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Órgano recaudador preocupado por ofensiva de Guerra para indagar otras empresas

SII presiona a la fiscalía para apurar cierre de casos de platas políticas

por 26 junio, 2016

SII presiona a la fiscalía para apurar cierre de casos de platas políticas
El jefe del departamento jurídico del organismo recaudador, Bernardo Lara, reclamó abiertamente ante el jefe de la Unidad de Lavado de Activos del organismo persecutor, Mauricio Fernández, respecto a que algunos fiscales no estaban cumpliendo con lo planteado públicamente y en privado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, respecto a que se comenzaría a acotar y dar pronto término a las investigaciones por financiamiento irregular de la política y de delitos tributarios.
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La ofensiva que ha impulsado la fiscalía para ampliar las investigaciones por financiamiento irregular de políticos ha llevado a una nueva disputa entre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio Público, entre las que se cuentan críticas por parte del órgano recaudador a los procedimientos de los persecutores y la necesidad de cerrar prontamente las causas.

Según consigna La Tercera, durante la reunión de coordinación mensual entre el SII y el Ministerio Público, la semana pasada, el jefe del departamento jurídico de Impuestos Internos, Bernardo Lara, manifestó su reclamo abiertamente ante el jefe de la Unidad de Lavado de Activos del organismo persecutor, Mauricio  Fernández, que algunos fiscales no estaban cumpliendo con lo que había planteado públicamente y en privado el fiscal nacional, Jorge Abbott, respecto a que se comenzaría a acotar y dar pronto término a las investigaciones por financiamiento irregular de la política y de delitos tributarios.

Sin embargo, el Ministerio Público también criticó al SII cuando el miércoles 22 los abogados se retiraron de la audiencia donde estaba siendo formalizado el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, y del ex timonel de la UDI, Pablo Longueira, argumentando que la acción penal solo iba dirigida en contra del ex ejecutivo de la minera y que su permanencia en el tribunal se basaba solo en si iba a solicitar una modificación de su medida cautelar.

Para algunos querellantes, lo hecho por los abogados del SII era una “señal política” del ente recaudador para frenar la investigación contra el ex candidato presidencial de la UDI y del resto de los personeros involucrados en causas tributarias vinculadas a platas políticas.

Por su parte, el SII respondió que el gesto buscaba defender la potestad del organismo para accionar penalmente en materia de delitos tributarios, ya que al no haber denuncia ni querella nominativa contra Longueira, los abogados no tenían razón para sumarse a las acusaciones de la fiscalía.

En la reunión de coordinación mensual entre el SII y el Ministerio Público, Lara llevaba una lista de todos los casos tributarios en los que Impuestos Internos ha presentado una acción penal, indicando que  qué pasaba en cada uno de ellos  y advirtiendo que darían a conocer prontamente esa información como una forma de presionar a la fiscalía a una pronta respuesta.

De acuerdo a fuentes que están ligadas a la fiscalía, Lara señaló que había inquietud en el SII por la situación en que quedaba el ente recaudador tras algunas acciones realizadas por los fiscales en las últimas semanas, apuntando especialmente al interés que han mostrado en el caso Penta como Manuel Guerra, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena de ampliar las investigaciones luego del respaldo entregado por la sala tributarista de la Corte de Apelaciones de Santiago que dio luz verde para formalizar a nuevos imputados basados solamente en la existencia de una denuncia o querella del SII contra “quienes resulten responsables” de determinados ilícitos.

Según el SII, luego de los escándalos por los casos Penta-SQM se había lanzado un plan alternativo para que los contribuyentes se autodenunciaran y rectificaran voluntariamente las operaciones susceptibles de irregularidades, la llamada vía administrativa que había logrado recaudar cerca de 12 millones de dólares en tributos de 78 grandes contribuyentes y de los cuales ninguno fue sujeto a querella.

Sin embargo, los fiscales han amenazado con ir detrás de ellas, como es el caso de las diligencias por boletas ideológicamente falsas vinculadas al ex ministro Laurence Golborne, quien será formalizado el 29 de junio, figuran a lo menos una docena de empresas entre las que está Ripley y el BCI, las cuales habían rectificado el año pasado.

El jefe jurídico del SII también se quejó del costo de tiempo y recursos que se debía destinar a las investigaciones por la emisión de tales boletas, las cuales tienen un alto impacto en la opinión público, pero una baja recaudación para el Fisco.

En tanto, para los persecutores lo que hay detrás de los llamados de atención y advertencias por parte del SII es una amenaza de que el servicio a futuro va a limitar la presentación de acciones penales para privilegiar la vía administrativa, y en el caso de ser presentadas querellas serán nominativas y acotadas.

Por su parte, para el representante de la ONG Ciudadano Inteligente y querellante en los casos, Mauricio Daza, la dirección de Impuestos Internos desde que asumió Fernando Barraza apunta a un “intento del organismo por tomar control de estas investigaciones”.

En su análisis, Daza explica que el intento de control por parte del SII se verificó inicialmente por medio de la presentación de querellas “en contra de personas que no son las más importantes en los ilícitos que se están indagando”, a lo cual el ente recaudador señala que se puso hincapié en perseguir a los “boleteros” y no a los políticos y personajes públicos que solicitaron la emisión de esas boletas o que se beneficiaron de éstas.

 

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