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Créditos: Agencia UNO
La organización de derechos humanos, Amnistía Internacional, emitió una carta abierta en la que solicitan a los dos Estados que se evacúe al personal militar, puesto que “el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles”.
Amnistía Internacional (AI) solicitó a los presidentes de Chile y Perú, Gabriel Boric y Dina Boluarte, retirar el personal militar de la zona fronteriza entre las ciudades de Tacna y Arica, donde cientos de migrantes se encuentran hace casi dos semanas sin poder despalzarse entre ambos países.
La situación ha requerido la toma de medidas por parte de las autoridades, pues estas personas han estado expuestas al clima desértico y falta de suministros básicos. Sin embargo, para la organización internacional se requiere que ambos Estados terminen con la presencia de la milicia y sus procedimientos.
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“Tomando en consideración el contexto de violaciones a derechos humanos relacionadas con el uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, incluyendo efectivos militares, documentadas recientemente en
ambos países por Amnistía Internacional, las medidas implementadas por Chile y Perú causan serias preocupaciones y parecen no cumplir con los requisitos delineados por la Corte Interamericana”, expresó AI en la carta abierta donde realiza la solicitud.
Firmada por Erika Guevara, su directora para las Américas, la misiva también expone que “la implementación de estas medidas han desatado una crisis humanitaria en la frontera de ambos países en las últimas semanas, donde se estima que alrededor de 300 personas, en su mayoría venezolanas, así como haitianas y de otras nacionalidades, se encuentran varadas”.
Asimismo, la carta aborda, en particular, los decretos que han extendido tanto Chile como Perú. En ese sentido, Aminsitía Internacional indica que “preocupa que menos de un año después, el Gobierno vuelva a otorgar a las fuerzas armadas facultades para desempeñar labores de seguridad pública que restringen los derechos humanos en estas regiones fronterizas”.
“La organización recuerda que es deber del Estado chileno cumplir con los estándares internacionales relativos al carácter excepcional del uso de las fuerzas armadas en labores relativas a la seguridad pública”, agregan.
En cuanto a las medidas aplicadas en el país vecino, AI “alerta sobre la falta de claridad de las atribuciones de las Fuerzas Armadas en el marco de colaboración con la policía”, pues “no permite analizar si se cumple el carácter estrictamente excepcional, necesario y proporcional de la participación de efectivos militares exigido por el derecho internacional de los derechos humanos”.
Por esto, la organización llama a que ambos países suspendan los decretos, se “retire a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad ciudadana”, se garantice que el uso de la fuerza sea apropiado al caso, y que las personas migrantes que sean objeto de controles sean conducidas frente a las respectivas autoridades judiciales, entre otras medidas.
