«Para el Gobierno chileno este es un muy buen primer paso tras un proceso que ha llevado mucho tiempo», aseguró el secretario de Estado.
El canciller, Alfredo Moreno, se congratuló en México de la decisión de la Corte Suprema de Argentina de permitir la extradición a Chile de Galvarino Apablaza, ex jefe del subversivo Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que asesinó en Santiago al senador Jaime Guzmán.
«Para el Gobierno chileno este es un muy buen primer paso» tras un proceso «que ha llevado mucho tiempo», aseguró el canciller en referencia a los cinco años que ha tardado en ser resuelto por una Corte «en la que ya había una opinión favorable».
A partir de ahora, explicó que el Ejecutivo que preside Sebastián Piñera «esperará confiado lo que el Gobierno argentino», y a quien le corresponda, den los paso siguientes.
«Nosotros hemos estado desde siempre preocupados por que todos los que tuvieron alguna relación con estos crímenes lleguen a estar ante la Justicia chilena y puedan ser procesados como corresponde», añadió.
Moreno, de visita en México por la celebración del Bicentenario de su Independencia, expresó su satisfacción por el fallo judicial que permite «tener a Galvarino (Apablaza) en Chile» tras un proceso que definió como «lento».
De la decisión de la Corte argentina, destacó el considerando número 14, «que establece que no existe ningún antecedente de ningún tipo que haga pensar que se trató de un crimen político».
La Corte Suprema argentina autorizó la extradición del ex jefe del FPMR solicitada por Chile para juzgarlo por el atentado contra el senador cometido en 1991, precisó el Centro de Información Judicial, que aclaró que la decisión final de su extradición está en manos de la presidenta Cristina Fernández.
Un juez de la Corte de Apelaciones decidió reabrir este caso hace dos semanas, tras las declaraciones desde una cárcel brasileña de Mauricio Hernández Norambuena, condenado a cadena perpetua por el crimen del senador y que cumple una sentencia por secuestro en Brasil.
Hernández Norambuena afirmó que el FPMR estaba infiltrado por agentes del Gobierno y que dos miembros del grupo, Enrique Villanueva y Agdalín Valenzuela, quienes eran informantes del «Consejo de Seguridad Pública», participaron en la planificación y ejecución del atentado.
