Dos posturas hay en la comisión de Educación del Senado frente a las objeciones presentadas por el contralor respecto a las atribuciones de la entidad. Su presidente, Mariano Ruiz-Esquide (DC), desestima las aprensiones, mientras que Carlos Cantero (RN) coincide plenamente con las objeciones e incluso asegura que su sector ya las había advertido.
Un duro y largo debate al interior del Senado se prevé en torno al proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación. Esto, porque los integrantes de la comisión de Educación no tienen la misma opinión frente a los cuestionamientos del contralor general, Ramiro Mendoza, relativos a las atribuciones de la entidad.
Por una parte, los concertacionistas, al igual que la ministra de Educación, Yasna Provoste, desestiman las aprensiones respecto a una duplicidad o colisión de funciones. Y por otro lado, los senadores aliancistas coinciden con el Contralor.
Precisamente esta es la opinión de Carlos Cantero (RN), quien asegura que "no nos mueve ningún espanto que (la Contraloría) haya hecho objeciones, además de que coincidimos con la opinión. De hecho, creemos que hay reparo y de hecho ya habíamos planteado la situación. Con este informe, la Contraloría ratifica y hace pública esta postura", explica.
Además, recalca que el proyecto está en una etapa de audiencia pública, por lo que recibe todo tipo de comentarios de los sectores que quieren opinar, antes de iniciar formalmente la votación de la iniciativa.
Totalmente opuesta es la percepción del senador Mariano Ruiz-Esquide (DC), que califica como "una opinión personal" las objeciones del contralor Mendoza.
«En base a lo que hemos leído, no encuentro ninguna justificación a sus reparos: su queja no es real, ya que en ningún caso entregamos más atribuciones a esta Superintendencia que a otras y no le restamos ni una sola facultad a la Contraloría para que pueda controlar sus acciones", sostiene el presidente de la Comisión de Educación del Senado.
Subraya que hay una confusión en las atribuciones de la Contraloría, ya que ésta "debe garantizar que las acciones de la Superintendencia se hagan conforme a la ley, o sea, es un tema de forma, de normas. Por el contrario, el Ministerio de Educación es el responsable del fondo del asunto, de cómo se hace la educación".
Recalca que el gran problema es que "una información del Contralor se ha transformado en una cosa juzgada, con mérito ejecutivo. Y de ninguna manera, porque si es así mejor cerramos el Congreso".
El polémico informe, de 8 páginas y firmado por Mendoza, señala que la nueva entidad asumiría facultades que le corresponden a la Contraloría y al Mineduc, lo que superpondría funciones entre dichos organismos. Además, indica que la nueva entidad debería ocuparse sólo de fiscalizar los aspectos técnicos y no los relacionados al financiamiento educativo.
Por otra parte, el contralor asegura que esta Superintendencia no tendría la misma regulación que el organismo hace a todas las demás reparticiones estatales, ya que sólo podría fiscalizar lo que tiene relación con los aspectos financieros.
Actualmente, la comisión de Educación del Senado se encuentra en períodos de audiencias. El próximo miércoles recibirán a cinco instituciones relacionadas con el tema educacional y la primera semana de octubre ya empezarán a votar el texto.
