Existe consenso transversal en que es una necesidad
Aunque la mayoría de los legisladores aclara que lo sucedido con la diputada independiente Marta Isasi no tiene que ver con esta materia, sí aclaran que sí evitaría otros problemas de transparencia de las colectividades políticas. Senadores de todas las bancadas coinciden en que la única forma de cautelar los recursos que manejan las diferentes tiendas es a través de la entrega de recursos públicos, cuyo uso pueda ser fiscalizado por el Estado. Para el DC Patricio Walker esa “es la única forma de transparentar la relación incestuosa que existe entre política y dinero”. Fue la iniciativa ingresada este martes por el gobierno el que desató el debate, pues no contempla la medida en cuestión.
Una inquietud transversal recorrió este martes los pasillos del Congreso. Pasado el mediodía el Ejecutivo ingresaba en la oficina de partes del Senado el proyecto de modernización de los partidos, pero que no se hace cargo de uno de los más sentidos anhelos de la clase política: el financiamiento de las colectividades políticas. Un tema que, en el gobierno están conscientes de ello, es de lo más impopular entre la ciudadanía que mayoritariamente no milita. Sin embargo, uno de los que se más se repite como argumento para demostrar la “tremenda necesidad” de que se le entregue financiamiento público a los partidos políticos es que actualmente constituyen “una caja negra”, como los denomina el ex timonel de la UDI, senador Hernán Larraín. Quien plantea que la única forma de transparentar cómo se gastan los recursos que ingresan y de dónde provienen es que sea el Fisco el que los financie. Todo en medio de la polémica suscitada a raíz del reconocimiento público de Corpesca de haber entregado recursos a la diputada independiente Marta Isasi.
Según el Ejecutivo, la iniciativa ingresada “propone modernizar la Ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos en los siguientes sentidos: amplía las actividades propias de los partidos políticos, con el propósito de acercarlos más a la ciudadanía; facilita su constitución; contiene una mayor regulación para la tramitación de las solicitudes de afiliación y se introduce la categoría de los adherentes; efectúa algunas modificaciones a la estructura de los partidos; fortalece la democracia interna; incrementa la transparencia; establece un catálogo más extenso de derechos y deberes de los afiliados; hace algunos cambios menores en materia de disolución; y contempla un mejor sistema de controles, sanciones y recursos, destinados a hacer efectivos los derechos de los militantes, las normas sobre democracia interna, las obligaciones de publicidad y el respeto por la legalidad”.
En el mundo político se especula que es muy difícil que el gobierno avance hacia lo que la mayoría espera en orden a financiar a los partidos. Si bien el tema no está considerado en el programa de Sebastián Piñera, hay quienes creen que es un paso necesario en la modernización de la política, por lo que no descartan que más adelante el Ejecutivo se abra a la idea. Otros sostienen que desde la derecha prefieren que quede en la nebulosa quienes son los que aportan dineros a las colectividades y cuánto es lo que donan, “porque en la derecha es donde más reciben recursos”. Sea como sea con la iniciativa enviada este martes al Congreso, la autoridad cumple con otro de sus compromisos de campaña que es en lo que quiere avanzar todo lo que se pueda, antes del 21 de mayo, cuando –según se señala- el mandatario hará una reseña de los compromisos cumplidos de su administración.
Aún así para la mayoría de los legisladores, el proyecto “va en el sentido correcto”; no obstante, es “insuficiente, si no contempla el financiamiento de los partidos políticos”, como plantea derechamente el senador socialista Fulvio Rossi. En tanto, desde el punto del senador Larraín “el gobierno no quiere enviarlo (un proyecto de financiamiento de los partidos), porque no quiere tomar la iniciativa en ese sentido. Ello, porque es mal visto por la ciudadanía entregar recursos al mundo político, porque estima que muchos políticos buscan proyectar su carrera en beneficio propio y que los recursos irían a engrosar su pecunio”. Pese a estar consciente de eso, Larraín insiste en los beneficios que atraería a la política el financiamiento público de los partidos, ya que “hoy son una caja negra, por lo que es necesario avanzar hacia una mayor transparencia”. En un escenario con financiamiento estatal de los partidos “el Fisco tendría atribuciones para investigar y conocer el destino de los recursos y podría cautelar el uso que se le da a los mismos”.
