El abogado de la firma, José Miguel Gana, hizo una presentación el pasado 3 de mayo, donde manifiesta sus sospechas respecto de cómo la Fiscalía Nacional Económica se enteró de una reunión privada -con día, hora y lugar- que sostuvo con una renombrada académica de la UC, que sería testigo en el caso. El profesional apuntó a que la entidad perseguidora podría estar usando erróneamente las facultades que le otorga la ley, con el fin de afectar el debido proceso.
Aunque el caso de la colusión de las farmacias ha salido de las primeras páginas de los diarios, en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la guerra judicial entre la cadena Cruz Verde y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) está que arde.
El pasado 3 de mayo, el abogado que patrocina a la empresa, José Miguel Gana, ingresó un escrito en donde acusa al organismo perseguidor de “amedrentar” y “hacer seguimientos” a testigos y abogados que participan en el juicio (ver documento adjunto).
Los hechos que planteó Gana se remontan al 28 de mayo pasado, cuando Cruz Verde presentó a una testigo, la académica de la Universidad Católica María Elina Cruz, quien preparó un informe sobre la visión de la empresa para descartar la tesis de la FNE sobre la concertación de precios.
Cuando le correspondió a la FNE hacer las preguntas sobre “credibilidad y verosimilitud” a la especialista, los abogados de Cruz Verde se sorprendieron. El funcionario de la FNE la inquirió respecto a si había sostenido una reunión con Gana en su oficina. La mujer contestó afirmativamente, explicando que lo hizo para obtener algunos datos faltantes.
Pero según Gana, las cosas cambiaron de color cuando el abogado de la FNE fue incluso más allá, profundizando en su interrogante: “Para que diga la testigo si concurrió a las oficinas del abogado José Miguel Gana , ubicada en Isidora Goyenechea 3477, piso 14, el día martes 25 de mayo de 2010, cerca de las 19 horas”.
Uno de los testigos del episodio, confidenció que los abogados de Cruz Verde quedaron sorprendidos del nivel de información que manejaba la FNE respecto de una reunión, que si bien es cierto nada tiene de ilegal, no había sido filtrada.
En este sentido, Gana fustigó duramente a la FNE en su presentación, apuntando a que el hecho podría configurar una falta al debido proceso, y que la información sólo pudo haber sido obtenida “por vía de seguimientos a testigos y abogados”.
Este diario intentó obtener una versión oficial de parte de la FNE, pero se indicó que no se harían comentarios. Sin embargo, informalmente, se explicó que la acusación de Gana carecía de fundamentos y que la denuncia no era más que una estrategia dilatoria. Además, que cualquier actividad que realizan como organismo perseguidor de las malas prácticas de las empresas, se apegan al procedimiento establecido en la ley, aunque no se aclaró cómo se enteraron de la reunión.
El proceso por colusión en contra de Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand se inició en 2008, luego de una denuncia presentada por el Ministerio de Salud ante la FNE, organismo que formalizó los hechos en diciembre del mismo año ante el TLDC. En un principio las imputadas cerraron filas en torno a su inocencia, pero en 2009 hubo un giro radical en la estrategia de defensa de Farmacias Ahumada, que muy pocos esperaban. La firma resolvió “confesar” y acogerse a la figura de la “delación compensada”, para evitar una multa mayor y mitigar el consabido desgaste comunicacional.
[cita]Gana fustigó duramente a la FNE en su presentación, apuntando a que el hecho podría configurar una falta al debido proceso, y que la información sólo pudo haber sido obtenida “por vía de seguimientos a testigos y abogados”.[/cita]
Ahumada fue sancionada con una multa de US$ 1 millón y la Suprema aprobó la transacción, toda vez que la firma devolvió los dineros a los consumidores que se vieron afectados por esta alza de precios coludida. En todo caso, la salida elegida por FASA, que ahora fue vendida a un importante holding mexicano, no evitó que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) le aplicara una multa a sus ejecutivos por $ 123 millones en enero pasado.
Sin embargo, tanto Salcobrand como Cruz Verde han seguido en la pelea con la FNE en el TDLC y, en una arista paralela, la Fiscalía Centro Norte lleva la investigación penal en contra de los ejecutivos de todas las empresas desde fines del año pasado.
Por esta razón es que el propio Gana, como una estrategia para saber qué han declarado los empleados de los laboratorios en dicha indagatoria, solicitó al TDLC que se oficie al fiscal a cargo, Luis Inostroza, para que remita los testimonios que entregaron entre marzo y abril de este año en calidad de imputados.
Entre los que figuran en la lista están: Fernando Alvala (Maver), Mauricio Bravo (Pharma), Fernando Solovera y Cecilia Rojas (Laboratorios Chile); Marcelo Flores y María José Montenegro (Recalcine); Mario Zemelman (Medipharm), Cristian Cordero (Glaxo Smithkline), Esteban Gaete (Johnson y Johnson), Paulina Arriagada (Garden House), Mauricio Muñoz (SMB Pharma) y Jeannette Amestoy (Allergan).
Actualmente, la FNE es dirigida por el abogado Felipe Irarrázabal, quien ha sido cuestionado por eventuales conflictos de interés, ya que cuando era socio del estudio Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner, tramitó precisamente causas ante el TDLC de empresas acusadas por el organismo perseguidor.
De hecho, hace unas semanas, luego de una publicación de este diario respecto al vínculo familiar que lo complicaba para resolver una denuncia en contra de Easy, Construmart y Sodimac, se vio forzado a abstenerse de conocer los hechos y los derivó a un subalterno.
