El Juez Mario Carroza tendrá a su cargo todos los casos, que también incluyen al general Alberto Bachelet, padre de la Presidenta. El Estado de Chile podría arriesgar un juicio, pues no amparó a las víctimas ni cumplió el plazo dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, ordenó el pasado 27 de junio abrir una investigación que involucra a ex integrantes de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), los que fueron torturados por miembros de la misma fuerza militar luego del golpe de Estado de 1973.
Esto, a raíz de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que el Estado chileno no cumplió su obligación de ofrecer un recurso efectivo a las víctimas y quedara sin efecto un procedimiento penal a pesar de que existían pruebas.
El año 2001, doce ex oficiales torturados habían solicitado a la Corte Suprema anular un dictamen de la Justicia Militar que los acusaba de “sedición” y “traición a la patria”, lo que no les permitía iniciar acciones legales. Sin embargo, en 2002 la Corte Suprema les negó el recurso.
Ante esto, los ex militares recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que recién en noviembre pasado se pronunció y ordenó a Chile investigar los hechos. Venció el plazo de seis meses que el organismo entregó y, ante esta falta, la CIDH envió un expediente por denegación de justicia a la Corte Interamericana (Corte IDH), lo que puede hacer al Estado de Chile arriesgar un juicio y ser sentenciado a pagar una indemnización a todos los afectados.
Una de las víctimas fue el general Alberto Bachelet, padre de la Presidenta de la República, quien murió en 1974. El año anterior había sido declarado «traidor a la patria» por dirigir un organismo que distribuyó alimentos durante el gobierno de Salvador Allende y quedó apresado en la Cárcel Pública, donde fue torturado.
La CIDH pidió al Estado chileno “investigar, juzgar y sancionar penalmente” a los responsables por las torturas, y reparar “plenamente” a las víctimas y sus familiares por las violaciones de los derechos humanos sufridas.
Mónica Maldonado derivó los antecedentes a Clara Carrasco, fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien los presentó en calidad de denuncia al ministro Mario Carroza, responsable de causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La investigación contempla los casos de Omar Maldonado Vargas, Álvaro Yáñez del Villar e Iván Rojas Ravanal y otras causas sobreseídas que involucran a Ernesto Galaz Guzmán, Jaime Donoso Parra y Víctor Adriazola Meza, todos quienes estuvieron detenidos junto a Bachelet.
