El presidente del directorio de la entidad, José Miguel Insulza, manifestó su extrañeza «por las bajas sanciones aplicadas a las empresas responsables de la práctica de colusión, que se amparan en ambos casos en la delación compensada, figura que atenua las penas al extremo de llegar a la no sanción del delito».
El presidente del directorio de Chile Transparente, José Miguel Insulza, condenó enérgicamente los hechos denunciados por la Fiscalía Nacional Económica que involucran a dos empresas -CMPC y SCA- en el delito de colusión, y consideró que esto «constituye un atentado a la fe pública y daña el clima de confianza que debe imperar en el país».
Insulza hizo estas declaraciones luego de la presentación de la última versión del Reporte de Transparencia Corporativa, elaborado por la Universidad del Desarrollo y KPMG y Chile Transparente, que se entregó hoy en un seminario.
Junto con expresar su rechazo a la actuación de dos entes privados, destacó la trascendencia del rol desempeñado por la Fiscalía Nacional Económica, «que manifiesta asi su decisión de investigar a fondo y denunciar los hechos sin ambages». Insulza valoró, igualmente, «la inmediata reacción de los dirigentes del empresariado que, dejando de lado cualquier actitud corporativa, no vacilaron en lamentar y condenar estos graves hechos».
El presidente de Chile Transparente, sin embargo, expresó su extrañeza «por las bajas sanciones aplicadas a las empresas responsables de la práctica de colusión, que se amparan en ambos casos en la delación compensada, figura que atenua las penas al extremo de llegar a la no sanción del delito».
Insulza sostuvo que aun cuando se comprende la utilidad de la delación compensada, es difícil aceptar que esta figura derive en la eliminacion de las sanciones, ya que con ello se entrega el mensaje equivoco de que se puede delinquir recurriendo posteriormente a esta figura legal.
Al mismo tiempo, dijo que le parece indispensable revisar las normas sobre la responsabilidad penal de los ejecutivos involucrados en prácticas que afectan al ciudadano común y provocan indignación en el conjunto de la sociedad, a la vez que provocan pérdidas cuantiosas para otras empresas y para el público en general.
En este contexto, Insulza apuntó a la necesidad de que esa normativa sea revisada de forma tal que no excluya a priori ninguna penalidad a quienes resulten responsables.
Por su parte el secretario de Chile Transparente, Alberto Precht, dijo que «la ciudadania reclama mayores niveles de confianza no solo en el sector público y tiene cada vez menos tolerancia a conductas como la colusión.»