Según el experto en sistemas de salud, el máximo tribunal del país se excedió en sus atribuciones al dar instrucciones a una entidad administrativa del Poder Ejecutivo y fijarle un plazo, lo que representa un conflicto político-institucional. El abogado Pedro Barría criticó la falta de reacción del Legislativo y el Ejecutivo ante una “invasión” de poderes y sugirió que deberían haberse unido al recurso de protección para modificar el fallo. Además, afirmó que las isapres han estado ausentes en el conflicto y que no hay confianza entre las partes, lo que ha llevado a imputaciones de intenciones. A pesar de ello, Barría reconoce que el Gobierno no busca acabar con el sistema de isapres.
“Tenemos bajísima información de lo que está pasando”, fue la primera reflexión del abogado defensor de usuarios de isapres, Pedro Barría, en medio de la polémica generada por el fallo de la Corte Suprema sobre el sistema de salud privado. Sin embargo, según Barría, junto a la falta de proactividad de la Superintendencia y las mismas isapres, una cosa es clara: el máximo tribunal “se excedió en sus atribuciones”.
En conversación con Mirna Schindler durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio, el también integrante de la comisión asesora presidencial para reformar el sistema privado de salud en 2014, aseguró que el fallo de la Corte Suprema es inédito, ya que no ha habido un litigio en el que participen todas las partes involucradas.
“Este fallo es inédito porque hay una norma procesal que dice que las sentencias solo afectan a las partes que litigan, y aquí la Superintendencia de Salud no litigó”, explicó el abogado Pedro Barría, además de plantear que se trata de un caso “paradigmático”.
A modo de ejemplo, el experto señaló: “Si se acoge un recurso en favor de un inmigrante al que van a expulsar, pueden haber 100 inmigrantes en la misma situación, pero ese mismo fallo no se puede extender a esos 100 inmigrantes”.
“La Corte Suprema se excedió en sus atribuciones porque entró a darle instrucciones a una entidad administrativa que forma parte del Poder Ejecutivo (la Superintendencia de Salud) y le fijó un plazo, eso es inédito”, declaró el especialista en sistemas de salud, y para quien estamos ante una disputa que tiene el carácter de un conflicto político-institucional, “porque hay un poder del Estado que está invadiendo las atribuciones de otro poder del Estado”.
“Lo que más me preocupa es que los poderes que han sido invadidos no han reaccionado, el Legislativo y el Ejecutivo, y este último no puede pedirle a la corte un plazo para cumplir un fallo que va más allá de lo que la corte pudo haber ordenado”, expresó el abogado. A su juicio, “la respuesta debería haber sido hacerse parte en el recurso de protección y pedir que el fallo se modificara en el sentido de que la Superintendencia no podía estar resolviendo un problema de años en seis meses. Eso no se hizo”.
Para el abogado Pedro Barría, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, tiene toda la razón al plantear que no se busca terminar con el sistema de isapres. No obstante, añadió, “uno de los problemas es que no hay confianza y una de las partes imputa intenciones a la otra y viceversa”. Además, criticó que las isapres “han estado ausentes de esto”.
“No me cabe en la cabeza que las isapres, después del fallo en noviembre, no hayan hecho nada judicialmente. Toda defensa pública se pudo haber hecho antes y judicialmente”, sentenció.
En cuanto al Gobierno, dijo que han sido positivas las demostraciones de no querer cerrar isapres, no impedir que haya otras isapres y de cumplir un fallo “en la forma que sea menos lesiva posible para continuidad del sistema”.
Lo más crítico, según Barría, es la presencia de un “extremo grado de polarización”. “Aquí fallaron todos”, cerró.
