites y el fusilamiento sin juicio.
Su balance fue a un año del golpe en Argentina. Hace algunos días miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires a recordar la fecha en su versión número 48, en medio de un ambiente crispado. Entonaron canciones, tocaron tambores y agitaron pancartas en las que se insistía “Fueron 30.000”, “Fue genocidio” y “Nunca Más”. Los aires del negacionismo soplaban fuerte desde la Casa Rosada: a esa misma hora, el presidente ultraderechista Javier Milei compartía un video inédito en el que equiparaba el terrorismo de Estado con la violencia de grupos guerrilleros antes del golpe, reclamaba “la memoria completa” y cuestionaba el número de víctimas de la dictadura.
En rigor, el show montado sorprendió a pocos, porque tanto el mandatario como su vicepresidenta Villarruel llegaron al poder negando la existencia de un plan sistemático de exterminio durante la dictadura, y solo hablaron de “excesos”, “una guerra”. Un libreto que no solo insulta a las familias de las víctimas de los desaparecidos, sino que también ofende los nombres y las vidas de los caídos. Al profundo dolor de la pérdida irreparable de nuestros seres queridos –repartidos por toda América Latina– debíamos sumar una estrategia siniestra destinada a negar o, con suerte, minimizar la barbarie desatada, intentar hacer trizas el pacto social del Nunca Más, cuestionar la cifra de los desaparecidos, la legitimidad de las ayudas económicas percibidas por las víctimas y sus familiares y descalificar el enorme trabajo desplegado por los organismos de derechos humanos.
Una semana después del último aniversario, el Gobierno dejó en claro que no se trataría de una guerra meramente verbal o de cifras. Milei decidió congelar el presupuesto en derechos humanos y retirar todo financiamiento a las políticas de memoria, verdad y justicia, poniendo en peligro la conservación de los sitios de memoria, entrabando el desarrollo de los juicios pendientes por delitos de lesa humanidad.
Los comentarios de Milei y Villarruel y otros me dolieron. Más bien me indignaron. ¿Quieren la memoria completa? Mi hermana María Cecilia (27, socióloga) y su marido Guillermo Tamburini (32, médico argentino) fueron secuestrados de su departamento en Buenos Aires en la madrugada del 16 de julio de 1976 (cuatro meses después del golpe). Víctimas del Plan Cóndor, habían huido de la dictadura chilena a fines del 73. Sus cuerpos aún no han sido encontrados. Imposible terminar el rompecabezas porque los autores de su muerte nunca hablaron (dos fueron enjuiciados y condenados).
Argentina ha sido pionera en la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Estado. Durante 40 años en democracia, más de mil 200 represores han sido condenados, se han dictado 336 sentencias y 17 juicios orales siguen abiertos, según las últimas estadísticas de la Secretaría de Derechos Humanos del país. Hubo turbulencias, pero se privilegió la cohesión social y el compromiso por la verdad, la memoria y la justicia. Pero las heridas aún no cicatrizan. Una lección que los chilenos –tan temerosos del conflicto– debiéramos recoger. Nuestra búsqueda ha sido más solitaria, menos solidaria, con escaso eco de la sociedad.
Esa es la memoria completa.
Durante casi siete años de la dictadura más sangrienta de la historia argentina, se llevó a cabo un plan sistemático de exterminio. Secuestraron, torturaron, asesinaron, desaparecieron a miles de personas cuyos cuerpos nunca han sido encontrados. Funcionaron más de 700 centros de detención ilegal en todo el país. La Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, fue el centro de detención y tortura más importante. Se calcula que por sus sótanos pasaron cinco mil personas. Unas cuatro mil 500 murieron producto de las torturas o fueron arrojadas vivas al mar. Allí también funcionó una maternidad clandestina donde los bebés eran entregados a sus captores tras el asesinato de sus madres.
Hay mucho en juego para Argentina, que debe hacer frente a un discurso negacionista, sin matices, coreado por la extrema derecha. Difícil que los jóvenes aquilaten el peso del infierno que fue la dictadura, cargar con 30 mil detenidos desaparecidos, y seguir buscando. Muchos padres y madres, abuelas y abuelos ya han partido, sin respuesta. Solo han encontrado la paz que buscaban con la muerte.
Esa es la memoria completa.
