Cuando asumió el 2000, Vicky Barahona declaró ilegal un concurso público del alcalde saliente, que trajo nuevos funcionarios al municipio. Sin embargo, la justicia ya le ordenó reincorporar uno de los profesionales despedidos y pagar sus remuneraciones hasta hoy. Otros 30 trabajadores podrían tener igual suerte. Conozca los detalles.
La jueza del 10° Juzgado Civil de Santiago, Gloria Solís Romero, dejó a firme la sentencia emitida por ese tribunal, de enero pasado, que obliga a la alcaldesa de Renca, Vicky Barahona (UDI), a reincorporar al profesional Carlos Fernández, expulsado de la Secretaria de Planificación (Secplan) el 2000, luego que Barahona declaró "ilegal" el concurso público que le permitió acceder al cargo.
La decisión fue confirmada el 14 de abril, luego que el tribunal rechazará la apelación de la alcaldesa "por extemporánea". El dictamen obliga además a que se pague al profesional, todas sus remuneraciones, desde el día de la expulsión hasta hoy, ya que se determinó la legitimidad del concurso público, gestionado por el alcalde saliente Manuel Caballero (PS).
Los hechos se originaron en diciembre de 2000, luego que Barahona asumiera la jefatura comunal. Así se dio inicio a una "razia" para exonerar a todos aquellos funcionarios que llegaron a través del último concurso del socialista Manuel Caballero. Lo que fue denunciado en su momento por la diputada PPD, María Antonieta Saa.
En idéntica situación a la de Fernández, se encuentran otros 30 funcionarios que postularon a sus cargos vía "concurso" y que también esperan una sentencia favorable. De ser así, la decisión arbitraria de la alcaldía se traduciría en que de sus arcas deberían salir, aproximadamente, 432 millones de pesos en pago de remuneraciones, cantidad similar a la recaudación anual de patentes de la comuna, al margen de la reincorporación en sus cargos.
El optimismo de los afectados se fundamenta en la "jurisprudencia" que estableció el dictamen de la jueza Gloria Solís, tal como lo aseguró a El Mostrador.cl el abogado querellante Fernando Zegers Lynch. El profesional dijó que sólo el caso de Fernández le significará al municipio el desembolso de 25 millones de pesos, en menos de 10 días, desde la fecha de notificación.
Zegers agregó que si bien "es el municipio quien debe cancelar el daño, este luego debe querellarse contra la alcaldesa para que haga devolución de los dineros, ya que fue ella que mediante una decisión arbitraria perjudicó las arcas de la comuna de Renca. Tampoco hay que olvidar que este juicio lleva 4 años y la alcaldesa ha invertido en el juicio y abogados defensores unos 70 millones de pesos".
El jueves pasado la municipalidad fue notificada de la resolución del 10° Juzgado Civil, a través de una receptora judicial y tiene 3 días para entregar el dinero al funcionario, de lo contrario, deberá solicitarse el embargo de algún bien municipal que no esté destinado a servicios. Paralelamente la alcaldesa posee 10 días para dictar el decreto que oficialice el reintegro del profesional. De no cumplir con la normativa, se expone a multas y arresto.
El origen del conflicto
El conflicto se originó luego que el alcalde saliente, Manuel Caballero, realizó un concurso público para proveer de profesionales, técnicos y administrativos a la municipalidad. Sin embargo, para Vicky Barahona esto no era más que una estrategia para dejar a simpatizantes de su tendencia en la administración municipal. Tal como lo expreso en sus declaraciones a la justicia: "El alcalde saliente, doctor Manuel Caballero Oyanedel, a sabiendas que no se presentaría a la reelección, extrañamente en los meses previos a ésta comenzó a elaborar una estrategia que consistía en proveer un gran número de cargos públicos con la intención manifiesta de incluir gente de su propia tendencia política o proclives a su persona".
Ante el argumento, la sentencia de la jueza señala que "este hecho, por cierto, no se encuentra acreditado en autos, es más, ni siquiera se conoce de la tendencia de la actual alcaldesa, ni menos la tendencia política del actor. ¿Resultará relevante lo expresado por la demandada? ¿Habría que declarar nulos los nombramientos de terceros de buena fé, toda vez que no se encuentra acreditada la mala fé del actor, por tener éste una tendencia política distinta?, o ¿se ha infringido abiertamente otra garantía constitucional?".
A pesar que en el dictamen se consigna que "existían algunas irregularidades, como por ejemplo no contar, al momento del llamado a concurso, con los escalafones respectivos, debió en primer término (la alcaldesa) (…) averiguar acerca de la naturaleza del cargo en que fue designado como titular el actor, cosa que no hizo. De haber ello ocurrido de ese modo, no se habría apresurado e incurrido en irregularidades tales como obviar la consulta al Jefe de Unidad del Personal y de Control, o al Comité de selección"
A través de sus abogados, la jefa comunal alegó por la potestad que posee para dejar sin efecto el concurso público, sin embargo, la magistrado consideró que "la autoridad edicilia tiene facultades para dejar sin efecto sus propios actos. Ello, resulta del todo efectivo, pero, cuando de ilegalidad se trata, ésta le corresponde a la Justicia Ordinaria, a falta de Tribunales Administrativos". Para la jueza, «en el caso del funcionario de la Secplan, todos los antecedentes del proceso indican que la señora Alcaldesa de Renca habría sido mal asesorada, toda vez que no podía violentar derechos adquiridos" de la persona en cuestión.
No fue posible obtener la versión oficial de la municipalidad sobre la sentencia, dado que el abogado de la unidad jurídica del municipio, Hugo Contreras, o estaba "en tribunales" o "en reuniones", cuando fue requerido por este diario.
