Fin de movilización era una de las condiciones del Minsal para continuar tratativas
«La concesión como concepto no se va a bajar, porque éste es un contrato que ya está tomado de razón y bajarlo tendría un costo altísimo para el país», aseguró la ministra de Salud, Helia Molina. Posición que fue refrendada por Contraloría.
28 días de movilizaciones cumplen hoy los funcionarios del Hospital del Salvador, mientras el conflicto no da signos de bajar su intensidad. Esto, tras la decisión de los trabajadores del recinto asistencial de mantener el paro de actividades, lo que generó que el Ministerio de Salud suspendiera la mesa técnica que tenía agendada con el gremio para este lunes.
Decisión que fue confirmada durante la mañana por el diputado PS y presidente de la comisión investigadora de concesiones hospitalarias, Juan Luis Castro.
«No hay condiciones para la mesa de diálogo, puesto que no se ha suspendido el paro de actividades que se había acordado (…) el Ministerio de Salud tampoco tendría la obligación de abrir una mesa, habiendo un paro que todavía se mantiene», sostuvo el parlamentario.
«Evitemos judicializar, evitemos la intervención de la fuerza pública, evitemos que haya terceros que manipulen este conflicto, y ojalá lo resolvamos lo antes posible», recalcó el legislador en entrevista con Radio ADN.
En esa línea, hizo un llamado «urgente, porque habíamos llegado a un principio de acuerdo. Estamos en una situación dramática, hay un mes de paro, es una condición que no puede resistir la población y por eso hemos pedido todo el esfuerzo para que el gobierno y los trabajadores se sienten a conversar».
Los trabajadores del Hospital del Salvador, resolvieron mantener el paro luego de las declaraciones de la ministra de Salud, Helia Molina, quien durante una actividad pública ayer domingo, aseguró que «la concesión como concepto no se va a bajar, porque éste es un contrato que ya está tomado de razón y bajarlo tendría un costo altísimo para el país».
«Lo que nosotros podemos hacer es negociar aquellos aspectos que no nos satisfacen como Ejecutivo, en mi caso, y como trabajadores», concluyó.
Hoy, en tanto, el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, explicó ante la comisión investigadora de concesiones hospitalarias de la Cámara de Diputados, las implicancias que tendría para el Estado terminar por anticipado la concesión.
«Los contratos deben cumplirse, pueden tener adecuaciones en la etapa de ejecución, pero en principio se debe cumplir el contrato de buena fe. Lo pactado debe cumplirse, hay que ir adecuando el contrato de buena fe, ya que las salidas tienen costos económicos», aseguró Mendoza.
El contralor indicó que si se optara por aludir a la cláusula de interés público, se debería cumplir con una serie de requisitos, los que no exime al Estado de pagar un monto para «reparar al concesionario».
La autoridad dio como ejemplo lo ocurrido con la cárcel de Antofagasta, en donde el Estado debió pagar 2,16 millones de UF tras salirse de la concesión y luego de una decisión de la justicia.
Tras el paro de los funcionarios, se han dejado de realizar más de 600 atenciones médicas y 50 cirugías diarias.
