El perseguidor penal Centro Norte, que lleva la investigación por las amenazas recibidas por el actual jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de Investigaciones, Sandro Gaete, ya pidió copia de una indagatoria interna que se realiza en la institución y se reunirá con el prefecto Rafael Castillo para coordinar las diligencias.
Realizando las primeras diligencias se encuentra el fiscal Centro Norte Leonardo de la Prida en el marco de la investigación por las amenazas en contra del actual jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAE), Sandro Gaete, y el ex titular de la misma repartición Abel Lizama.
En entrevista con El Mostrador.cl, aseguró que sería «muy grave» si durante su trabajo comprueba que hubo amenazas a los policías.
El perseguidor penal dijo que envió un oficio al mando institucional para que le alleguen una copia del sumario administrativo que se efectúa, debido al e-mail que llegó a todas las unidades policiales del país. En el texto, se podía leer: «Los funcionarios de la policía de investigaciones están observando a los traidores Rafael Castillo, Sandro Gaete, Abel Lizama y Mario Zelada».
Castillo es el actual jefe nacional Contra el Crimen Organizado y Asuntos Especiales, de la que depende la BAE, mientras que el subprefecto Zelada labora en la misma unidad.
Todos ellos tienen un pasado común: haber llevado las causas más importantes de violaciones de los derechos humanos desde la vuelta a la democracia.
Primera fase
De la Prida explicó que se está recabando información, primero para acreditar el delito de amenazas, pero que este ilícito requiere de que éstas sean "serias, verosímiles y creíbles".
"Por eso estamos en la fase previa, recopilando antecedentes para saber por qué se emitieron los juicios que están contenidos en el correo, si fueron como amenazas, como broma o destinados a injuriar a los detectives", detalló.
El fiscal indicó que "atendida la naturaleza de las personas denunciantes, hay que ser prudentes para investigar".
En el libelo criminal presentado por el abogado Lorenzo Morales, patrocinante de los policías civiles, se solicitó indagar tres delitos: amenazas, injurias y otro que apunta al envío del correo.
Al respecto, De la Prida indicó que las injurias están fuera de esta investigación por tratarse de delitos de acción privada, es decir, entre particulares. De todas formas, explicó que la indagatoria podría entregar los antecedentes para que los afectados recurran a la justicia.
El funcionario del Ministerio Público aún no ha decidido con cuál de las unidades de Carabineros trabajará, otra de las solicitudes contenidas en la querella como garantía de objetividad por los recurrentes, ya que se busca establecer si los celulares de los detectives estaban intervenidos.
La próxima semana, se reunirá con Rafael Castillo para coordinar las diligencias tendientes a develar cuál fue la trama detrás del envío del correo electrónico. Lo que se encuentre en el curso de este caso podría revelar, quizá, desagradables sorpresas.
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