El economista Felipe Larraín planteó que mantener la diversidad a través de la separación puede crear ghettos étnicos. El werken Huilcamán, quien también elaboró un documento anexo donde se refiere al derecho a la libre determinación, dijo que las regulaciones en este punto no deben ser promovidas desde el Gobierno.
Pese a que el protocolo de Palacio los unió ubicándolos en sillas vecinas durante la ceremonia donde se entregó el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, el economista Felipe Larraín y el werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, no se miraron el martes pasado.
La distancia entre el referente del mundo empresarial y el mapuche no sólo se expresó a través de esta actitud glacial. Ambos representantes de sectores claves en la problemática indígena también plasmaron su malestar en informes anexados al documento final de la Comisión, reflejando que el trabajo realizado por ésta nunca logró acercar las visiones contrapuestas.
En suma, los informes de Larraín y de Huilcamán dan cuenta de que, para ambos, la Comisión, lejos de dar resultados positivos, los apartó más.
El primero incorpora en su documento frases severas, tales como: "Se sostiene que el único camino para mantener la diversidad es la separación. El resultado puede ser la creación de ghettos". "Se le asigna culpabilidad generalizada y unilateral a la nación chilena, lo que aparece como una visión simplista e incompleta de un proceso muy complejo". "Es debatible que corresponda al Estado garantizar la preservación de la diversidad étnico cultural. Si se sigue con esta lógica, va a ser el Estado quien decida qué culturas se van a preservar y cómo deben ser".
El werkén, en tanto, calificó el informe de "colonialista", y recomendó a la Comisión, en materia de "despojo territorial", "generar mecanismos de reparación y, muy particularmente, la restitución de las tierras mapuches usurpadas, mediante un mecanismo institucional de composición paritaria (indígena y no indígena) y que se establezca por ley, que defina los criterios de las tierras usurpadas en consulta con los destinatarios de las comunidades afectadas".
Las discrepancias exhibidas por Larraín y Huilcamán no pasaron inadvertidas para el presidente de la Comisión, el ex primer mandatario Patricio Aylwin Azócar. Durante la ceremonia de entrega del documento, de seis mil páginas, Aylwin comentó las posiciones encontradas con que se encontró la instancia, y calificó el informe de Larraín como de "minoría".
El ex gobernante también se refirió a los comisionados que no suscribieron el acuerdo, como Juan Claro, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), quien se excusó poner la firma definitiva pues, argumentó mediante una carta, "no se le permite opinar o actuar individualmente sin comprometer a esas instituciones".
Ghettos y pobreza
Felipe Larraín, quien encabezó el subgrupo de trabajo de desarrollo económico y social (el documento emanado de éste fue el único que él suscribió), dice en su texto anexo que la deuda "más importante" con el mundo indígena radica en que "muchos no han tenido posibilidades reales de salir de la pobreza, no han podido acceder al trabajo, ni darle educación adecuada a sus hijos".
En su informe, el economista incluye una opinión lapidaria respecto a las bases recomendadas para "un nuevo trato". Dice Larraín: "se sostiene que el único camino para mantener la diversidad es la separación, el resultado puede ser la creación de ghettos en que se preserve la cultura ancestral a costa de una posibilidad real de progreso económico y social".
"Siguiendo la lógica de la premisa de la separación, se concluye que, por ejemplo, los únicos mapuches verdaderos son los que viven del trabajo de la tierra. Sabemos que esto no es así, ya que hay una alta proporción de mapuches urbanos", continuó. El economista dijo que esta "lógica de la separación" posibilita que "el resultado final no sea la preservación de la culturas indígenas sino su ahogo y final muerte a causa de la pobreza y el inmovilismo".
En cuanto al informe sobre "verdad histórica", evacuado por el subgrupo de trabajo que coordinó el historiador José Bengoa, Larraín detectó un "enfoque negativo" del proceso de urbanización, asalarización y educación. Sostuvo que los problemas que emergen de estas transformaciones son producto de "un desarrollo natural e inevitable" y concluyó que "se le asigna una carga de culpabilidad generalizada y unilateral a la nación chilena". Según el economista, esto corresponde a una "visión simplista e incompleta de un proceso muy complejo".
En cuanto al reconocimiento constitucional de las etnias, Larraín hizo dos observaciones. Una, por el uso del vocablo "pueblo". Otra, por lo debatible que es, a su juicio, el que se le entregue al Estado como tarea garantizar la preservación de la diversidad étnico cultural de un país. "Si se sigue con esta lógica, va a ser el Estado quien decida qué culturas se van a preservar, cómo deben ser esas culturas y por último a través de qué mecanismo quieren ser preservadas".
Planteó además que el texto establece una serie de propuestas de derechos colectivos, territoriales y políticos que "parecen exagerados" e "inconvenientes" en esta relación de nuevo trato. "Estas pueden generar un sentimiento de expectativas frustradas y los planteamientos vienen sin ninguna consideración de la cantidad de recursos y efectos que ellos involucran".
Larraín centró las dificultades en la falta de ingresos de los indígenas. "El problema de la pobreza no aparece mencionado en el informe, y tiene una incidencia 60 por ciento superior entre los indígenas que el resto de la población".
Respecto a la demanda por tierras, el economista sostuvo que "la experiencia indica que la inversión en ellas tiene muy baja efectividad en el aumento de ingresos familiares" y sostuvo que el "mayor potencial de aumento de ingresos para los indígenas rurales está en los ingresos extra prediales y no en las tierras".
Así, el profesional concluyó que, de materializarse algunas conclusiones del informe, "se pueden exacerbar tensiones entre los pueblos indígenas y el resto, porque propenden a una visión de separación más que de integración".
Tierras y derechos políticos
En su informe de recomendaciones paralelas -elaborado junto a los dirigentes José Llancapán y Galvarino Reiman, quienes también integraron la Comisión-, Aucán Huilcamán planteó que el texto final es un "avance en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos colectivos" y valoró el reconocimiento de Pueblos Indígenas que hace la instancia de Verdad y Nuevo Trato.
Sin embargo, criticó que el proceso de elaboración haya carecido "de la participación amplia de las organizaciones tradicionales y contemporáneas del pueblo mapuche".
Huilcamán insistió en el origen de la problemática y de los desacuerdos globales: las tierras. Recomendó la generación de "mecanismos de reparación" y "restitución" de las "tierras mapuches usurpadas" mediante un mecanismo de "composición paritaria", es decir, que incluya a indígenas y huincas. La Comisión, en todo caso, determinó proponer la creación de una comisión que estudie el tema.
Respecto al derecho a la libre determinación, el dirigente mapuche postuló que no es posible dar pie a que se promuevan regulaciones desde el Gobierno, volviendo a la premisa de "las relaciones históricas controversiales del pueblo mapuche con el Estado Chileno".
Esta demanda, dijo, "se basa en la soberanía y las relaciones bilaterales que perduraron por alrededor de tres siglos con el sistema colonial y el pueblo mapuche, en su larga práctica del ejercicio del derecho a la libre determinación, desde la independencia y conformación del Estado y su posterior relación con el pueblo mapuche y su territorio".
Huilcamán consideró relevante la recomendación de crear y constituir un Parlamento Indígena, que "sea el órgano institucional para la política de un nuevo trato entre los pueblos indígenas, la sociedad chilena y el Estado".
Postuló, finalmente, que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas requiere, necesariamente, "el reconocimiento del derecho a las tierras, territorios y el principio del derecho a la libre determinación en asuntos de su cultura, idioma, sistema educativo, salud, vivienda, protección ambiental".
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