La entidad revisora cuestionó a la filial de Sipetrol constituida en Uruguay que servía de ventana para hacer negocios en Egipto, aduciendo que una empresa fiscal no puede usar esta figura comercial de tipo “especulativa”. El informe también hace mención a la colusión de empresas compuestas por ex funcionarios de la ENAP para ganar licitaciones. Otro ítem son las 14 firmas ligadas a la estatal que presentan pérdidas desde su creación, entre otras irregularidades.
Sociedades de papel en el extranjero -cuya creación vulnera la ley- millonarias pérdidas de empresas relacionadas, colusión de empresas para ganar licitaciones, la imposibilidad de recuperar US$ 1 millón de una empresa panameña y desorden financiero detectó la Contraloría en la Empresas Nacional del Petróleo (ENAP).
De acuerdo al último informe del organismo que analizó el período 2006-2008, de la administración del PS Enrique Dávila -que publica El Mostrador– existen además una serie de empresas relacionadas que sólo provocan pérdidas al Estado, convirtiendo a esta firma de hidrocarburos en un elefante blanco.
Debido a varias situaciones irregulares, la entidad fiscalizadora ordenó al menos dos sumarios, debido al mal uso de los recursos estatales y a la falta de transparencia de los procesos de licitación.
Esta no es la primera vez que la ENAP aparece cuestionada. En octubre de 2009 se conoció un informe reservado de la misma Contraloría enviado a la Cámara de Diputados, donde se revelaba los viajes irregulares de Dávila con una de sus subalternas a balnearios sin que hubiera justificación para ello.
Uno de los problemas que la Contraloría encontró hace mención a la Sociedad Internacional Petrolera (Sipetrol).
Creada en 1990, tenía como propósito desarrollar actividades de exploración y producción de hidrocarburos en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios en el exterior. En la actualidad “realiza actividades productivas en Argentina, Ecuador y Egipto y además controla la concesión de un bloque petrolero (Mehr) en Irán”.
Esta firma mantiene filiales y sucursales en Argentina, Reino Unido, Ecuador, Egipto y Uruguay. Sin embargo, la Contraloría cuestionó a estas tres últimas señalando que la estructura “no se ajusta a la realidad de la empresa”, ya que no tiene un funcionamiento definido, por no contar con directorio, personal ni recursos.
Hasta allí todo parecía un problema administrativo, sin embargo, los fiscalizadores se detuvieron principalmente en el caso de Uruguay y “se comprobó que no existe ninguna actividad productiva de exploración o producción que justifique la presencia de la empresa”.
[cita]Lo más complejo de los argumentos del organismo fiscalizador, en todo caso, vendrían más adelante en el informe, cuando califica que la sociedad que funciona en Uruguay tiene las características de una “empresa de papel”.[/cita]
“Más aún, del análisis de la escritura de constitución de la sociedad en ese país, se desprende que no existe claridad respecto de las actividades a emprender, así como tampoco de su composición societaria, de quiénes la conforman ni del grado de participación; a lo anterior debe agregarse el hecho que su creación obedece a un acuerdo de cambio de nombre de una empresa uruguaya cuyo giro no corresponde al de hidrocarburos”, dice el informe.
Sipretol Chile respondió que se trataba de una Sociedad Anónima Financiera de Inversiones, “constituida como vehículo de inversión para los negocios de exploración y producción en el Medio Oriente, canalizándose a través de ésta las inversiones en los proyectos en Egipto”. Toda vez, dijo la ENAP, que mediante esta firma, se cuidan mejor los recursos del Estado.
Para la Contraloría la respuesta no fue suficiente. Cuestionó así varios aspectos, e indicó que en la ley Orgánica de la ENAP no existe “ninguna facultad para crear sociedades de este tipo, que aparecen como de carácter especulativo”.
Asimismo explica que en Uruguay no hay personal “que realice labores permanentes en esa nación, al servicio de dicha empresa, salvo un abogado asesor, pero que tampoco contaría con oficina, propiedades o activos fijos a nombre de la empresa para desarrollar sus labores”. Y agrega que los estados financieros al 31 de diciembre de 2008, “se identifica a la filial de Uruguay con saldos importantes en cuentas como Deudores por Ventas, Construcciones, Obras de infraestructura, Maquinarias y equipos, entre otras, junto al hecho que tampoco desarrolla ninguna actividad productiva”.
ENAP respondió no estar de acuerdo con este cuestionamiento debido a que existe un contexto internacional de cómo operan este tipo de inversiones, pero la Contraloría le mantuvo la observación.
Lo más complejo de los argumentos del organismo fiscalizador, en todo caso, vendrían más adelante en el informe, cuando califica que la sociedad que funciona en Uruguay tiene las características de una “empresa de papel”.
De esta manera, Sipetrol se apartó de la normativa que debe usar cualquiera empresa del Estado, ya que usó a una sociedad privada uruguaya -Onclir S.A.- cuyos estatutos no hablan de actividades ligadas a los hidrocarburos.
“Tampoco resulta entendible y aceptable que ante el reproche de la inexistencia de actividades productivas, de oficinas, de personal y de recursos de SIPETROL INTERNATIONAL S.A. en Uruguay, se plantee que ello no resulta necesario, pues es sólo intermediaria de actividades operacionales desarrolladas en Egipto, lo que hace aparecer a esta sociedad como una sociedad de papel, más aún si no se ha identificado una estructura orgánica, a quiénes ejercen su administración, las funciones que ejercen y las actividades que desarrollan en ese país”, estimó la Contraloría. Por esta razón “no aparece como justificada la existencia de esta última sociedad”.
