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Recién doce días después de concretada la reunión del Cosena, La Moneda liberó un acta –no textual- de lo que se habló en la cita del jueves 7 de noviembre, en pleno estallido social que hasta ese entonces había movilizado a unas 3,4 millones de personas en todo el país, según los datos entregados en la instancia por el general director de Carabineros Mario Rozas. Más allá de los reparos a la convocatoria y la falta de anuncios, las 8 páginas con el relato de lo sucedido ese día revela la insistencia de Piñera de mostrarse proactivo en materia de derechos humanos, un flanco crucial para La Moneda considerando que el Presidente enfrenta una acusación constitucional por esa materia y el país es objeto de una visita de la CIDH para verificar la situación de las libertades fundamentales durante esta crisis.
El jueves 7 de noviembre, La Moneda fue escenario de una inédita reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), una cuestionada jugada que el Presidente Sebastián Piñera sacó bajo la manga en un escenario de crisis gatillado por el estallido social, que había movilizado hasta ese entonces a unas 3,4 millones de personas en todo el país, de acuerdo a los datos entregados en la instancia por el general director de Carabineros Mario Rozas.
Cabe recordar que la cita estuvo marcada por las críticas públicas de los presidentes del Senado, Jaime Quintana, y de la Cámara de Diputados, Iván Flores, por lo innecesario de la convocatoria, y los reparos que planteó en la cita el contralor Jorge Bermúdez. La reunión, que se extendió desde las 19:10 horas hasta las 20:30 horas de ese día, contó también con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez; el comandante en jefe de la Armada, almirante Julio Leiva; el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Arturo Merino Núñez; y el general director de Carabineros, Mario Rozas, junto a los ministros del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel; y Defensa Nacional, Alberto Espina.
De acuerdo al acta de 8 páginas liberada hoy, que no es una transcripción textual del encuentro, Piñera partió justificando la convocatoria de la instancia, y puso foco en justificar la declaración del Estado de Emergencia, y las instrucciones de apego a los derechos humanos que -según él- se dieron en todas las instancias.
El tema de los derechos humanos es crucial para La Moneda considerando que el Presidente enfrenta una acusación constitucional por esa materia –ingresada hoy por la oposición en la Cámara de Diputados- y el país es objeto de una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar la situación de las libertades fundamentales durante este estallido. De hecho, en la instancia, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito acotó que “una condición básica para restablecer la confianza y la tranquilidad es la observancia de los derechos humanos, especialmente por parte de las instituciones que deben velar por tales derechos y hacer que se cumplan. Ese es el punto de partida”, señala el acta.
De acuerdo a la versión entregada por La Moneda, el Presidente fue enfático en que “al momento de decretar los Estados de Emergencia, una de las principales preocupaciones del Gobierno y de las Fuerzas Armadas y de Orden fue la protección de los derechos humanos de las personas, en toda su dimensión”.
Es así como relata una serie de medidas para cumplir con este compromiso, como “reuniones presenciales y conversaciones telefónicas con el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Defensa Nacional, el Comandante en Jefe del Ejército y los Jefes de la Defensa Nacional en la Región Metropolitana, Región de Valparaíso y Región del Biobío, con la clara instrucción de aplicar en forma estricta de las Reglas del Uso de la Fuerza, que cumplen con los estándares internacionales y acogen los planteamientos de organismos de derechos humanos”, además de reuniones con el INDH, reforzamiento de la Defensoría Penal Pública, el contacto con la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que encabeza Michelle Bachelet, y la ONG Human Rights Watch.
En especial, el Mandatario insistió en justificar la declaración del Estado de Emergencia, señalando que si no lo hubieran decretado “no habría cumplido con su deber, dada la grave situación de violencia que vivía el país y su impacto sobre el orden público y la seguridad ciudadana”. Y respecto al uso de la fuerza, el comandante en Jefe de la Armada de Chile complementó lo señalado por Piñera señalando que “ha existido un uso gradual y proporcional de las armas, con cautela por la vida de las personas”.
En su intervención, el general director de Carabineros Mario Rozas también abordó el tema de los derechos humanos, y aseguró que la policía uniformada tiene una “relación estrecha con el INDH, la que se ha ido consolidando”, asegura el acta.
El jefe de Carabineros -una de las entidades más responsabilizadas por abusos en la crisis- sostuvo también que “son los primeros en promover el respeto de los derechos humanos” y explicó que “por cada querella que han presentado, se ha abierto un sumario interno. Es decir, por cada denuncia de abuso, se abre un sumario (…) en el caso de los 12 Carabineros que serían formalizados, los casos fueron levantados por la propia institución, haciendo la respectiva denuncia al Ministerio Público”.
