Opinión
Estos retiros afectaron también la percepción pública sobre la estabilidad y confiabilidad del sistema de pensiones, así como sobre la seriedad de la élite política en Chile para abordar estos temas, influyendo en futuras decisiones, tanto políticas como económicas.
Los retiros del 10% de los fondos de pensiones en Chile, implementados entre 2020 y 2021, han generado una serie de efectos económicos significativos, tanto a corto como a largo plazo. Esta medida, introducida como respuesta a la crisis económica desencadenada por la pandemia de COVID-19, y hasta cierto punto también por las demandas sociales relacionadas con las pensiones que hubo durante el estallido social de 2019, proporcionó a muchas personas una liquidez adicional que resultó en un notable aumento temporal de la demanda de bienes y servicios. Este incremento en el consumo actuó como un estímulo económico a corto plazo, que expandió la economía en un 11.5% durante 2021.
Sin embargo, los efectos de estos retiros fueron complejos y variados, extendiéndose más allá de un simple estímulo económico. En el ámbito de los mercados financieros, la necesidad de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de vender activos para financiar los retiros provocó impactos notables, especialmente en los mercados de acciones y bonos locales. A largo plazo, estos retiros también tendrán consecuencias negativas en el ahorro previsional, lo que reduciría las pensiones futuras y aumentaría la presión sobre los sistemas de seguridad social, es decir, el Estado se vería obligado a una mayor recaudación y la herramienta más directa para ello sería subir los impuestos.
Además, es relevante precisar que, aunque los retiros proporcionaron un alivio financiero temporal, en algunos casos también llevaron a un incremento en el endeudamiento y las decisiones de consumo no planificadas, afectando potencialmente la salud financiera de los hogares a largo plazo. Esta medida también exacerbó la desigualdad, pues benefició desproporcionadamente a aquellos con mayores ahorros en sus fondos de pensiones, mientras que las personas con menores ahorros o sin empleo formal no recibieron el mismo nivel de beneficio.
Todo lo anterior aumentó la presión sobre el funcionamiento del sistema de pensiones, exacerbando las debilidades que exhibe y suscitando debates altamente ideológicos sobre la necesidad de reformas profundas en su estructura, sin destacar sus puntos positivos. Asimismo, el aumento en la liquidez y el consumo contribuyó a presiones inflacionarias en varios sectores de la economía, complicando aún más la política monetaria.
Estos retiros afectaron también la percepción pública sobre la estabilidad y confiabilidad del sistema de pensiones, así como sobre la seriedad de la élite política en Chile para abordar estos temas, influyendo en futuras decisiones, tanto políticas como económicas, relacionadas con el ahorro para la jubilación.
En consecuencia, esta serie de eventos resalta la importancia de considerar los efectos a largo plazo de las políticas previsionales y la necesidad de abordar los desafíos estructurales del sistema de pensiones para asegurar un futuro más estable y equitativo para todos los chilenos.
Considerando lo anterior, es que un retiro del 15% de los fondos de pensiones, así como se ha propuesto, podría no solo continuar erosionando el ahorro para la vejez de millones de cotizantes, sino que también reavivar un proceso inflacionario que aún no termina de controlarse por completo.
