Opinión
[ACTUALIZADA] El desempleo involuntario que sufrió mi generación cuando fue joven proyecta su sombra hoy sobre las pensiones al retiro. Esto es injusto, pero lo es más porque esta generación protagonizó que Chile pasara de un PIB per cápita de USD 6.500, cuando salí del colegio, a USD 25.000 hoy.
¿Es necesario que el sistema previsional tenga un nuevo componente solidario? En esta columna argumento que sí, y propongo dos nuevas opciones.
Soy de la generación de 1982, que sufrió las consecuencias de la mayor crisis económica en Chile desde 1930. La responsabilidad fue del Estado. Recuerdo cuando el 14 de junio de 1982 se anunció el abandono del tipo de cambio fijo. En un día subió un 18%, lo que desató quiebras masivas de empresas endeudadas en dólares, que pensaban que el tipo de cambio seguiría a $39, aunque la crisis había empezado antes, con una serie de intervenciones a bancos que en los hechos prácticamente nacionalizó esa industria.
Hay consenso entre economistas en que las causas de esta crisis son dos: la incompatibilidad del sistema de tipo de cambio fijo con políticas expansivas y una pobre regulación bancaria, que permitió que los bancos prestaran a empresas relacionadas con un muy mal control de los conflictos de intereses. La crisis chilena se agravó con el default de México en agosto de ese año. Esta situación espantó a los capitales que financiaban los cuantiosos déficits en la cuenta corriente. Díaz, Lüders y Wagner estiman que en Chile llegó al 15% del PIB en 1981.
Usualmente uno grafica la dureza de esta recesión con la caída en el PIB de 14,3% en 1982. La crisis era tan grande que ni siquiera después de esa caída hubo el tradicional rebote, sino que la recesión se profundizó y en 1983 el PIB cayó un 2,8% adicional. En total, en dos años, más de 17% de caída.
Las quiebras destruyeron puestos de trabajo, lo que se sumaba al desempleo estructural que el país ya acarreaba, producto de la apertura comercial que, años antes, había destruido el tejido industrial chileno, sin que aparecieran todavía las nuevas oportunidades que traía la economía abierta.
Si entre junio de 1979 y junio de 1982 el desempleo promedio en Santiago era de 13,2%, en los dos años siguientes promedió 21,8%. Cieplan, en trabajos separados de Tokman y Meller, estimaba que, si se incluían como desempleo los programas de emergencia PEM y POJH, el desempleo era de 30% a finales de 1984. En cuanto al desempleo juvenil, la Cepal estimaba que a finales de 1983 llegaba al 40%. El desempleo abierto bajó de 10% recién en 1989.
¿Qué responsabilidad en la crisis tienen esos jóvenes que ingresaron al mercado del trabajo esos años? Ninguna. El sistema de pensiones debe incorporar esto en su diseño. Como la matrícula en la educación superior entonces bordeaba el 20%, la mayor parte de mi generación fue directo al desempleo. La densidad de cotizaciones de mi generación en esa década apenas superaba el 20%. Cuarenta años después, los efectos sobre el ahorro previsional de no haber podido contribuir y aprovechar las buenas rentabilidades de entonces, son brutales.
El desempleo involuntario que sufrió mi generación cuando fue joven proyecta su sombra hoy sobre las pensiones al retiro. Esto es injusto, pero lo es más porque esta generación protagonizó que Chile pasara de un PIB per cápita de USD 6.500, cuando salí del colegio, a USD 25.000 hoy.
Desde un punto de vista de bienestar, no tiene ningún sentido que el costo de esa transformación de la economía chilena y de esa recesión recaiga hoy sobre esta generación. A los menos afortunados de mis coetáneos la PGU les es de gran ayuda. A aquellos que les fue mejor, que lograron enrielarse en empleos formales cuyos salarios crecieron fuerte desde 1990 o los que tomaron riesgo y emprendieron, lo que tienen hoy de pensión no les permite mantener un adecuado nivel de vida. Esto es lo que significa una baja tasa de reemplazo. No todos requieren apoyo, pero muchos sí.
No hay manera de que esta generación reciba alguna forma de resarcimiento si no es a través de un sistema solidario. No es pecaminoso plantear que los trabajadores actuales, que empiezan su vida con este PIB per cápita, contribuyan a ello. ¿Cómo hacerlo?
Hay alternativas. La única que creo que hay que descartar es un sistema de reparto, por los temas demográficos que conocemos. Pero hay otras. Menciono dos que creo que pueden ser útiles de considerar. Ambas reconocen que la solidaridad intergeneracional es necesaria por los shocks específicos que cada generación sufre. Son sistemas de “geometría variable” en función de la generación.
Idea 1: Suples variables de rentas vitalicias para cohortes que hayan sufrido shocks. Una posibilidad es que el Estado emita deuda pública (que casi con certeza no será como los bonos de reconocimiento) y que ello financie incrementos de rentas vitalicias. Hoy los activos de las CSV en rentas vitalicias son más o menos de un 25,7% del PIB. Si quisiéramos que las RV subieran un 25%, ello implicaría aumentar las reservas técnicas un 6,4% del PIB. La deuda emitida debería ser de dicho monto.
Si no se puede emitir tanta deuda, podemos financiar diferenciadamente a las cohortes que ingresaron al mercado del trabajo entre 1974 y 1988. Como esa generación está empezando a jubilar (las mujeres primero), una parte de la cotización del empleador se puede usar para ello. Sin toda la información es difícil estimar cuánto sería, solo podemos estimar la cotización máxima equivalente a un suple para todas las rentas vitalicias. Esta cotización se podría acumular en 14 años (=1988-1974) a razón de 0,46% del PIB al año (6,4% del PIB/14 años). Los datos de la Super de Pensiones implican una cotización como porcentaje de la masa salarial anual de cotizantes de un 1,14%. Si tomamos solo la cohorte objetivo, la cotización debiera ser menor.
Idea 2: El aporte variable fijo a la cuenta individual por año de cotización. El proyecto del Gobierno considera un aporte fijo de 0,1 UF por año cotizado, aunque su impacto real es menor por unos descuentos que considera el proyecto original. Se puede mejorar, aunque no lo podemos modelar de manera simple. La propuesta del Gobierno indica montos fijos, pero eso puede cambiar también, por ejemplo, incluyendo graduación de la tasa de cotización según año de ingreso a la fuerza de trabajo. La idea es dar más seguro a ciertas generaciones (1974-1988) y menos a otras, justamente para reconocer que a algunas les tocó sufrir crisis y a otras no.
Estas ideas se basan en que la solidaridad intergeneracional no es igual para todas las cohortes. Como los parámetros no pueden ser fijos, ello plantea el tema de su gobernanza. Hay que balancear dos cosas: la compensación a una generación respecto de shocks reales del pasado y los riesgos potenciales que pueden enfrentar las generaciones del futuro.
Sugiero delegar esa tarea en un organismo autónomo que recomiende periódicamente cambios en los parámetros. Esto se facilitaría si los activos financieros se gestionan según criterios generacionales, como lo son los fondos de ciclo de vida.
Sin ideas sacadas desde afuera de la caja, mi generación será doblemente penalizada: por ser joven cuando no correspondía y por pasar a retiro hoy ante la indiferencia de algunos de sus conciudadanos.
