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El otro frente de batalla de la reforma a los notarios

por 17 enero, 2019

El otro frente de batalla de la reforma a los notarios
El gremio está en contra de la figura estrella del proyecto del Gobierno, los “fedatarios”, la cual se cruza con otra iniciativa de ley mucho más avanzada, la firma electrónica, y que abriría un negocio para grandes empresas de tecnología, como una filial de Sonda, fundada por Andrés Navarro, antiguo amigo del Presidente Piñera.
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Como habrán notado las diputadas y los diputados, los notarios están muy activos enviando minutas en relación con el proyecto, porque este es el comienzo de la regulación del negocio notarial en Chile. La reforma relacionada con los notarios es como la resurrección de Juan Gabriel: viene, se posterga y se posterga, pero no llega nunca”, señaló el 18 de diciembre, en la Sala de la Cámara Baja, el diputado Renato Garín (RD).

Pero ese día no se estaba discutiendo el proyecto del Gobierno para reformar las condiciones en las que operan los notarios, conservadores y archiveros judiciales, sino otra iniciativa, ingresada en el 2012 –durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera–, que busca implementar modificaciones al sistema de firma electrónica,  particularmente la Firma Electrónica Avanzada.

Este proyecto está mucho más avanzado, en tercer trámite legislativo, y es parte fundamental de la amenaza que ven los notarios en las modificaciones que se tramitan en el Congreso. Si se aprueba tal como está, es la base para que entre competencia al mercado. Específicamente los “fedatarios”, que son notarios con menos funciones y que podrían saturar el mercado, según acusan los detractores de la iniciativa. La iniciativa que fortalece la firma electrónica es vital para que pueda implementarse la reforma al sistema registral y de fe pública.

En los últimos días, el tema ha generado controversia desde que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, admitiera públicamente que el gremio de notarios estaba ejerciendo un “lobby feroz”. El abogado de la Asociación de Notarios, Juan Carlos Manríquez, no niega las gestiones en el marco de la ley y aclara que el gremio está a favor de modernizar el actual panorama.

“En general, el gremio está con la modernización del sistema, sin comprometer la fe pública ni la certeza jurídica. También apoya la acreditación de competencias y la mejora en el ingreso al sistema notarial, con exámenes de mérito. No nos oponemos a la digitalización y modernización de sistemas en línea, sin repetir repositorios digitales. Tampoco estamos en contra de la introducción de trámites y firma electrónica, pero sin dejar desprotegidas las escrituras públicas, que solo podrán ser firmadas y selladas por notarios; igualmente los trámites que digan relación con menores y personas de la tercera edad”, precisa el abogado.

“El proyecto de Ley de Firma Electrónica Avanzada no ‘desnotariza’, pues los particulares tendrán que comprar y pagarla. Además de sellado de tiempo a esas agencias, más caro que lo que pagarán por mesón en notarías”, afirma un notario bajo condición de anonimato. Y, además, “el fedatario sin control podría introducir muchos documentos digitales ilegales al mercado. Las empresas, incluso las de papel o especulación, podrían contar con un fedatario contratado a sueldo como empleado interno, solo para que notarice más barato y más rápido solo sus documentos”, agrega.

Testigos de la tramitación del proyecto y de las gestiones de los notarios en el Congreso afirman que el gremio se opone con fuerza a la creación de los fedatarios. Para el Gobierno tal como lo dijo el ministro Larraín el martes durante la discusión de la reforma en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es una forma de “desnotarizar” la vida de los ciudadanos, con esta nueva figura a partir de la cual se podrá hacer un 64% de los trámites que hoy se hacen exclusivamente en las notarías, y otras formas más simples, como la vía digital a través de un fedatario certificado por la Corte de Apelaciones respectiva.

El negocio tecnológico

Sin embargo, para los detractores de la iniciativa se trata meramente de una manera de abrir un nuevo negocio a los proveedores de firma electrónica avanzada. Hasta ahora, en el Servicio de Impuestos Internos (SII) aparecen cuatro proveedores autorizados de certificados digitales o firma electrónica: Acepta, E-Cert Chile, E-sign y Certinet. La primera, Acepta, tiene presencia en otros países de América Latina y es una filial de Sonda, la tecnológica fundada por Andrés Navarro, antiguo amigo del Presidente Piñera. La segunda, E-Cert Chile, es una empresa de la Cámara de Comercio.

“El proyecto de Ley de Firma Electrónica Avanzada no ‘desnotariza’, pues los particulares tendrán que comprar y pagarla. Además de sellado de tiempo a esas agencias, más caro que lo que pagarán por mesón en notarías”, afirma un notario bajo condición de anonimato. Y, además, “el fedatario sin control podría introducir muchos documentos digitales ilegales al mercado. Las empresas, incluso las de papel o especulación, podrían contar con un fedatario contratado a sueldo como empleado interno, solo para que notarice más barato y más rápido solo sus documentos”, agrega.

