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Golborne sortea con éxito primer gran desafío político y baja paro en Magallanes

Luego de las intensas negociaciones en las que el Ejecutivo estuvo representado por el biministro de Minería y Energía, se acordó mantener en 3,0 el alza del gas durante 10 meses y de acuerdo a la variación del IPC y con subsidios para 18.000 familias de menos recursos. [Actualizada]


Sólo un día después que el ministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, se hiciera cargo en representación del gobierno de las negociaciones con la comunidad de Magallanes por el precio del gas, las partes oficializaron un acuerdo que pone fin al paro general en la Duodécima Región que estuvo a pocas horas de cumplir una semana.

Esto, luego de intensas negociaciones no exentas de dificultades, incluida la posición inflexible que mostró el lunes la llamada Asamblea Ciudadana de Magallanes frente a la oferta del Ejecutivo de subir este año el valor del combustible en 3,0 por ciento y de mantener subsidios al 15 por ciento de la población más vulnerable para que el aumento de las tarifas no afectara sus bolsillos.

De hecho, el documento final rubricado esta tarde  establece el incremento del precio del gas en 3,0 durante los próximos 10 meses, a partir del 1 de febrero, de acuerdo a la variación del IPC en 2010, y subsidios para 18.000 familias de los sectores de menores recursos.

El 1 de marzo, además, se establecerá una mesa técnica que trabajará en la elaboración de un proyecto de ley con una propuesta de tarificación especial para esa zona limítrofe del país.

La noticia la dieron a conocer poco antes de las 17:00 horas el ministro Golborne, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla,  y dirigentes de la Asamblea Ciudadana de Magallanes, con la presencia dela intendenta intendenta Liliana Kusanovic y otras autoridades y representantes de distintas organizaciones.

«Tenemos la satisfacción de anunciar que hemos llegado un acuerdo amplio para detener el paro en la Región de Magallanes» expresó Golborne agradeciendo a los representantes ciudadanos quienes «han planteado sus propuestas con gran seriedad, con gran responsabilidad y altura de miras».

Las dificultades del biministro

El acuerdo se produce después que anoche Golborne enfrentara la furia de una multitud que lo esperaba anoche en las afueras de la radio Polar, ubicada en un céntrico sector de Punta Arenas, donde luego de ofrecer una entrevista debió salir fuertemente escoltado por personal de Fuerzas Especiales de Carabineros y en medio de una lluvia de insultos que se transformaron luego en proyectiles contra el vehículo en el que se desplazaba. La situación, sin embargo, no pasó a mayores y fue atribuida por el propio Golborne a través de Twitter a la acción de «unos pocos exaltados».

Pero con el correr de las horas se comenzó a despejar el camino para el ministro más popular del gabinete, quien el domingo asumió como biministro tras la salida del ahora ex titular de Energía, Ricardo Raineri. Esto, por el acercamiento de las partes durante la mañana que dio origen al documento que firmaron las partes esta tarde.

De hecho, antes que esto fuera oficial, los camioneros comenzaron a despejar las rutas bloqueadas que comunican a distintas zonas de la región y simultáneamente fue creciendo la multitud de personas que se reunió en la Plaza de Armas de Punta Arenas para celebrar el exitoso fin de la movilización.

Todos satisfechos

Antes de conocerse el acuerdo final, el alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica dijo a la radio Cooperativa que mantenía su posición contraria al alza del gas y manifestó que la fórmula que se acordó acoge el alza del 3,0 por ciento bajo ciertas condiciones «para discutir una ley que permita contar con una tarifa permanente para el gas en Magallanes y no tengamos que discutir al respecto todos los años».

Mimica, además, mantenía su posición contraria a la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en la zona dispuesta por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

Este último celebró en La Moneda el acuerdo alcanzado, al tiempo que defendió la aplicación de la cuestionada normativa, indicando que su vigencia no impidió el acercamiento entre las partes. Esto, a su juicio, demuestra que «no es incompatible el diálogo con el respeto del orden público».

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