En su extenso informe de 124 páginas, la entidad revisora encontró un contrato que la ENAP realizó con la consultora M&SG Limitada, que operó desde octubre de 2006 a igual fecha en 2008, y que prestó apoyo a la gerencia de producción para materias ingenieriles ligadas al petróleo.
La Contraloría analizó la licitación y determinó que hubo tres consultores que participaron de este proceso.
Alfonso Mella, de M&SG; Jorge Morales, de Inter-American Servicios y Claudio Olguín, de Interservices S.A. Esta última decidió no participar. Quien ganara recibiría un pago de más de $ 500 millones. Luego de analizar las carpetas de los oferentes, finalmente ganó M&SG. Hasta allí nada parecía irregular, pero al revisar con detención, los fiscalizadores se encontraron con varias sorpresas.
Por ejemplo, Jorge Morales participó en las dos firmas. Primero se presentó como gerente general de Interamerican “y, al mismo tiempo, incluyéndose como parte integrante del equipo de profesionales presentados por la empresa adjudicada M&SG Ltda”. Además, todos los miembros de las sociedades trabajaron en la ENAP o en sus empresas coligadas.
“Las situaciones expuestas afectan la transparencia de las operaciones y de los procesos licitatorios convocados por la empresa”, señala el informe.
Pero en septiembre de 2008 hubo una nueva licitación por estos mismos servicios. Participaron las mismas empresas, junto a Magallanes Energy y Geolec Chile. Nuevamente M&SG volvió a ganar. Al 16 de octubre del año pasado esta firma había recibido pagos por más de $ 400 millones.
La ENAP, en sus descargos, respondió que el mercado para este tipo de servicios es muy restringido y que la mayoría de los profesionales que pueden desempeñarlo han adquirido su experiencia en la estatal.
Esta explicación no sólo fue insuficiente para la Contraloría, sino que además ordenó realizar un sumario para establecer las responsabilidades administrativas.
La figura detectada es muy similar a la descubierta por el organismo fiscalizador en el Sectra del Ministerio de Transporte en 2009, encargado de las políticas del Transantiago, donde las mismas empresas, ligadas a un holding, siempre ganaban los proyectos licitados por la repartición.
En el informe, la Contraloría analizó la situación de 14 empresas ligadas a la ENAP que sólo implican millonarias pérdidas para el Estado y con un bajísimo nivel de retorno de la inversión.
Como ejemplo, el documento cita a “Chile de Petroservicios Corp S.A.”, que desde su creación a mediados de los 90, hasta la fecha, sólo ha presentado números negativos, sumando hasta el 31 de octubre de 2008 una pérdida de $ 247 millones.
Esta firma debió ser cerrada en 2005 por la misma situación y pese a que fue aprobada dicha fórmula por el directorio de ENAP, hasta ahora ello no se ha materializado.
Otro caso es Innergy Holding S.A. que al 31 de diciembre de 2008, permite detectar un patrimonio total negativo de US$28 millones, “suma que prácticamente se duplicó en relación con el año anterior, con US$ 14 millones”.
“Además de presentar patrimonio negativo en sus últimos ejercicios, arroja pérdidas en sus resultados desde el año 2001. De igual forma, la participación societaria de ENAP refleja pérdidas de US$ 8 millones 800 mil y de US$ 6 millones 183 mil, en los dos últimos años”, sostiene el informe. Y aunque la empresa envió sus descargos, estos no fueron aceptados por el organismo.
El informe también da cuenta de malos negocios de la ENAP. Se trata de un vínculo creado con la empresa panameña Missano Inc., que adeuda la no despreciable suma de US$ 1 millón.
Básicamente, la deuda apunta a la cesión de crédito de la estatal a Missano Inc., respecto de la sociedad mexicana Comsertec, cuyo monto fue de US$ 7 millones.
El precio de la cesión del crédito fue de US$ 2.2 millones y quedó un millón pendiente, el cual nunca ha podido ser cobrado por la ENAP. Pese a que el 30 de enero de 2008 ganó una casación en la Suprema. Insólitamente, cuando se quiso ejecutar los efectos del fallo, Missano Inc. no tenía bienes que embargar. Por lo tanto, la ENAP deberá castigar la deuda y dar por perdido el dinero.
En todo caso, la Contraloría, respecto de este tema no hizo cuestionamientos y levantó la observación.
Dentro de la fiscalización, la Contraloría también encontró falta de control con temas relacionados al riesgo y seguridad operacional.
De hecho, durante la evaluación se produjo un fraude realizado por un funcionario de la gerencia general que burló la seguridad del sistema y los controles internos existentes.
“Frente a tal hecho, la administración adoptó las medidas del caso para perseguir las responsabilidades pertinentes y, para implementar los controles necesarios para reforzar la seguridad del sistema”.
Por último, la Contraloría ordenó otro sumario. Lo anterior, porque acreditó que desde 2005 existían más de $ 151 millones en viáticos, cuyas rendiciones estaban pendientes.
Si bien el año pasado ENAP logró reducir a la mitad el monto anterior, el organismo mantuvo la observación.
“Por lo tanto, ésta observación debe mantenerse, pues no resulta aceptable que haya funcionarios que se mantengan por largo tiempo sin dar cuenta de sus anticipos de viáticos, correspondiendo por lo mismo que se disponga un proceso disciplinario para establecer las responsabilidades que les afectan por el referido incumplimiento”, concluye el documento.
