El monto establecido por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura está planteada como »base de cálculo» y se le considera »realista», con lo que estaría en condiciones de obtener la venia de Hacienda, a pesar de que se desconoce de cuánto dispone esta cartera para reparar a las víctimas.
Cuando en agosto de 2003 el Presidente Ricardo Lagos anunció su propuesta de Derechos Humanos al país, entre las medidas adoptadas se contaba la entrega de una reparación pecuniaria para quienes sufrieron la violación a sus derechos fundamentales, durante el régimen militar.
Transcurridos tres meses del inicio de la labor de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, que se encargaría de establecer el monto de la "reparación", la instancia habría definido una base preliminar de indemnización para quienes fueron presos políticos. Según fuentes allegadas al organismo, el monto alcanzaría 1 Unidad de Fomento (UF) por cada día de privación de libertad.
En su propuesta de Derechos Humanos, Lagos propuso indemnizar a quienes habían sufrido la privación de libertad. Sin embargo, ya en aquella ocasión había advertido que el monto de la reparación sería «austera y simbólica».
Para cumplir con este objetivo, el Mandatario ordenó la creación de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, cuya misión sería determinar qué personas sufrieron privación de libertad por razones políticas y fueron torturadas por agentes del Estado -o personas a su servicio- entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
La Comisión, además de establecer el monto de la reparación, debía determinar el universo de personas afectadas. El trabajo del organismo, presidido por monseñor Sergio Valech Aldunate, inició sus operaciones el 12 de noviembre de 2003, y para ello el Ejecutivo dispuso de toda la infraestructura necesaria, a pocos pasos del Palacio de Gobierno, en calle Moneda 1025.
Cifra "realista"
El monto establecido por la Comisión está planteado como "base de cálculo" y se le considera "realista", con lo que estaría en condiciones de obtener el visto bueno del Ministerio de Hacienda, a pesar de que se desconoce de cuánto dispone esta cartera para reparar a las víctimas.
La cifra, según trascendió, "no significa" que se esté acogiendo ninguna solicitud de la Agrupación Nacional de ex Presos y Torturados Políticos. Por el contrario, está siendo manejada en forma absolutamente autónoma, dado el carácter de la instancia a cargo del tema.
De todos modos, y más allá de los montos específicos, la Comisión está estudiando cada caso en su "mérito", pues la unidad de fomento es una cifra base y es necesario establecer todavía cuánto será el monto mínimo a recibir por los afectados. Esto, porque hay gente que pudo ser "detenida y torturada sólo cuatro horas" y ese sólo hecho cambió y "destrozó" su vida para siempre, según afirman los especialistas.
Por este motivo, en el organismo enfatizan que es necesario diferenciar entre la "tolerancia" y "el umbral del dolor" que posee cada individuo.
El interés fundamental de la Comisión, compuesta por destacados abogados en el tema de los derechos humanos, radica en "reconocer" a quienes se apresó y torturó durante el régimen militar, más que en establecer un monto, según reconocen en el organismo.
Baja inscripción
Para recibir la suma y otros beneficios asociados que asignará el Gobierno, quienes fueron apresados y torturados deben inscribirse en la Comisión. La estimación inicial es que lleguen a registrarse cerca de 50 mil personas. Sin embargo, está lejos de cumplirse esa meta.
Hasta ayer, 9 mil 250 personas en todo el país habían presentado la solicitud para ser calificados por los abogados, asistentes sociales y sicólogos encargados del proceso. De esa cifra, 6 mil 256 personas tienen domicilio en Santiago y 3 mil 264 en regiones.
Si se mantiene la tendencia de inscritos, el Gobierno tendrá la oportunidad de manejarse con cierta holgura presupuestaria, cuando tenga que evaluar la propuesta de reparación pecuniaria.
En la Comisión reconocen que las vacaciones han incidido en la baja inscripción, hecho que sólo se ha registrado en Santiago, pues en regiones la afluencia se ha mantenido constante, según explicó la jefa de atención al público del organismo, Victoria Gallardo.
Sin embargo, la explicación que dan para este fenómeno algunos ex presos políticos es que, por distintos motivos, la inscripción no llegará al 30 por ciento de la proyección inicial del Gobierno.
"Hay un porcentaje que es probable que no califique, otros afectados están fuera del país o han muerto y finalmente existe un grupo importante que no quieren saber nada con propuestas que emanen del Gobierno, porque no se quieren prestar para ningún show", aseguran.
Si todo sigue en forma normal, el 12 de mayo se cerrará el proceso de inscripción y se comenzaría a elaborar la propuesta definitiva al Gobierno.
Para el Ejecutivo el tema de las fechas es vital. Si bien el proceso se cierra en mayo, la Comisión puede prorrogar por otros tres meses sus trabajo. Pero nadie quiere llegar a eso. La idea es "no arrastrar" hasta un mes emblemático, como septiembre, la reparación moral y pecuniaria a los afectados y menos que se tope con el inicio de la campaña municipal.
Ayer, el secretario General del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se presentó en el organismo para completar su ficha. En la ocasión, dijo que busca establecer -con su ejemplo- que miles de detenidos, entre ellos también los desaparecidos y presos políticos, "aún no han sido dignificados".
Ex presos piden "solución integral"
Pese a estos avances en el trabajo de la Comisión, la Agrupación Nacional de ex Presos Políticos mantiene algunos cuestionamientos a la propuesta que está elaborando el Gobierno, principalmente respecto de la calificación de las personas que estuvieron en prisión durante el régimen de Pinochet.
Según el vicepresidente de la organización, Miguel Retamal, el proceso de calificación que realiza la Comisión gubernamental carece de sentido de justicia porque no incluye a quienes estuvieron recluidos en los centros de tortura montados por los aparatos de inteligencia del régimen.
"Para nosotros la reparación final debe cubrir a todos quienes pasaron por las cárceles y los campos de concentración, mientras el Gobierno descarta de la condición de ex preso político a aquellas personas que sobrevivieron a Villa Grimaldi, Londres 38 o La Venda Sexy, donde nadie ignora que se torturó a cientos de chilenos", asegura Retamal.
Sin embargo, esta apreciación fue descartada categóricamente por la vicepresidenta de la comisión, María Luisa Sepúlveda.
De acuerdo con la propuesta elaborada por la Agrupación de ex Prisioneros Políticos, y que fue canalizada en un proyecto de ley acogido por varios senadores, la indemnización debe ser calculada con un monto mínimo por cada día de prisión. En ese sentido, habría concordancia con la idea que trabaja el Ejecutivo.
Sin embargo, Retamal sostiene que lo planteado a los legisladores, entre ellos el senador socialista Carlos Ominami, es que la iniciativa debe ser concebida como una reparación integral. "Es necesaria una reparación moral y también legal. Debe instruir la limpieza de papeles de antecedentes y, fundamentalmente, el cierre de procesos pendientes que mantienen a muchos chilenos viviendo en la clandestinidad", dice el dirigente.
En cuanto a los montos, agrega que aunque ellos no tienen conocimiento de la cifra que estudia el Gobierno, es necesario que "sea cuál sea, considere, además, algunos porcentajes especiales para quienes sufrieron invalidez a causa de la tortura".
