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«Caso de Patricia es la punta del iceberg de una situación más compleja»

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Director ejecutivo de Amnistía Internacional considera que detrás de la huelga de la activista existe una realidad más compleja, ligada a la sucesiva inacción por parte de los gobiernos frente al conflicto mapuche. Por eso, considera »inexplicable» la postura del Ejecutivo y asegura que la situación ya tiene repercusiones internacionales.


El pasado 21 de enero, Amnistía Internacional (AI) envió a la Presidenta Michelle Bachelet una carta para interceder a favor de la comunera mapuche Patricia Troncoso, que mantiene una huelga de hambre desde el 10 de octubre.



El objetivo de la misiva firmada por el presidente del organismo, Karl Böhmer, y el director ejecutivo, Sergio Laurenti, era apelar a la sensibilidad y alta investidura de la mandataria para que actuara inmediatamente y evitar situaciones que acentuaran "el deteriorado escenario de violencia del que han sido objeto individuos y comunidades mapuches en años recientes".



Aunque no han tenido respuesta alguna y tampoco han recibido señales de parte del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, con quien intentan comunicarse desde ese mismo día, el Gobierno dio a conocer una propuesta que podría terminar con el ayuno de Troncoso.



Laurenti argumenta que las peticiones de Troncoso son un derecho, especificando que en el caso de las salidas dominicales, la mujer ya habría cumplido el tiempo suficiente de reclusión como para contar con el beneficio.



En cuanto a la transferencia a una penitenciaría agrícola, explica que además de ser una necesidad cultural ligada al contacto con la tierra, la comunera fue trasladada por Gendarmería sin su consentimiento al hospital de Chillán, "así que perfectamente podría transferirla y mostrar un gesto de clemencia para una persona que ha hecho un esfuerzo muy grande para presentar su caso".



¿Cómo califica la falta de respuesta del Gobierno y la casi indiferencia que ha manifestado con la situación de Patricia Troncoso?
-Es un poco inexplicable la inacción del Gobierno, y aunque se ha indicado que ésta es una razón de la justicia, nunca se ha cuestionado la legalidad de la aplicación de la ley antiterrorista.



Además, está la insensibilidad de Gendarmería, que tiene la responsabilidad de velar por el bien jurídico de la vida de ella. Y en la práctica, con el traslado y con lo que parece ser una alimentación forzada en contra de su voluntad, no está cumpliendo su obligación. De hecho, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, la alimentación forzada puede constituir un trato cruel, inhumano y en consecuencia tortura.



Pienso que el caso de Patricia Troncoso es la punta del iceberg de una situación mucho más compleja, donde sucesivos gobiernos han tenido inacción frente al problema mapuche y no han logrado resolver algunos aspectos básicos de acceso a derechos económicos, sociales y culturales.



La protesta de esta huelga de hambre tan prolongada muestra apenas una hebra del problema mayor al que se ha dado muy poca atención, que está en línea con el tema de políticas públicas insuficientes, inadecuadas.



A esto se suma la falta de ratificación o avance con ciertos instrumentos internacionales, como el convenio 169 de la OIT, que podrían ser un paso muy importante en la solución de algunos de los conflictos que se plantean con las comunidades indígenas en general y no con las mapuches en particular. En este sentido, creo que la reserva que se ha intentado incorporar a este convenio es un ejercicio inútil y posiblemente inválido.



¿Qué medidas considera que debería tomar el Gobierno frente al caso de Patricia Troncoso específicamente y el conflicto mapuche en general?
-Creo que debe revisarse la situación general de Troncoso. Nadie está afirmando que ella sea necesariamente inocente o que no deba cumplir de alguna manera la pena impuesta por la justicia. Lo que estamos diciendo es que tiene que hacerse de una manera humana y tomando en cuenta varios elementos: el hecho de su fragilidad actual requiere una atención médica especial y cuidadosa para no agravar la situación y que conlleve consecuencias significativas de largo plazo.



Por otro lado, el Gobierno debe tomar en serio la problemática indígena. Chile tiene un millón de habitantes que son de etnias originarias o están vinculados por descendencia, en consecuencia no es un grupo que pasa desapercibido.



Pero, sobre todo, se necesita un diálogo que involucre a los indígenas, al Ejecutivo, los legisladores, la policía y a las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos que trabajamos en este campo para encontrar soluciones de largo plazo. Es un tema país que no puede ser resuelto desde la cúspide solamente, sino que debe involucrar a los principales actores.



Consecuencias internacionales



La huelga de Troncoso, unida a las denuncias de "militarización" en zonas donde hay constantes enfrentamientos y protestas por parte de las comunidades mapuches, ¿podría traer consecuencias a nivel internacional?
-Las hay ya. De hecho, hay repercusiones internacionales en todo el mundo, movilizaciones de activistas no sólo de los derechos indígenas, sino de otras personas que piensan que es inadmisible que en un Estado de derecho, el Gobierno esté tan inactivo en materia de resolver un problema tan grave.



Cuando uno lee la prensa internacional, evidentemente esto está teniendo una repercusión muy negativa en la imagen del país, así como en las intenciones de obtener un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero en esencia lo que está en juego es la vida de personas y no tanto el prestigio del país.



Lo que nos importa es que personas están en sufriendo, porque no se trata solo de Patricia Troncoso, sino de otras personas presas prolongadamente, familias que sufren, médicos que no pueden dar el acceso apropiado, abogados que no pueden hablar con sus clientes. En el caso de Patricia, ha estado con restricciones a las visitas y al acceso a su médico tratante, es decir, es esencialmente un problema humano y debe mirarse desde una perspectiva de la clemencia. Es una facultad que en este caso la Presidenta de la nación tiene y con la que puede resolver en gran medida este problema.

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