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Justicia abre investigación sobre torturas a ex oficiales de la FACh por parte de militares

por 3 julio, 2014

Justicia abre investigación sobre torturas a ex oficiales de la FACh por parte de militares
El Juez Mario Carroza tendrá a su cargo todos los casos, que también incluyen al general Alberto Bachelet, padre de la Presidenta. El Estado de Chile podría arriesgar un juicio, pues no amparó a las víctimas ni cumplió el plazo dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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La fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, ordenó el pasado 27 de junio abrir una investigación que involucra a ex integrantes de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), los que fueron torturados por miembros de la misma fuerza militar luego del golpe de Estado de 1973.

Esto, a raíz de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que el Estado chileno no cumplió su obligación de ofrecer un recurso efectivo a las víctimas y quedara sin efecto un procedimiento penal a pesar de que existían pruebas.

El año 2001, doce ex oficiales torturados habían solicitado a la Corte Suprema anular un dictamen de la Justicia Militar que los acusaba de “sedición” y “traición a la patria”, lo que no les permitía iniciar acciones legales. Sin embargo, en 2002 la Corte Suprema les negó el recurso.

Ante esto, los ex militares recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que recién en noviembre pasado se pronunció y ordenó a Chile investigar los hechos. Venció el plazo de seis meses que el organismo entregó y, ante esta falta, la CIDH envió un expediente por denegación de justicia a la Corte Interamericana (Corte IDH), lo que puede hacer al Estado de Chile arriesgar un juicio y ser sentenciado a pagar una indemnización a todos los afectados.

Una de las víctimas fue el general Alberto Bachelet, padre de la Presidenta de la República, quien murió en 1974. El año anterior había sido declarado "traidor a la patria" por dirigir un organismo que distribuyó alimentos durante el gobierno de Salvador Allende y quedó apresado en la Cárcel Pública, donde fue torturado.

La CIDH pidió al Estado chileno “investigar, juzgar y sancionar penalmente” a los responsables por las torturas, y reparar “plenamente” a las víctimas y sus familiares por las violaciones de los derechos humanos sufridas.

Mónica Maldonado derivó los antecedentes a Clara Carrasco, fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien los presentó en calidad de denuncia al ministro Mario Carroza, responsable de causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

La investigación contempla los casos de Omar Maldonado Vargas, Álvaro Yáñez del Villar e Iván Rojas Ravanal y otras causas sobreseídas que involucran a Ernesto Galaz Guzmán, Jaime Donoso Parra y Víctor Adriazola Meza, todos quienes estuvieron detenidos junto a Bachelet.

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