En su testimonio ante la perseguidora, el ejecutivo de Tottus -el supermercado de Falabella-, asegura que pagó 6 mil UF al intermediario Nabil Mansour, como parte de una comisión legal para arrendar el terreno, donde finalmente en octubre de 2007 se instaló una sucursal de la empresa del retail. En tanto, los abogados del edil de Colina, Mario Olavarría, insistieron en que su cliente se halla en medio de una guerra comercial entre la multitienda y DyS.
A sólo días de que la fiscal Alicia Ascencio formalice al vicepresidente ejecutivo de la cadena de supermercados Tottus -cuyos dueños son el clan Solari, los mismos de Falabella- por el delito de soborno en favor del alcalde de Colina, el UDI Mario Olavarría, las aguas están revueltas, ya que junto a los dos anteriores también serán imputados ante el tribunal de garantía el ex asesor del edil, Domingo Soto, y el empresario Nabil Mansour. Lo anterior, porque de acuerdo a la perseguidora las 6 mil UF que pagó Leyton habrían ido a parar a las arcas del jefe comunal para asegurar la instalación de una nueva sucursal del retail en la comuna.
Hasta ahora, lo único conocido era el acta de formalización que Ascencio entregó al tribunal de garantía, donde se detallaban los hechos, principalmente relatados por los ejecutivos de DyS -firma que postuló al mismo negocio y no ganó- y que revelaron el supuesto cobro de una coima para Olavarría solicitada por el “intermediario” Nabil Mansour.
Pero el escenario cambió ayer bruscamente cuando el Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió presentar una querella criminal.
El Mostrador accedió a las declaraciones de tres de los imputados -menos la de Mansour que se ha negado a prestar testimonio- donde cuentan los detalles de la “operación comercial”, como también el periplo de los dineros que investiga la Fiscalía. Hoy revelamos la de Leyton.
Leyton fue interrogado junto a su abogado, Leonardo Bataglia, el 16 de diciembre de 2008 por el primer fiscal de la causa, Pablo Ortiz.
Junto con relatar las circunstancias de la venta de su empresa, Supermercados San Francisco, a Falabella en 2004, Leyton reveló también que conocía a Mansour desde hace varios años, debido a que le ofreció terrenos de la Quinta Región para construir otras sucursales, proyectos que finalmente no prosperaron.
Debido a ese vínculo generaron una reunión con el alcalde Olavarría, la que se realizó en el municipio. Allí estaba Leyton y Mansour, como también Domingo Soto, el ex asesor del edil.
Según Leyton, Mansour guardó silencio mientras que Olavarría les explicaba las condiciones de las “bases de la oferta”.
Leyton, en todo caso, ya conocía perfectamente que la “comisión de corretaje” eran las 6 mil UF cuestionadas por la Fiscalía, ya que se había reunido, antes de hablar con el alcalde, con el “intermediario” Mansour.
[cita]»Yo pagué con dineros propios y luego cobrarle a San Francisco Buin S.A. (Tottus), ya que quería presentar ante Falabella buenos resultados, esto en miras al balance de fin de año».[/cita]
“A su pregunta: Nabil Mansour al presentarme el proyecto de Colina, antes de la reunión con el alcalde, me indicó que el negocio implicaba el pago de una comisión de la gestión inmobiliaria por un monto de 6 mil UF. Este monto lo justificó señalando que existían estudios de cabida, estudios de impacto vial por el proyecto de Colina, estudios los cuales yo no vi. A su vez indicó que existían otros interesados en los terrenos”, declaró Leyton.
El vicepresidente ejecutivo del supermercado de Falabella, aseguró que la oferta y el pago de la “comisión” contó con la aprobación del directorio de la empresa del retail, a quien se le presentaron “todos los gastos inherentes, los que incluían una gestión inmobiliaria”.
Sin embargo, dijo, se omitió “detallar quién era el gestor inmobiliario que iba a recibir este pago”.
Uno de los aspectos en los que centra la formalización la fiscal Ascencio es en el pago de las 6 mil UF. Al respecto, Leyton explicó la operatoria que, a su juicio, no tiene nada de irregular.
Según el ejecutivo, usó una de sus empresas familiares –Inmobiliaria Monte de Asís- para pagar las 6.000 UF, “ya que los resultados de los meses de noviembre y diciembre no habían sido óptimos… a su vez no existía contablemente un centro de costos asociados al proyecto”.
“Yo pagué con dineros propios y luego cobrarle a San Francisco Buin S.A. (Tottus), ya que quería presentar ante Falabella buenos resultados, esto en miras al balance de fin de año”, reconoció Leyton. Los cheques de Inmobiliaria Monte Asís (fueron dos), se giraron por un monto total de 119.631.135 (bruto), este egreso se justificó con una boleta de honorarios del señor Mansour y una factura de su empresa Aginva. Desconozco por qué motivo presentó dos documentos de contribuyentes distintos. Luego el señor Mansour presentó dos facturas a San Francisco Buin S.A, logrando la emisión de dos cheques de la compañía, cada uno por un monto de alrededor de $ 59 millones, los cuales en definitiva fueron depositados en la cuenta de Inmobiliaria Monte de Asís, entre los meses de mayo y junio de 2007”, reconoció.
Para la fiscal Ascencio este traspaso de dinero es una de las convicciones principales para sostener que hubo un pago de coima a Olavarría, porque Mansour después transfirió la plata a Soto y este último le habría entregado de a $ 2 millones mensuales por más de un año, hasta completar su parte.
En círculos cercanos a Leyton, aseguran que es inocente de los cargos que se le imputan y que todo quedará demostrado más adelante.
Sin embargo, la presencia del CDE en este caso pone las cosas color de hormiga para los defensores, tanto de Leyton, como para Olavarría, Soto y Mansour, ya que es sabido que este organismo es un querellante tradicional que siempre busca maximizar la acción penal y que trabaja mancomunadamente con el Ministerio Público.
Ayer en tanto, Matías Balmaceda, patrocinante de Olavarría sostuvo nuevamente, esta vez al diario El Mercurio que su cliente es el jamón del sándwich de una guerra comercial entre DyS y Tottus, ya que los primeros no ganaron el negocio para instalar un supermercado líder.
Los datos aportados por Balmaceda se basan en dos cartas enviadas por DyS, donde confirman el pago de las 6 mil UF hasta ahora comprobadas como el cobro del “beneficio económico”.
