En los alegatos ante la Corte Marcial que buscan reabrir la investigación por la venta de pertrechos, el organismo encargado de la defensa de los intereses del Fisco sostuvo que el material descubierto sólo correspondía al primer envío de un total de 370 toneladas de material bélico.
Una serie de antecedentes desconocidos hasta ahora surgieron de las alegaciones del Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante la Corte Marcial, que buscan anular el fallo de primera instancia del proceso instruido por la justicia militar en el denominado caso por el tráfico ilegal de 11 toneladas de armas a la ex Yugoslavia.
El organismo encargado de la defensa de los intereses fiscales, representado por la abogada María Inés Horvithz, expuso sus argumentos para reabrir esta causa el pasado jueves, ante los ministros Alejandro Solís, Joaquín Billard, Juan Arab, Renato Nuño y Patricio Moya.
En dicha oportunidad, la profesional dio a conocer varios detalles hasta ahora desconocidos para la opinión pública. Uno de ellos y el que más llamó la atención a los asistentes es que el cargamento descubierto a fines de noviembre de 1991 en el aeropuerto de Budapest, Hungría, sólo correspondía al primer envío de pertrechos que se pactaron con los extranjeros Ives Marzialle y Günther Lienhäuser, quienes eran conocidos traficantes de armas a nivel internacional.
370 toneladas
Según afirmó la representante del CDE. este negocio que habría sido aprobado por a los menos diez generales del Ejército de la época, era por una cantidad total de 370 toneladas de armas, por cuya venta se esperaba obtener un monto de 60 millones de dólares en total.
Además, también mencionó un informe del fiscalizador de aduanas, Hernán Martini, en el que se revela que en dicha época hubo también cuatro embarques de armas en la motonave Magallanes, por 524 toneladas, que provenían de la Dirección de Logística del Ejército, donde trabajaba el coronel Gerardo Huber, fallecido en extrañas circunstancias a sólo días después de haber declarado en el proceso, en enero de 1992.
Esta venta fue disfrazada como un envío de ayuda humanitaria proveniente del Hospital Militar cuyo destino iba a ser Sri Lanka. Sin embargo, las guías de despacho finales fueron alteradas en su destino y se despacharon finalmente a Europa, con destino final a Croacia, en momentos que sobre esa nación pesaba un embargo general y completo de entrega de armamentos y pertrechos militares por decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Las dificultades
En esa medida, María Inés Horvithz también puso de manifiesto a los integrantes del tribunal de alzada la absoluta imposibilidad de la parte querellante en el caso de proponer diligencias para aclarar los hechos.
«Hemos visto de la relación cómo aparecen de manifiesto la intervención decisiva del general (Guillermo) Letelier Skinner, a la sazón director de Famae, y del general (Carlos) Krumm Rojas, entonces director de Logística del Ejército. Esta parte jamás obtuvo del Fiscal a cargo del caso que se les citara a declarar personalmente y en calidad de imputados, para explicar las innumerables dudas, contradicciones e irregularidades de esta exportación ilegal de armas», enfatizó en estrados.
El interés de Letelier
Por otra parte, la profesional también apuntó a cuál era el personal interés que tuvo el general (r) Letelier Skinner en este envío de pertrechos, lo cual lo llevó a tramitar y apurar personalmente la autorización del ministerio de Defensa y evitar el control del Consejo Superior de Famae sobre la operación.
Cabe recordar que este uniformado figura como el propietario de una sociedad offshore, Marchill Investment, la cual tiene el mismo domicilio en Chile de al menos cuatro entidades de papel creadas por el ex comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, para ocultar su millonario patriminio en el extranjero.
Pinochet habría tomado la decisión
En ese marco, la abogada del CDE leyó las declaraciones de los generales (r) Letelier Skinner y Carlos Krumm, en los procesos judiciales por la muerte del coronel Huber y las millonarias cuentas de Pinochet en el Riggs Bank, en las cuales coinciden en que esta venta ilegal fue acordada por a lo menos diez miembros del alto mando del Ejército de la época.
Ambos militares ahora retirados aseguraron que tras recibir una solicitud de compras de armas usadas de Famae de parte de dos ciudadanos extranjeros, informó a los mandos del Ejército, luego de la celebración de un Consejo de Generales.
Dicho encuentro, realizado en el Club Militar de Lo Curro, fue encabezado por Pinochet, y que en ella se acordaron las unidades de las cuales se retiraría el armamento, aunque precisó el destino del cargamento sería Sri Lanka, pero que en definitva siempre tuvo como destino la ex Yugoslavia.
En la cita participaron los generales Florencio Tejos, Sánchez Castilla, Guido Riquelme Andaur, Carlos Krumm Rojas, Guillermo Garín, Richard Quass, Fernando Torres Silva, Sergio Moreno Sarabia y Eterio Pavez, además del propio Pinochet.
Según los testimonios, Pinochet se mostró interesado en el negocio y expuso que los generales presentes y que tenían relación con el tema, lo plantearan e hiciesen las coordinaciones pertinentes, entre ellas, un catastro de las armas y municiones que el Ejército podría enajenar.
Leteier advierte que remitió a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) la lista de las armas que pretendía comprar Marziale y que correspondían "a las que en ese momento íbamos a exportar, según un listado preparado por el coronel Fuenzalida (…) Es decir, no incluía el total de la lista de armas que se pretendía adquirir, por ello se hablaba de que éste era el primer embarque".
"Para retirar las armas de los regimientos tenía que forzosamente existir una orden escrita que pudo provenir del general Pinochet (…) pues en definitiva, la orden fue dada por el comandante en jefe del Ejército, eso es, el general Pinochet, y cumplida por el general Riquelme", sostuvieron los ex uniformados.
