Se trata en total 83.863 personas, según un catastro realizado en 2011, que viven en 657 asentamientos irregulares, la mayoría de ellos instalados en zonas urbanas, que carecen de electricidad, agua potable o sistema de alcantarillado.
El gobierno quiere erradicar de aquí a 2015 todos los campamentos del país, que actualmente son el precario hogar de 27.400 familias sumidas en la extrema pobreza, según afirma el delegado presidencial para Aldeas y Campamentos, Felipe Kast.
«Son menos del uno por ciento de la población, pero Chile se ha puesto como desafío el ser uno de los primeros países de Latinoamérica en terminar con la pobreza extrema», señala Kast.
Se trata en total 83.863 personas, según un catastro realizado en 2011, que viven en 657 asentamientos irregulares, la mayoría de ellos instalados en zonas urbanas, que carecen de electricidad, agua potable o sistema de alcantarillado.
Cuenta Kast que el primer catastro de campamentos se realizó en 1985, pero fue a partir de los años 90, con el despegue económico del país, cuando se agudizó la emigración del campo a la ciudad y estos asentamientos, existentes desde las primeras décadas del Siglo XX, crecieron en número y extensión.
En 1996 se implementó el Programa Chile Barrio, dedicado a erradicarlos. En ese año había 60.000 familias en campamentos, y desde entonces se entregaron 8.000 subsidios anuales para ofrecerles una salida alternativa, explica el alto funcionario.
Pero en 2005 el Gobierno del socialista Ricardo Lagos «cambió su política de vivienda y dejó de darle prioridad a los campamentos». «Ese fue el error: terminar el programa sin terminar con los campamentos», opina Kast.
Según explica, los habitantes de campamentos tuvieron entonces que competir por esas ayudas con solicitantes de vivienda que tenían otro tipo de problemas, y los subsidios para campamentos se redujeron de 8.000 a 1.800 al año.
El resultado fue un incremento en estos asentamientos, ya que, a pesar de que muchas familias podían abandonarlos, continuaban llegando otras personas a instalarse en ellos. «Siempre hay un flujo de entrada. Mis cálculos son que cada año entran unas 2.000 familias», apunta Kast.
De acuerdo con sus datos, el número de grupos familiares que vivían en ellos aumentó de 20.000 a 28.000 entre 2007 y 2010, año que paradójicamente el país se había puesto como meta para terminar con estos asentamientos.
«Creo que fallamos como sociedad. Había una gran campaña para terminar en 2010 con los campamentos, y no solo no terminaron sino que aumentaron», recalca el delegado presidencial.
La situación empeoró con el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, que provocó que otras 4.000 familias tuvieran que abandonar sus casas, destruidas total o parcialmente, y trasladarse a aldeas de emergencia, compuestas por pequeñas casas prefabricadas.
«De esos 4.000, la mitad ya está fuera de los campamentos y el resto ya tienen su solución en camino. Además, todos ellos tienen la posibilidad de arrendar una vivienda sólida, para que no tengan que esperar a tener su casa terminada, por aproximadamente 300 dólares al mes que el Gobierno financia», indica Kast.
Fue apenas dos semanas después de esa catástrofe, con la asunción del Presidente Sebastián Piñera, cuando Felipe Kast asumió, con 32 años, la cartera del Ministerio de Planificación, la misma que su padre, el fallecido Miguel Kast, dirigió también en los años 80.
Desde esa repartición, Felipe Kast dirigió los esfuerzos del Gobierno por atender a la población con menos recursos, una labor que desde julio de 2011 continúa como delegado presidencial para Aldeas y Campamentos, desde donde debe coordinar las acciones de siete ministerios en esta materia.
«El año pasado volvimos a generar una institución dentro del Estado que se dedica a los campamentos. En los últimos cinco años se entregaban 1.800 soluciones al año. En 2011 logramos duplicarlas y llegar a 3.600 y este año queremos llegar a 9.000», explica Kast.
Así, este año pretenden cerrar 50 asentamientos, y el próximo, 150. «Con ese nivel de inversión social -9.000 soluciones equivalen a unos 200 millones de dólares anuales- esperamos terminar con los campamentos en 2015», recalca.
No obstante, para eso también tienen que lograr que las 2.000 familias que cada año entran a los campamentos decidan irse a una vivienda definitiva.
Para esa tarea cuentan con la contribución de «Un techo», una organización no gubernamental que ha levantado miles de viviendas para gente de escasos recursos.
«Estamos muy coordinados con ellos (…) y creemos que es muy importante que el combate a la pobreza no sea solo un rol del Estado, pero el rol del Estado no se puede sustituir», zanja con determinación, dispuesto a culminar esa ingente tarea.
