Un proceso iniciado por la Fiscalía Nacional Económica describe cómo el Consorcio Radial de Valparaíso pagó a los competidores para ganar algunas de las licitaciones que le permiten tener hoy una cadena con casi cincuenta emisoras regionales, las que constituyen un poder comunicacional nada despreciable.
«Dos días antes del acto de licitación para el cual fuimos citados me llamó por teléfono Cristian Wagner para ver la posibilidad de que ellos fueran solos al acto de licitación y comprarme los derechos en la licitación. Para ello me ofreció el pago de $1.500.000 con tal de que yo postulara con un monto mínimo (….) si bien llegamos a acuerdo respecto de la licitación con Cristián Wagner, igual fui al acto de apertura de la licitación y realicé mi postura»
Este es uno de los testimonios incluidos en el expediente mediante el cual la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusa de «colusión» a 9 personas -entre naturales y jurídicas- con el fin de «eliminar la competencia entre oferentes de diversos procesos de licitación para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión en frecuencia modulada», según consigna el requerimiento.
Entre todas las acusadas, fue el Consorcio de Radio Valparaíso (CRV), entre cuyos accionistas están las sociedades Empresa Periodística del Norte S.A. Empresa El Mercurio de Valparaíso y Empresa Periodística Araucanía. En la práctica estas compañías forman la cadena de los 19 Diarios Regionales que mantiene El Mercurio a lo largo de Chile.
Según la fiscalía, CRV, desde el 2003 comenzó a trazar sus planes de instalar una cadena radial de dimensiones similares, «aprovechando las sinergias del negocio de periódicos regionales», como se afirma en el expediente. Y sin duda lo logró. Actualmente las radios Positiva y Digital suman 47 estaciones repartidas por Chile y Digital ocupa entre el cuarto y sexto puesto de sintonía nacional. Prácticamente un imperio, forjado soslayando, eso sí, la ley a la que está obligado a someterse cualquier otra persona con interés de obtener concesiones de radio.
Específicamente, la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) autoriza a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para que tres veces al año llame a licitación para adjudicarse las concesiones radiales que se le hayan solicitado o hayan caducado. Este proceso se lleva a cabo en el primer mes de cada cuatrimestre y la decisión se toma convocando a un «beauty contest» (concurso de belleza) donde se compara la factibilidad técnica de cada proyecto y si no hay diferencias entre los que postulan, se elige el que ofrezca el mejor precio.
Precisamente, gracias al precio es que CRV, la cadena ligada a El Mercurio, ganó por lejos las licitaciones donde se presentó. Pero lo irrisorio de las cifras levantó las sospechas de la FNE. En su presentación al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) la fiscalía afirma que «dichas licitaciones fueron adjudicadas a un precio menor al que hubiera resultado de un proceso competitivo, con todo lo cual lograron impedir, restringir y entorpecer la libre competencia en tales licitaciones».
Para concretar este proceso de expansión, en octubre de 2003 los propietarios de Diarios Regionales (accionistas de CRV), firmaron un contrato con la sociedad Transco S.A. para formalizar «la venta de espacios radiales de 20 concesiones a lo largo del país, con todas las instalaciones que se requieren para el funcionamiento de la red radial», según consigna el expediente de la FNE.
Transco S.A. es una sociedad formada en partes iguales por Cristián Wagner Muñoz y Claudio Toro Arancibia. Wagner fundó la radio Finísima a mediados de los ’80 y hasta 2002 fue gerente del Consorcio Radial de Chile, la «primera piedra» del grupo español Prisa, que hoy es el controlador más grande del mercado radial convertido en Iberoamericana Radio Chile.
El manejo de Wagner en el mercado radial pesó a la hora de nombrarlo representante legal y gerente de operaciones de CRV. Junto a Claudio Toro ejecutaron «al menos desde 2006», según afirma la fiscalía en su requerimiento, los convenios que dieron origen a la acusación en curso.
El expediente recoge al menos nueve ejemplos de cómo CRV, ligada a El Mercurio, logró convertirse en una cadena regional. Para adjudicarse las localidades de Alerce (X Región) y Coyhaique se acordó ante notario en 2007, que la empresa dueña de las concesiones (Altronix) «cedería sus derechos de participación» a favor de CRV a cambio de $10.000.000. Igual Altroniz se presentó a la licitación con una oferta de $50.000 contra la de CRV que se adjudicó cada una de las concesiones por $150.000
Luego, el 30 de octubre de 2008, días antes de que se hiciera una licitación para ganar un espacio de transmisión en Iquique, Claudio Toro acordó con el representante de Inversiones San José su derecho a postulación, previo pago de $28.500.000. La gestión se hizo a través de Santa Ignacia, una sociedad ligada a CRV. Paralelamente negoció en forma verbal un trato similar para ganar la licitación en La Serena.
Finalmente Santa Ignacia se adjudicó Iquique por $150.000 y luego Pichilemu, después de pagar $1.500.000 a Duplex, otra sociedad que hizo una oferta por $80.000. La FNE logró determinar que Santa Ignacia «no ha sido un competidor de CRV sino un representante de sus intereses, burlando de esta forma las bases de licitación de la Subtel, que prohíbe presentar más de una solicitud por persona jurídica».
En efecto, Claudio Toro que era dueño de Santa Ignacia, hizo su negocio cediendo a CRV las concesiones en Iquique, Pichilemu y Antofagasta en $98.700.000.
A través de Transco, sociedad también de Toro y Wagner, según antecedentes de la FNE, el brazo radial de El Mercurio se adjudicó concesiones en otras cinco localidades aparte de las ya detalladas
Con estos hechos probados, la FNE presentó el 7 de octubre una demanda en el Tribunal de Libre Competencia contra todos los involucrados y pidió multas en Unidades Tributarias Anuales que suman US$8,2 millones. La abogada Gabriela Morales del estudio de Gabriel Zaliasnick, que representa a Wagner y otros requeridos, se muestra tranquila, a pesar de que ayer el TDLC rechazó una «excepción dilatoria» que pretendía comprobar la «ineptitud del libelo» ya que «la fiscalía pide multas bastante disímiles sin especificar por qué». De todas formas, tenemos quince días para contestar el libelo. Luego viene la vista de la causa y los alegatos antes de la sentencia. El juicio puede durar un año» asegura la abogada.
