Algunos de los encausados por el ministro Alejandro Solís por la venta ilegal de 11 toneladas de armas a la ex Yugoslavia, en 1991, recibieron un e-mail donde se les instruía oponerse a peritajes decretados por el juez. El texto, al cual tuvo acceso El Mostrador.cl, sugiere coordinar declaraciones sobre el monto de la transacción.
Algunas de las partes involucradas en la investigación judicial por el tráfico de 11 toneladas de armamento que vendió Famae a la ex Yugoslavia, a fines de 1991, han recibido un misterioso correo electrónico que insta a algunos procesados a coordinar sus defensas ante las últimas diligencias que ha decretado el ministro en visita Alejandro Solís.
El documento, al cual tuvo acceso El Mostrador.cl, se titula «Oposición a la diligencia de nueva tasación e investigaciones patrimoniales», fue recibido por algunos de los encausados por el magistrado, quienes pidieron reserva de su identidad.
En ese mensaje se deja claramente establecido que existen dos diligencias a las cuales todos deben oponerse «una nueva tasación del cargamento y una nueva investigación patrimonial de los procesados. Igual creo que los abogados deben cerciorarse de estos puntos en el expediente», sostiene su autor, cuyo nombre este medio se reserva por el momento.
Contenido
El mensaje electrónico sigue de la siguiente forma:
«2.- Tasación del cargamento: al parecer el ministro Solís ha solicitado a la Corte de Apelaciones el concurso de dos personas para este peritaje: el de un armero artificiero y el de un ingeniero comercial».
«El peritaje del cargamento fue realizado en su oportunidad, por los señores Pablo Wunderlich Piderit y Juan Eduardo Gonzáles Gonzáles, quienes viajaron a Budapest y emitieron su informe pericial al tribunal, con una tasación de 110 mil dólares».
«Posteriormente, el tribunal les pidió que ampliaran los peritajes evacuados (subieran el precio de su mismo peritaje). Señalaron que no era posible realizar este peritaje debido a que los materiales incautados por las autoridades húngaras ya no existen y carecía de sentido periciar otros equipos, armas o municiones similares a las incautadas pues, obviamente, estarían obsoletos. Esto está a fojas 3853, 1140, 3807».
«Sin embargo, el ministro Solís acepta un nuevo peritaje/tasación, en el año 2006, sobre una especia a peritar que NO EXISTE, y pide para ello un armero artificiero y un ingeniero comercial. Sin el ánimo de desmerecer a las personas, entendemos que no es función de un armero artificiero lo que se le pide, no está preparado para ello y menos podría prestarse para hacer un peritaje sobre algo que no existe. ¿Qué clase de peritaje sería ese?»
«Entonces, los abogados defensores nuestros deben oponerse a esta diligencia, por ser improcedente, extemporánea y cuyos resultados no aportan nada a la causa, ya que son fácilmente impugnables».
«3.- Investigación de nuestros patrimonios: el ministro también dio lugar a la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en relación a la investigación de nuestros afectados».
«Esto ya se ha hecho anteriormente y en el caso del Gral. Guillermo Letelier varias veces, sin embargo, es improcedente hacerlo en este caso, por los siguientes argumentos:»
«No hay ninguna prueba en la causa que, ni siquiera tangencialmente, hable de que hay una relación entre la exportación de las armas y los patrimonios de los afectados».
«Pero como esta es una fijación de la abogada Horwitz (María Inés Horvith del CDE), es necesario oponerse a la diligencia, argumentando que el precio del embarque fue pagado al contado y ese dinero fue depositado en la cuenta de Famae en el Banco de Chile, donde aún está. Entonces, cómo se pretende ligar ambas cosas al precio pagado con nuestros patrimonios».
«Si el ministro no da a lugar a estas oposiciones, yo pediría al Tribunal Constitucional la paralización de la causa. Por eso creo que hay que actuar con cierta rapidez», concluye el mensaje.
Las diligencias
Si bien el juez Alejandro Solís dio lugar a la realización del peritaje patrimonial de los procesados, la causa está paralizada por una apelación del sargento (r) Ramón Pérez Orellana, a quien se le recalificó su procesamiento de fraude aduanero a exportación ilegal de material de uso bélico.
En ese sentido, se informó que -hasta la fecha- ninguno de los procesados ha presentado oposiciones a las diligencias cuestionadas en el e-mail que circuló entre las defensas de los mismos. Sin embargo, se precisó que como la tasación no se encuentra ejecutoriada, aún quedaría la posibilidad de impugnarla.
En cuanto a la nuevo peritaje de las armas, el ministro resolvió rechazarla ya que no hubo ningún perito armero artificiero, ni tampoco ingeniero comercial, que aceptara el mandato de realizar este nuevo estudio sobre el valor de las 11 toneladas de armas que se enviaron a Croacia. Según los peritajes que se ordenaron por la Fiscalía Militar, el precio total del material fue de 203 mil dólares, que aún se encuentran depositados en la cuenta de Famae en el Banco de Chile.
No obstante, el CDE repuso la petición, proponiendo que el IDIEM (Centro de Investigación de la Universidad de Chile) lleve a cabo este nuevo análisis sobre el real monto del cargamento. Según fuentes consultadas al respecto, antes de acoger o rechazar la solicitud, el magistrado ofició al mencionado instituto para constatar que tengan la capacidad técnica para realizar el estudio.
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