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Sacerdotes de Pastoral Mapuche critican fallo en caso Mendoza Collío

Llamaron al Congreso Nacional dejar fuera de jurisdicción de la justicia militar, los hechos en que están involucrados civiles como víctimas. Tal proyecto de ley fue ingresado en 2007.


Sacerdotes católicos que forman parte de la Pastoral Mapuche criticaron el fallo en caso Mendoza Collío y llamaron al Congreso Nacional dejar fuera de jurisdicción de la justicia militar, los hechos en que están involucrados civiles como víctimas. Tal proyecto de ley fue ingresado en 2007.

“El 18 de Agosto nos enteramos de que la Corte Marcial revocó la condena de presidio contra Miguel Jara, autor del disparo que mató por la espalda a Jaime Mendoza Collío en 2009. Esto ocurre pocos días después que Paulino Levipán y Daniel Levinao, de 19 y 18 años, son condenados a 10 años de cárcel, por un enfrentamiento con Fuerzas Especiales de Carabineros en el que los únicos heridos fueron los dos jóvenes mapuche”, sostuvieron.

Agregando que “en el caso Mendoza Collío, la Corte Marcial avala que el actuar fue en legítima defensa, argumentando que el carabinero, estando solo, fue emboscado por un grupo de mapuches armados. Recordemos que testigos relatan que, entrando el Gope a desalojar el fundo, persiguen un largo trecho a los comuneros mientras estos arrancan. El peritaje de la PDI muestra que el balazo a Mendoza Collío entró por la espalda, y que los perdigones que tenía el chaleco del carabinero, fueron disparados sin que él lo tuviera puesto. Es decir, se hizo un montaje para que pareciera legítima defensa”.

“La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además del relator especial de Naciones Unidas sobre tortura y ejecuciones extrajudiciales, a propósito de casos por todo el continente, reiteradamente han manifestado que es fundamental en una democracia que los delitos cometidos por personal militar contra civiles, sean juzgados por tribunales civiles, aunque estos hayan ocurrido en actos de servicio”. En su informe 53/01 la CIDH plantea que “cuando el Estado permite que las investigaciones las dirijan los órganos potencialmente implicados, la independencia e imparcialidad se ven claramente comprometidas”, hicieron hincapié.

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