“Proyecto bipolar”

El diputado PS Leonardo Soto, integrante de la Comisión de Constitución, señala que “es un proyecto bastante bipolar. Busca una reformulación completa del sistema introduciendo más competencia, pero limitada a los notarios de ‘trámites de mesón’, que son los de provincia o zonas periféricas. A ellos les introducen competencia con la figura de los fedatarios, pero no les ocurre nada a los notarios grandes, que tienen desde cuarenta empleados y ocupan pisos completos, porque los fedatarios no podrán actuar sobre escrituras públicas”.

En efecto, como la pelea es a dos bandas, durante la tramitación del proyecto sobre firma electrónica, en el artÍculo n.° 4 se establecía que el “requisito o solemnidad se entenderá cumplido por el solo hecho de que el acto conste en un documento electrónico suscrito por el otorgante o las partes, según corresponda, con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo”, un punto que el lobby de los notarios detuvo y logró añadir que “lo establecido en el inciso cuarto no se aplicará a las escrituras públicas. Los actos a que se refiere este artículo también podrán ser suscritos ante notario”, es decir, consiguieron conservar parte importante de su mercado.

En la tramitación de la iniciativa que regula a los notarios, el ministro Larraín aseguró que los nuevos “auxiliares de la administración de justicia” (los fedatarios) no podrán actuar sobre escrituras públicas y solo lo harán sobre trámites que no están sujetos a registro, que no tienen repertorio.

Parientes y amigos

Como sea, la tramitación del proyecto que refunda al gremio de los notarios ha avanzado más que los otros siete intentos que hubo en Gobiernos anteriores. Entre los más profundos se cuenta la reforma impulsada el 2008, cuando el ministro de Justicia era Carlos Maldonado. No se tramitó. Edmundo Eluchans, presidente de la comisión ese año, nunca la puso en tabla. Teodoro Ribera, titular de Justicia en el primer mandato de Piñera, logró avanzar en otro proyecto, pero se acabó el Gobierno y la siguiente administración de Michelle Bachelet anunció una nueva iniciativa que no se presentó nunca.

Según datos consignados durante la tramitación, un 20% de los notarios en ejercicio corresponde a parientes o cercanos a personas del poder político o judicial.  Entre los casos están Luis Maldonado Concha, notario en San Miguel, hijo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado. Alfredo Martín, notario en Providencia, presidente del gremio e hijo del ministro de la Corte Suprema, Ricardo Martín. El notario se defendió aduciendo que fue nombrado 25 años después de que su padre dejara la corte. Igualmente, su primo Gonzalo Martín es conservador en Puente Alto.

Otros ejemplos son Miguel Bauzá, notario de Coquimbo, esposo de la exsenadora Lily Pérez, nombrado en los últimos meses del primer Gobierno de Piñera. José Dolmetsch, notario en Osorno, hermano del expresidente de la Corte Suprema, el juez Hugo Dolmetsch. Miriam Escobar, conservadora y archivera en Buin, que fue nombrada cuando su marido, Manuel Valderrama, era ministro de la Corte de Apelaciones –actualmente integra la Corte Suprema–. También se cuenta a la exministra de Justicia de Piñera, Patricia Pérez, conservadora en Villa Alemana y esposa del exfiscal Pablo Gómez.

Ejemplos como estos hay en todas las regiones. Pero dentro de los más bullados estuvieron el fracasado nombramiento que hizo el entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, del exfiscal del caso Caval Luis Toledo y del abogado Ricardo Moyano, en Pirque, a pesar de que estaba muy abajo en relación con los otros postulantes.

En el Congreso hay al menos nueve notarios, conservadores o archiveros con relaciones directas con parlamentarios. Cónyuges, hermanos, hijos, por lo que se puede entender que la tramitación de proyectos que cambian las reglas haya sido escasa o nula hasta ahora.

El Gobierno pretende hacer más estrictos los requisitos de ingreso, aunque inevitablemente ha surgido la palabra “mérito” y sobre estos cambios está de acuerdo el gremio. Aún queda mucha discusión y, en ese contexto, el diputado Soto dice que insistirá sobre requisitos de inhabilidad para terminar con el amiguismo. Desmiente que alguno de sus parientes, específicamente su pareja, haya fracasado en el proceso para ganar una notaría: “Ninguno de mis cercanos es abogado. Soy el primer profesional de mi familia”, asegura.

El jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, Hernán Mery, declaró en el Congreso que “no se trata de mercantilizar la fe pública, sino asegurar que las personas tengan acceso a más ministros de fe para los actos de su vida cotidiana (...). No avizoramos la catástrofe para la seguridad de los mercados que se ha anunciado”.

Pero detrás de las buenas intenciones, casi siempre hay un negocio. Al cierre de esta edición, la votación particular sobre los fedatarios quedó pendiente. 

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