Incluso más importante aún para el senador gremialista es el hecho de que adoptando el mecanismo de financiamiento público de los partidos “se eliminaría la dependencia de las colectividades de sus financistas. También sería un antecedente para efectos de eventuales inhabilidades y conflictos de interés”. Por lo demás, Larraín está convencido de que los montos destinados no debieran ser superiores 15 o 20 millones de pesos anuales a todos los partidos. Esto sin contar el financiamiento de las campañas políticas, pues ya existe la ley que las regula y financia, explica. Tan convencido está Larraín de que la iniciativa ingresada es insuficiente sin un financiamiento de los partidos que, en conjunto con la senadora DC Soledad Alvear, llamó al gobierno a legislar en esta materia. Para Alvear esto es “indispensable”, pues “la transparencia en la materia de financiamiento es clave en una democracia moderna y eso se logra a través del financiamiento público”.
Mientras que el también DC Patricio Walker, presidente de la Comisión de Constitución, lamentó que el gobierno no tomara la iniciativa de enviar un proyecto de financiamiento de los partidos, pues tiene la convicción de que “es la única forma de transparentar la relación incestuosa que existe entre política y dinero”. A su juicio, el hecho que no se conozca quienes son los donantes de las colectividades políticas, provoca que los políticos “sean influenciados e incluso se conviertan en rehenes por intereses económicos, y eso puede ser muy peligroso para la democracia. Incluso recuerda que el año 2011 una delegación de parlamentarios falangistas planteó al Ejecutivo una batería de reformas políticas que incluía el financiamiento a los partidos, pero nunca se les dio respuesta ni se asumió compromiso alguno por parte de la autoridad.
En la misma línea se manifestó la senadora de RN Lily Pérez. Siempre ha sido una firme partidaria del financiamiento público de los partidos, por lo que no entiende que el proyecto ingresado no lo contemple. A su juicio, el desprestigio de la política y los políticos y el malestar de la ciudadanía con lo político “es consecuencia, entre otras cosas, de la falta de autonomía económica (de los parlamentarios) que responden a empresas que les dicen como votar o a los presidentes de los partidos que los influencias para desenvolverse políticamente de una u otra manera”. En ese contexto cree que “el financiamiento contribuye a la autonomía”.
Uno de los más duros en su análisis fue el senador PPD, Eugenio Tuma, pues en su opinión “el gobierno insiste en mantener en la clandestinidad” los recursos que manejan los partidos políticos. Su tesis de fondo es que el Ejecutivo “no tiene mayor interés transparentar dichos recursos, porque los partidos de la Alianza son los que más reciben aportes de distintas empresas. Aquí se están presentando proyectos de ley con calculadora”, subraya. Y aunque la mayoría está de acuerdo en la necesidad de que los partidos sean financiados con dineros de todos los chilenos, por impopular que esto sea, pues advierten más beneficios que aspectos negativos, el senador Rossi adelanta que uno de ellos podría ser que debido a esto proliferaran los partidos políticos y que una eventual legislación debe resguardar que eso no ocurra.
En lo que también coinciden todos los consultados es en que el Ejecutivo le teme a esta iniciativa, debido a que es altamente impopular y que “no tiene la disposición de pagar costos políticos” por ella, como afirma el senador Walker. Por otro lado, comparte con Tuma que “la derecha históricamente ha sido poco proclive a abordar el financiamiento a las actividades públicas. De hecho, costó mucho que se allanara a aprobar la ley de financiamiento de las campañas políticas”.
Quien no comparte para nada la inquietud de la mayoría de sus pares, a pesar de que reconoce la importancia de los partidos políticos, es el senador independiente Carlos Bianchi. Como presidente de la Comisión de Gobierno, que es la que iniciará la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley orgánica de partidos políticos, estima que hay otras prioridades, como el tema de la transparencia, por ejemplo. El representante de la Región de Magallanes tiene la convicción de que “no es aceptable que se quiera financiar a los partidos, pues esto ya existe a través de lo que se paga por el voto de los candidatos”. Pero adicionalmente cree que “si los partidos no son capaces de hacerse una autocrítica de que no han dado el ancho, ni respuesta a las necesidades ciudadanas, mal pueden esperar ser financiados”. Por otra parte, recordó que las colectividades políticas “representan a menos del 5,0 por ciento del país”.
Mientras la mayoría presiona para que la autoridad avance a una modernización y considere el financiamiento público de los mismos, y muy pocos destacan los aspectos negativos de una legislación en ese sentido, altas fuentes del Ejecutivo consultadas por El Mostrador respecto de este tema que ya se está abriendo al debate, plantean que «la postura del gobierno está reflejada en el proyecto de ley que ingresó sin financiamiento». Sin embargo, más adalenta aclaran: «pero es sabido que ningún proyecto sale como entra», como una señal de que en Palacio al menos están abiertos a conversar el tema.
