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Tal como reveló El Mostrador, el reglamento buscaba mantener por dos años los registros de comunicaciones de ciudadanos

"No se ajusta a derecho": el contundente rechazo de la Contraloría al "decreto espía" impulsado por Aleuy

por 28 noviembre, 2017

"Estamos muy contentos de que la institucionalidad haya funcionado y la Contraloría haya rechazado el Decreto Espía como claramente excesivo y contrario a la ley, además de lesivo de derechos fundamentales, como hemos sostenido desde que éste salió a la luz”, dijo la directora ejecutiva de la ONG Derechos Digitales, María Paz Canales.
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La Contraloría General de la República le puso la lápida este martes al denominado “decreto espía” del Ministerio del Interior que impulsaba el subsecretario de la cartera, Mahmud Aleuy, y que buscaba modificar el reglamento vigente sobre interceptación de comunicaciones telefónicas y de otras formas de comunicación, lo que en la práctica obligaba a las compañías proveedoras de estos servicios mantener durante dos años a disposición de las policías y la Fiscalía la información de llamados y conexiones de todos los ciudadanos.

Es así como el ente fiscalizador encabezado por Jorge Bermúdez determinó que la controvertida normativa “no se ajusta a derecho”, ya que excede las normas del Código Procesal Penal, cuestión que, como había informado El Mostrador en agosto pasado, ya habían advertido distintos abogados y representantes de organizaciones como la ONG Datos Protegidos.

La directora de esta última, Romina Garrido, señaló en esa oportunidad que “por vía reglamentaria yo no puedo modificar o ampliar o extender materias que son propias del dominio legal", mientras que el abogado Luis Cordero apuntó puntualmente contra el contenido del artículo 8 del decreto 142 de 2005 cuya modificación fue la que rechazó la Contraloría, y que establecía que "los prestadores de servicios de telecomunicaciones mantendrán y almacenarán por un periodo no inferior a dos años, en carácter de reservado y a disposición de la autoridad, todos los datos comunicacionales a que se alude en este título".

"El artículo 8 permite construir una base de datos de todos los chilenos por al menos dos años de todas sus comunicaciones, dejándolas en custodia a las compañías de comunicaciones para el requerimiento posterior de la autoridad, (para que) previa autorización judicial se acceda a ella. El problema no es acceder a ellas, el problema central de esto es que una norma de esta envergadura implica un potencial riesgo a las libertades y derechos de los ciudadanos que, de acuerdo a la Constitución, deben ser regulados por ley, no por reglamento", dijo el profesional.

“Triunfo ciudadano”

Tras conocer la decisión de la Contraloría, la directora ejecutiva de Derechos Digitales, María Paz Canales, manifestó que “estamos muy contentos de que la institucionalidad haya funcionado y la Contraloría haya rechazado el Decreto Espía como claramente excesivo y contrario a la ley, además de lesivo de derechos fundamentales, como hemos sostenido desde que éste salió a la luz”.
Agrego que “cualquier discusión de esta naturaleza sólo puede darse en un contexto de debate democrático en el congreso, y no por vía reglamentaria, por lo que “seguiremos impulsando en todas las instancias el respeto de la privacidad como derecho esencial para el ejercicio de las libertades públicas imprescindibles para una sociedad democrática".

Por su parte, el senador del PPD Felipe Harboe, consideró que el rechazo a la normativa constituye “un triunfo ciudadano” y recordó que con su par de la UDI Hernán Larraín presentaron en septiembre un escrito al contralor haciendo presente su disconformidad con el decreto, bajo el argumento que la Constitución política garantizaba la privacidad en las comunicaciones.

“Presentamos nuestros argumentos en un contundente escrito frente al Contralor General de la República porque consideramos no era adecuado que, a través de un decreto, el Gobierno pretendiera ampliar el plazo para almacenar nuestras conversaciones telefónicas”, explicó.

Harboe indicó que dicha iniciativa “violaba el principio de legalidad y afectaba un derecho ciudadano: el de la protección de datos personales”.

“Los que hemos dado esta pelea estamos muy contentos de que el Contralor haya aceptado nuestros argumentos y rechazara el decreto espía. Esto es un avance para consolidar la protección de datos personales como un derecho”, concluyó.

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