Las complicaciones que arroja el estilo presidencial de dilatar las decisiones
Todos los problemas que ha debido enfrentar el Gobierno este último mes, al igual que en los dos recesos veraniegos anteriores, tienen un denominador común: son crisis que escalaron más de lo debido, que pudieron ser contenidas a tiempo y manejadas de otra manera. Un error que no puede permitirse –confiesan en el seno de Palacio– una administración que a ratos carece de la debida autocrítica en sus más altas esferas y que debe sortear un cerco comunicacional adverso, que pone bajo la lupa todas sus falencias.
Aquellos recesos políticos veraniegos quedaron totalmente en el pasado. Al menos, esa ha sido la tónica en los tres años que lleva en La Moneda la administración de Michelle Bachelet, que cada año en estas fechas ha tenido que enfrentar –no sin una estela de errores públicamente cuestionados– crisis políticas y comunicaciones que inevitablemente han marcado la agenda gubernamental y han mermado el respaldo ciudadano a la gestión del Gobierno. Y, en esta marco, la forma en que se manejan las crisis en Palacio es el común denominador en todos los casos, un estilo que peca permanentemente de dejar que los conflictos escalen y hagan daño.
Hace tres años, en días similares a estos, el Caso Caval golpeaba en su línea de flotación a la popularidad de la Presidenta Bachelet y La Moneda estaba sumida en la presión pública para que se concretara la renuncia de Sebastián Dávalos –hijo de la Mandataria– a la Dirección Sociocultural de la Presidencia. Una de las peores y más largas semanas para la administración bacheletista, caracterizada por un manejo errático, un cuestionado silencio presidencial, la mala decisión de no regresar a Santiago desde el Lago Caburgua y haber dilatado por siete días que Dávalos diera públicamente un paso al costado, cuando el daño ya era irreversible.
El verano pasado la tensión política estuvo puesta en la permanencia del administrador de La Moneda, Cristián Riquelme –hombre de confianza del ex ministro Rodrigo Peñailillo y miembro de la G-90–, respecto de quien, a través de un informe, la Cámara de Diputados recomendaba al Ejecutivo su salida del cargo, debido a que recibió plata del ex operador político Giorgio Martelli, además de reunirse en La Moneda –en pleno caso Caval– con el operador gremialista Juan Díaz, como asimismo por la compra no declarada de un terreno en Peñalolen de 375 millones de pesos.
El tema no se dilató por unos días o un par de semanas, fueron meses los que el ex administrador de La Moneda estuvo en el foco de las críticas desde el propio oficialismo, que su figura era cuestionada y que desde el seno del Ejecutivo muchos consideraban y esperaban que se le pidiera la renuncia, algo que solo podía hacer Bachelet, puesto que se trataba de un cargo de confianza exclusiva.
Sin embargo, en Palacio la tónica fue mirar al techo y guardar silencio. Eso, hasta que a mediados de febrero la sangre llegó al río y, ya sin margen de acción, la Mandataria decidió remover a Riquelme de su puesto, luego que el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, resolviera iniciar un sumario administrativo contra el ingeniero por los contratos suscritos por 417 millones de pesos entre el Estado y empresas que le habían pertenecido.
Este verano no ha sido la excepción. Los simultáneos incendios forestales que se declararon en las últimas tres semanas entre las regiones VI y IX nuevamente pusieron en el foco de las críticas el mal manejo gubernamental ante las crisis, aunque los hechos en la práctica no comulguen realmente con esa premisa que se instaló públicamente. Y, cuando el fuego ya estaba controlado, La Moneda abrió otro flanco con la elección de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, para el cargo de consejera del Consejo de Defensa del Estado, un puesto de carácter vitalicio, que fue visto transversalmente como un premio de consuelo de la Mandataria a una de las últimas bacheletistas duras, miembro de su cerrado círculo de confianza.
Todos los casos mencionados son diferentes unos de otros, pero tienen un denominador común: son crisis que escalaron más de lo debido, que pudieron ser contenidas a tiempo y manejadas de otra manera. Un error que no puede permitirse –confiesan en el seno del propio Gobierno– una administración que peca a veces de falta de autocrítica en sus más altas esferas y que debe sortear un cerco comunicacional adverso, que pone bajo la lupa todas las falencias.