Al hacer un balance global de la situación, Rozas señaló que “estamos viviendo una situación sin precedentes”, y admitió que cuando comenzó el estallido, la labor de Carabineros se vio sobrepasada y el despliegue operativo fue muy grande.
De acuerdo a las cifras de Carabineros, han enfrentado hasta esa fecha “más de 3.500 eventos de grave alteración al orden público, incluyendo incendios, saqueos y daños a la propiedad”, lo que se suma a “más de 1.180 Carabineros iesionados, de los cuales 200 sufrieron lesiones graves; más de 600 vehículos de la institución han resultado dañados, así como también cuarteles; 3,4 millones de personas se han congregado a manifestarse y hay más de 11 mil detenidos”, relata el acta.
De acuerdo al acta revelada, el contralor Jorge Bermúdez fue uno de los más enfáticos en expresar sus reparos con la convocatoria, señalando que “se trata de un resabio de una época pretérita de nuestra República, en que el poder civil estaba supeditado al poder militar”.
De acuerdo a Bermúdez, no habría argumentos para entender que estamos frente a un problema de seguridad nacional, ya que aquí hay un problema de orden público, lo que amerita otro tipo de soluciones. De hecho, el contralor preguntó si el orden público está incorporado en el concepto de seguridad nacional.
Su argumento también fue compartido por el presidente del Senado, Jaime Quintana, quien argumentó que lo que existe en el país “hoy es un problema de orden público que se debe solucionar con las herramientas con que cuenta el ordenamiento jurídico”.
Bermúdez también puso el dedo en la llaga en otro punto, aludiendo a las fallas para prevenir el estallido social. “Se gastan muchos recursos en Inteligencia, por lo que le gustaría saber qué ocurrió y porque no se tomaron medidas preventivas para evitarlo”, dijo el contralor, según el acta.
Lo planteado por el contralor fue refutado al finalizar por el propio Piñera quien recordó que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, y ésta incluye al Consejo de Seguridad Nacional como organismo asesor del Presidente, por lo que estimó relevante conocer las opiniones de las más altas autoridades de la Nación, en un período tan complejo como han sido las últimas tres semanas donde enfrentamos “una ola de violencia y destrucción, como nunca antes”, dice el acta.
Para responder las aprensiones de Bermúdez, Piñera apeló al “concepto moderno de seguridad nacional” señalando que “dice relación con aquello que impide el normal desenvolvimiento del Estado y el normal funcionamiento de la sociedad”.
También secundó la versión del Ejecutivo el ministro de Defensa Alberto Espina quien argumentó que “el rol del Consejo de Seguridad Nacional, señala que éste fue modificado el año 2005, durante el Gobierno de Ricardo Lagos, en plena democracia, estableciéndose nuevas funciones y estructura, por lo que no corresponde decir que es un resabio del pasado, sino que es producto del debate legislativo que se dio en el Congreso”, señala el acta.
Espina también defendió la convocatoria, bajo la lógica de que la “definición moderna” de la seguridad nacional dice relación con una alteración al normal desenvolvimiento del país. “Es decir, una alteración a la seguridad, por lo que citar al Consejo fue una decisión correcta”, dijo el ministro, de acuerdo al acta.
La convocatoria al Cosena también había alimentado las dudas y especulaciones sobre la posición real de las Fuerzas Armadas en este contexto de crisis. De acuerdo al acta, el comandante en Jefe del Ejército precisó que el orden público es de responsabilidad de Carabineros. Además, puntualizó que las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad primaria en la defensa de la soberanía y aclaró que, respecto a las Fuerzas Armadas, les está vedado realizar operaciones de Inteligencia interna, solo residual respecto a Carabineros o la PDI.
En un análisis de la situación, el general Martínez señaló que los desórdenes que se observan estos días no son comparables con los primeros días de los Estados de Emergencia, sin perjuicio de que se mantiene una sensación de inseguridad, aun cuando los actos pacíficos son muchos más que los vandálicos, dice el acta.
El acta corrobora que en la reunión no hubo decisiones ni se pidió tomar medidas adicionales, salvo solicitar el apoyo del Congreso al trámite de la Agenda Social y de Seguridad, entre las que se incluye reformar el Sistema de Inteligencia.
El consejo del jefe del Ejército fue avanzar en una Ley de Inteligencia, y “así poder adelantarse a las acciones disruptivas”, señala el acta. Un punto similar planteó el jefe de la FACh, quien indicó en cuanto al Sistema de Inteligencia, que éste debe ser modificado en cuanto a sus funciones y capacidades.
