«Se trató de una gran visita desde una perspectiva de la seguridad y los derechos humanos», afirmó el secretario de Estado en una entrevista en la que entregó detalles del viaje que realizó a La Paz, donde se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Aldurralde; con el ministro de Gobierno (Interior); y la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón.
Cuentas alegres sacó el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, sobre su reciente visita a Bolivia donde trató junto a autoridades locales el próximo traslado de 451 reos bolivianos condenados que se encuentran en cárceles chilenas, y que luego de recibir el beneficio del indulto, a fin de este mes viajarán de regreso a su país en un operativo sin precedentes por su magnitud.
«Se trató de una gran visita desde una perspectiva de la seguridad y los derechos humanos», afirmó el secretario de Estado en una entrevista en la que entregó detalles del viaje que realizó a La Paz, donde se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Aldurralde; con el ministro de Gobierno (Interior); y la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón.
Al recibir a Agencia UPI en sus oficinas del Ministerio de Justicia, Teodoro Ribera explicó que «hubo mucha concordancia en los temas; hubo una gran disposición en las autoridades bolivianas y vimos además un espíritu de colaboración, porque ellos entienden que este tema tiene relación con la seguridad y Derechos Humanos».
El secretario de Estado afirmó además que en el tema de la seguridad es vital lograr que las personas se rehabiliten y reinserten. «Eso es posible sólo en la medida de que las personas tengan redes sociales y familiares que los acojan y nosotros necesitamos incrementar nuestra seguridad y la gente que no cumple esos requisitos tenemos que enviarlas a los países de origen», indicó.
Asimismo, Ribera explicó que para ello se estuvo en permanente coordinación con las autoridades bolivianas junto a quienes debieron verificar los antecedentes de los trasladados, cotejar impresiones dactilares y otros antecedentes necesarios para la identificación.
Para el ministro Ribera el tema de los Derechos Humanos es vital en este tipo de medidas ya que, según dijo, «no sacamos nada con tener gente presa si esto no conduce a su rehabilitación y su reinserción».
PERFIL DE CONDENADOS
Al dar a conocer un perfil de los reos condenados bolivianos que viajarán de vuelta a su país, el ministro de Justicia expuso que «se trata de gente de bajo nivel de peligrosidad, primerizos, que han actuado principalmente como burreros y que luego de cumplir una parte de su condena en Chile van a retornar a Bolivia».
«Estamos hablando de 451 personas, de las cuales 110 son mujeres y el resto son hombres. Estas personas en un 100% es gente que ha sido detenida por narcotráfico y carecen de residencia legal en Chile», manifestó.
En cuanto a sus ciudades de origen, Ribera afirmó que provienen principalmente de Santa Cruz de la Sierra; en segundo lugar, Cochabamba; en tercer lugar de La Paz; y finalmente unos pocos vienen de Uyuni, región altiplánica ubicada en plena Cordillera de los Andes, próxima a Chile.
El secretario de Estado explicó que se trata de personas cuyas edades fluctúan entre los 20 y 50 años, que se caracterizan por poseer un bajo nivel de escolaridad y por no presentar una conducta criminal.
«Son el eslabón más débil del narcotráfico, no son gente experta para vencer barreras aduaneras, sino que son personas que buscan dinero rápido, cuya estructura interna no le hace percibir ni el desvalor de lo que realizan, ni el riesgo que asumen», dijo a UPI el ministro de Justicia.
Al referirse al encuentro que sostuvo con el ministro de Gobierno (Interior) boliviano, Carlos Romero, Ribera dijo que con él trató la forma cómo se implementará el traslado de los condenados hacia la frontera, quienes, según adelantó, van a salir a fines de este mes, el 28, 29 o el 30 de agosto.
«(Los reos) van salir desde Iquique a Colchane en un viaje de cuatro horas, luego van ingresar a Bolivia por donde hay un cuartel de la policía y continuarán hasta Oruro, que son cuatro horas más de viaje, por tanto es un viaje de ocho horas, lo que va ameritará que la población penal se embarque a primera hora de la mañana, tipo cinco o seis de la mañana, para que cuando lleguen a cuatro mil metros de altura (el traslado) se realice con luz y con un clima más favorable», afirmó.