[cita tipo=»destaque»]Si todos los incendios, políticos o reales, que ha enfrentado La Moneda estos tres años tienen el mismo error de fondo –reaccionar tarde–, también poseen otro elemento común: el estilo presidencial. La Mandataria se caracteriza –así lo reconocen todos los que trabajan en Palacio– por demorarse en tomar una decisión, siempre consulta con más de una persona, pide varias opiniones, medita y dilata, aunque al final siempre hace lo que ella considera correcto. Un tiempo que muchas veces le juega en contra.[/cita]
Diversas fuentes en Palacio explicaron que desde el primer día se trabajó intensamente para afrontar los incendios, algo que era fácil de comprobar al ver a los distintos equipos de trabajo cruzar los patios con ojeras y evidentemente cansados con las largas jornadas. Pero todos también reconocen en La Moneda que el error más grave estuvo en que, durante los primeros cinco días de la emergencia, se dejó que se instalara la sensación pública de una «ausencia» del Gobierno, ya que hasta ese momento solo hablaba el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, mientras que la Presidenta y el resto de su equipo aparecían con una agenda paralela a la realidad de los incendios.
En el Ejecutivo reconocen que solo después del quinto día –cuando las críticas ya se desbordaban y era evidente cómo la derecha trataba de sacar provecho de la situación– hubo un cambio de actitud real a nivel gubernamental, que permitió tomar el control total de la situación. Bachelet suspendió sus vacaciones, lo mismo que todo su entorno. Diversos ministros –desde Obras Públicas, Defensa, Vivienda y hasta el Sernam– fueron enviados a las distintas regiones afectadas por la emergencia.
La Presidenta se dirigió a las zonas afectadas y encabezó a primera hora de cada mañana un mediático comité de crisis, del cual ella misma daba una versión –y hasta dos veces, de ser necesario– de las evaluaciones y estado de situación, lo que iba de la mano con los informes diarios de todo el despliegue operativo de recursos, brigadistas, bomberos, Fuerzas Armadas, focos controlados, personas damnificadas y coordinación de ayuda.
Allí estuvo el error, no haber hecho eso desde las primeras jornadas. “Aleuy era el único que hablaba los primeros días. No es que el Gobierno de Piñera fuera más eficiente, sino que las chaquetas rojas sabían mostrarse mejor”, lamentó una autoridad gubernamental, mientras que un alto asesor de Palacio añadió que “se perdió ventaja, se le dio prioridad visible tardíamente”.
En La Moneda dicen que el subsecretario Aleuy –el verdadero bombero político del Gobierno, porque está a cargo de apagar todos los problemas políticos coyunturales– no da abasto y que, por lo mismo, se debió reaccionar desde antes con el despliegue.
El ex subdirector de la Secom, Carlos Correa, precisó al respecto que “ahí está la clave, lo que debe hacerse es no permitir que las crisis escalen. Por ejemplo, no logro entender por qué no sacaron al director de Conaf (Aarón Cavieres) el mismo día que el avión SuperTanker efectivamente apagó el primer incendio, porque así se evitaba que los reparos a la ayuda de los aviones se instalara en La Moneda como algo de la Presidenta y Aleuy, cosa que no es así”.
Si todos los incendios, políticos o reales, que ha enfrentado La Moneda estos tres años tienen el mismo error de fondo –reaccionar tarde–, también poseen otro elemento común: el estilo presidencial.
La Mandataria se caracteriza –así lo reconocen todos los que trabajan en Palacio– por demorarse en tomar una decisión, siempre consulta con más de una persona, pide varias opiniones, medita y dilata, aunque al final siempre hace lo que ella considera correcto. Un tiempo que muchas veces le juega en contra.
Entre quienes conocen la trastienda de los primeros días del Caso Caval, coinciden en señalar que la Presidenta “dudó durante varios días” si sacaba o no a Dávalos de su cargo, habló al menos con tres personas de confianza al respecto, que le advirtieron de la gravedad de la situación, pero aun así no reaccionó con rapidez.
El cupo en el CDE estuvo vacante casi dos años, por eso al momento de resolver la nominación de Blanco la noticia cayó pésimo en la mayoría de las huestes oficialistas. En la Casa de Gobierno afirman que la motivación de la Mandataria estuvo en compensar a su ex ministra de Justicia, de quien tiene una alta valoración profesional y personal, pero sobre quien además considera que fue víctima de circunstancias que obligaron a su injusta salida del gabinete.
Por lo mismo, en el Gobierno manifiestan que, si se demoró tanto en tomar la decisión, al menos pudo tratar de consensuar el nombre en el oficialismo, desplegar gestiones para neutralizar las críticas internas y no exponer a Blanco al cuestionamiento público. Eran pocos los contentos la semana pasada con el nombramiento y más todavía entre quienes consideraron que vino a empañar gratuitamente todos los esfuerzos que acertadamente se estaban haciendo por revertir el tardío despliegue para enfrentar los incendios.
Hace unos días, en entrevista con El Mostrador, el analista y director de la Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, explicó que “a la Presidenta le molesta que le digan que está encapsulada, que digan que está en un ambiente de atmósfera controlada, pero esa es la realidad”. Algo que muchos en el conglomerado oficialista y en el Gobierno han llamado el “encastillamiento”, uno al que le atribuyen la mayor responsabilidad de los errores y autogoles que comete la administración bacheletista.
