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Crédito: Agencia UNO
El senador PPD salió al paso de las intenciones del Ejecutivo, advirtiendo que “es muy importante avanzar en medidas de control de la pandemia pero esto no puede significar una afectación grave a las normas de privacidad e intimidad”. Sus críticas se suman a las del Consejo para la Transparencia, que también planteó sus dudas sobre el mecanismo. Desde las compañías de telecomunicaciones agrupadas en Atelmo confirmaron que están aportando datos “agregados y anónimos de movilidad clave para políticas públicas en la actual pandemia”, y subrayaron que “no es posible identificar a ningún usuario en particular (…), con lo que se asegura el total resguardo de la privacidad de las personas y de sus datos personales”. Sin embargo desde Derechos Digitales advirtieron que “es importante contar con un compromiso expreso de que la información será entregada en esos términos. No que se le entregue al Gobierno y este anonimice”.
La idea del Gobierno de un monitoreo vía celular para dar seguimiento a la movilidad de las personas para hacer cumplir las cuarentenas y contener la diseminación del COVID-19 sigue generando ruido. El anuncio ha dejado más dudas que certezas, y a los reparos planteados por el Consejo para la Transparencia (CPLT), se sumó el senador PPD Felipe Harboe.
«Es una grave vulneración a la protección de datos personales y a la intimidad de las personas”, advirtió el legislador, pese a que desde el Gobierno han señalado que es una idea en estudio y han sido enfáticos en que en todo momento se cautelará la privacidad de las personas, tal como señaló esta jornada la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, al sostener que “las formas de garantizar el anonimato son muchas”. Incluso el ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó que se solicitará apoyo a las compañías telefónicas.
Sin embargo, el senador PPD replicó estas intenciones del Ejecutivo, advirtiendo que “es muy importante avanzar en medidas de control de la pandemia pero esto no puede significar una afectación grave a las normas de privacidad e intimidad”.
Harboe añadió que “me he comunicado con la Asociación de Telefonía Móvil, Atelmo, y también con algunas de las empresas que han sido referidas. Todas han señalado que no han entregado información que permita identificar o hacer identificables a las personas a través de sus números de teléfonos, sino que solo se trata de información anonimizada y global, que permite más bien saber si globalmente ha habido o no desplazamientos de teléfonos entre diferentes celdas que integran las diferentes redes de telecomunicaciones (…). En consecuencia, no habría un trackeo, porque eso vulneraría gravemente la protección de datos personales”.
En efecto, a través de una declaración, las compañías de telecomunicaciones que operan en Chile agrupadas en Atelmo (Claro, Entel, GTD-Telsur, Movistar y VTR), confirmaron que están aportando datos “agregados y anónimos de movilidad clave para políticas públicas en la actual pandemia”.
En esa línea, aseguraron el resguardo de datos personales y la privacidad de los usuarios, subrayando que “no es posible identificar a ningún usuario en particular en la información que se entrega, con lo que se asegura el total resguardo de la privacidad de las personas y de sus datos personales”.
Pese a las declaraciones oficiales, en el aire queda un tema, y así lo hizo ver Pablo Viollier. El especialista en derecho y tecnología de Derechos Digitales, destacó que es positivo “que las empresas aclaren que se trata de información agregada y anonimizada”. Sin embargo, advirtió que “es importante contar con un compromiso expreso de que la información será entregada en esos términos. No que se le entregue al Gobierno y este anonimice”.
En conversación con Radio Usach, el abogado agregó que «estamos en un contexto de pandemia, en estado de excepción constitucional decretado y, por tanto, es justificable ciertas medidas excepcionales, pero deben venir acompañadas de garantías de que todos estos aparatos de vigilancia se van a desmantelar una vez trascurrida la pandemia».
Esta jornada, el CPLT también puso reparos a la medida, subrayando la necesidad de fijar reglas y fines claros, además de poner foco en la falta de legislación al respecto.
Según explicó Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), la ubicación geográfica de las personas o geolocalización es un dato personal sensible –forma parte de la vida privada– “y se encuentra bajo un régimen especial de protección, prohibiéndose su tratamiento, excepto habilitación legal expresa que lo autorice”.
Ante esta situación, el presidente del CPLT insistió en la propuesta que el Consejo hiciera en abril pasado, de tramitar una ley corta en materia de protección de datos personales para hacerse cargo de una serie de vacíos normativos que se han evidenciado de forma patente en el contexto de la crisis por COVID-19.
