El senador y presidente de RD señaló que aunque la homofobia no se menciona en los fundamentos de la acusación, existe una diferencia entre lo que se escribe como fundamento y la motivación política detrás de ello. Además, se refirió a la polémica que rodea a la diputada Catalina Pérez y su pareja, Daniel Andrade, en relación a la firma de convenios por $400 millones con la Fundación Democracia Viva. Latorre defendió a Pérez, señalando que ella no tiene responsabilidad por las acciones de otros y que no hay irregularidades, sino más bien un cuestionamiento ético y de prudencia política. Remarcó que el caso le da a derecha “todo este discurso del empate”, considerando la situación del exalcalde Torrealba.
Siete capítulos buscan sustentar el incumplimiento a la Constitución vigente por parte del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. El texto fue presentado por las diputadas del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha y Francesca Muñoz, y cuenta con once firmas y el apoyo de la mayoría de las bancadas opositoras.
Los ejes del líbelo acusatorio contra el ministro Ávila apuntan al “derecho preferente de los padres a educar a sus hijos” en materias relativas a educación sexual y de género, así como a la ineficiencia en generar políticas que enfrenten la deserción escolar, los resultados del SIMCE y la violencia en las aulas, entre otros puntos.
Aunque el diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, descartó que haya homofobia tras la acusación, personeros oficialistas acusan que hay motivaciones discriminatorias hacia el secretario de Estado, debido a su orientación sexual, sobre todo luego de las declaraciones del diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, quién acusó al ministro Ávila de estar más preocupado de “la banderita LGBT”. De todas formas, lo que si hay, es una nueva acusación para la cual ya están designados los integrantes, en una seguidilla de procesamientos constitucionales que ha sido catalogada como una vendetta por parte de la actual oposición contra el gobierno del Presidente Boric.
“Yo creo que puede haber una vuelta de manos, sin duda alguna, y también al parecer lo que se ha comentado, ciertas declaraciones que han habido en prensa de parlamentarios de derecha en la Cámara, con cierto sesgo homofóbico”, comentó el senador Juan Ignacio Latorre durante el programa Al Pan Pan con Mirna Schindler.
Si bien parlamentarios de derecha niegan absolutamente que el libelo tenga que ver con la orientación sexual del ministro, el senador Latorre sigue escéptico. “No está en los capítulos del fundamento de la acusación. Sería muy ridículo ponerlo, pero muchas veces una cosa es lo que se escribe como fundamento y otra es la motivación política”, argumentó, recordando los casos de Yasna Provoste en el “caso subvenciones” y de Harold Beyer por la fiscalización al lucro en las universidad.
El 16 de abril de 2008, una acusación constitucional fue aprobada por el Senado, por lo que la entonces ministra Provoste quedó destituida de su cargo e imposibilitada de ejercer cargos públicos por cinco años. Se trató de la primera destitución de un Ministro de Estado de Chile desde el gobierno de la Unidad Popular. En tanto, el 4 de abril de 2013, por una votación de 58 votos contra 56, la Cámara de Diputados declaró procedente una acusación constitucional presentada en contra del también exministro Beyer, por la que se le imputó no haber fiscalizado la existencia de lucro en las universidades.
“A Yasna Provoste le pasó siendo ministra, se le acusaba de una serie de cosas que en la opinión de todos los expertos no tenía fundamento, pero la motivación política era hacerle un daño en ese momento a ese gobierno. O lo que pasó con Harold Beyer”, comentó el senador Latorre, junto con reconocer la utilización a destajo del instrumento para golpear al gobierno de turno. “Es una autocrítica que hemos hecho y también una crítica que yo hice en su momento en abusar de una herramienta que es la acusación constitucional, porque tú tienes otras herramientas también de fiscalización, las comisiones investigadoras, las interpelaciones, etcétera”, señaló el legislador a El Mostrador Vodcast.
“Esto no fue solo el Frente Amplio, fue todo en ese momento la oposición que presentó muchísimas acusaciones constitucionales. Y la gran mayoría de ellas se perdieron en la propia Cámara, no prosperaron ni llegaron al Senado”, agregó el senador Latorre.
El senador y presidente de Revolución Democrática (RD) también se refirió a la polémica generada en torno a la diputada Catalina Pérez y su pareja Daniel Andrade, en relación a la firma de tres convenios por $400 millones otorgados a la Fundación Democracia Viva, vinculada a él. La diputada dejó claro que no tiene participación en dicha firma y que fue llevada a cabo por exfuncionarios estatales, expresando su molestia por intentar responsabilizarla a ella. Instó a que los involucrados asuman la responsabilidad política por el grave error de criterio y afirmó desconocer los detalles de la controvertida firma.
El senador Latorre declaró que la diputada Pérez “no tiene por qué hacerse responsable de acciones de otros, por más que sean su círculo cercano”. Según afirmó, “no hay ninguna irregularidad, el cuestionamiento es de descrtierio, de prudencia política, en una arista más bien ética a la hora de firmar este convenio”.
“Nos parece muy injusto que sea Catalina (Pérez) quien tiene que asumir el error” de dos militantes de RD, expresó el legislador y timonel frenteamplista, asegurando que su correligionaria “no tiene un doble discurso, ella va a Contraloría” e incluso pidió “que me investiguen todo”. Al senador Latorre, el caso le genera “obviamente malestar, rabia. Es muy desagradable y además políticamente también me molesta” porque se da a derecha “todo este discurso del empate”.
Explicó que “esto lo puede cometer gente con mucha experiencia, es muy común en la lógica de empresas que licitan con el Estado”, y reiteró que el caso le da a derecha “todo este discurso del empate”, considerando la situación del exalcalde Raúl Torrealba.
