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Ex defensora de imputados por el caso Luchsinger: «Hubo presiones del Ministerio del Interior y la derecha para mi salida»

Ex defensora de imputados por el caso Luchsinger: «Hubo presiones del Ministerio del Interior y la derecha para mi salida»

La abogada Manuela Royo fue desvinculada de la defensa de 11 imputados por el incendio que terminó con la vida del matrimonio en La Araucanía, luego de que apareciera en un video en el que pedía marchar contra el fiscal de la causa, Alberto Chiffelle


El miércoles, la Defensoría Penal Pública de La Araucanía, comunicó el despido de la abogada Manuela Royo, a cargo de la defensa de 11 imputados en el caso por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay,  luego de que la profesional apareciera en un video llamando a marchar en contra del fiscal del caso, Alberto Chifelle.

La repartición, a través de un comunicado, justificó la decisión en la necesidad de «no afectar la debida defensa jurídica de los imputados representados por ella hasta ahora», reconociendo que «sus actuaciones públicas recientes se desapegan de las políticas y prácticas institucionales que define la ley y atentan contra el ejercicio legal del derecho a la defensa que le cabe a cualquier imputado»,

Hoy, la abogada acusó presiones políticas detrás de la decisión. «Lamento esta decisión porque siento que no responde a razones técnicas sobre mi desempeño, sino a las presiones políticas a las que ha sido sometida la Defensoría de parte del Ministerio del Interior y de la derecha [política]», dijo la abogada en conversación con Emol.

Manuela Royo aclaró que «no existen atribuciones legales del defensor jefe para separar a un defensor de una causa, y la única persona legitimada para hacerlo es el mismo imputado», afirmó. «La decisión perjudica gravemente la defensa de mis representados, quienes aún siguen manteniendo mi calidad como defensora de ellos, porque ha sido un trabajo importante de confianza que ellos tienen hacia mí».

La abogada se defendió enfatizando que «tengo derecho a expresarme sobre casos que son hechos públicos y notorios, como la demanda laboral que un ex fiscal (Ricardo Traipe) presentó a la Fiscalía y que expone, entre sus razones, que existen presiones indebidas de parte del fiscal Chiffelle».

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