Ribera subrayó que «estamos ya trabajando con las autoridades bolivianas para sobre la base de la información que les hemos proporcionado saber cuáles de estas personas tienen o no antecedentes penales o ordenes detención en Bolivia».
Además, manifestó que «en el caso del traspaso que hicimos a Perú, de las 259 personas que enviamos solo 13 tenían antecedentes penales y fueron por tanto enviados a Perú en un bus distinto para inmediatamente ingresar bajo resguardo de las autoridades peruanas».
El secretario de Estado dijo que esas personas, desde el punto de vista de la legislación chilena, traspasan la frontera y nuestro país se desliga absolutamente de lo que sucede con su privación de libertad. «Ellos quedan desde el punto de vista chileno libres, pero con prohibición de retorno al país durante los últimos diez años, si vuelven los vamos a meter presos», apuntó.
Igualmente sostuvo que durante su permanencia en La Paz «la prensa boliviana se mostró muy interesada en lo que estaba haciendo Chile en materia de resguardo de fronteras y yo les comenté del Plan Frontera Norte que ha implementado el Ministerio del Interior y cómo estamos destinando mayores fuerzas policiales, mayores controles fronterizos, visores nocturnos, aviones drones (pilotados remotamente) etc.», manifestó.
El ministro de Justicia informó que para las autoridades bolivianas fue muy interesante «ver cómo nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos para controlar el ingreso de estupefacientes y el ingreso de personas ilegales».
Teodoro Ribera indicó que «las requisiciones de droga que se han aumentado considerablemente, demuestran que las medidas han sido eficaces».
Pese a lo anterior sostuvo que no se debe ignorar que se está ante un hecho claro y objetivo que es que nuestros dos países de frontera norte «son los que concentran a nivel mundial la producción de cocaína».
FF.AA. Y EL COMBATE AL NARCOTRÁFICO
En otro orden el ministro de Justicia se mostró contrario al empleo de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. «Eso está fuera de la misión institucional y constitucional de las Fuerzas Armadas, (al igual que) su intervención en períodos de normalidad en el resguardo del orden interno», aseveró.
Ribera manifestó que «de acuerdo a la Constitución Política de la República las Fuerzas Armadas tienen por finalidad el resguardo de la Patria y eso comprende principalmente el resguardo de las fronteras».
El secretario de Estado ratificó que «solamente pueden participar en actividades internas una vez que se hayan declarados algunos de los estados de excepción constitucional, por tanto las Fuerzas Armadas no tienen funciones policiales ni tampoco de persecución del narcotráfico en ninguna de sus formas, salvo que éste adoptara características propias de estructuras militarizadas como en Colombia donde el narcotráfico es una cara de las FARC».
CONDENADOS DE OTROS PAÍSES
Considerando que ya se enviaron 259 condenados peruanos al Perú y se repatriarán otros 451 a Bolivia, el ministro Teodoro Ribera afirmó que los reos pertenecientes a otros países «no son significativos como para programar grandes estructuras de traslado».
La autoridad expuso que en el caso de Argentina son alrededor de 30 personas; de Colombia una cantidad menor; de España son 10; y el resto se descompone en reos de una serie de otros países de Europa, Asia y África.
Ribera afirmó que quienes se van a acoger a este beneficio corresponden una cantidad de entre 800 y 1.000 personas.
«En Chile hay 1.700 condenados extranjeros, de ellos postularon al beneficio 1.111 y hasta el momento hay 800 que ya han cumplido los requisitos para cogerse al beneficio», reveló, precisando que «esos 800 provienen de 28 distintas nacionalidades».
Teodoro Ribera manifestó que «ahora estamos siguiendo con los demás extranjeros y las personas que deban ser enviadas a países que no son limítrofes tienen que ser trasladadas en avión y cada uno de ellos tiene que ser acompañada con dos escoltas de acuerdo a los convenios de Aviación Civil».
Sobre los chilenos que cumplen condenas en penales de Perú y Bolivia, dijo que se trata de un número ínfimo que no amerita un traslado grande. «En Bolivia son alrededor de 26 chilenos los que están condenados y en Perú un poco más de 30, eso es porque la emigración chilena esos países es menor», concluyó el ministro de Justicia.
upi/so//
