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Créditos: Agencia UNO
A dos días de que se realice el libelo acusatorio en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, La Moneda presentó su apoyo ya que, en palabras del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, “esta acusación carece de fundamentos jurídicos, por tanto, debiese ser rechazada. Esperamos que la Cámara actúe con responsabilidad”. De la misma forma, su par de la Secretaría General de Gobierno, Camilla Vallejo, sostuvo que “nuestro Gobierno no va a estar disponible, y esperamos que en el análisis del mérito de esta AC no existan las mayorías para validar un acto tan elevado de homofobia y discriminación en contra de un ministro de Estado”, puesto que “no hay argumento político-jurídico”. Además, los dos secretarios de Estado se opusieron a la idea de vincular la AC con la crisis del Caso Convenios: para Elizalde, esto no se ajusta a lo que establece la Constitución, mientras que Vallejo señaló que es “un absurdo”.
Tanto la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), como el titular de Segpres, Álvaro Elizalde (PS), se pronunciaron respecto a la acusación constitucional impulsada por la oposición en contra del responsable de la cartera de Educación, Marco Antonio Ávila.
Ambos representantes del Ejecutivo fueron críticos sobre el libelo que se llevará a cabo este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados; acción que fue anunciada hace casi un mes por parte de personeros de los partidos contrarios al Gobierno, y que pretenden presentar una serie de antecedentes que darían cuenta de una mala gestión por parte del secretario de Estado.
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Por esto, la ministra Vallejo indicó que “no hay argumento político-jurídico” que sostenga el libelo. “Esta es una acusación constitucional que se ha inspirado en la homofobia y la discriminación. No hay una línea de esa AC que tenga sustento político o jurídico. Entonces para aquello nuestro Gobierno no va a estar disponible, y esperamos que en el análisis del mérito de esta AC no existan las mayorías para validar un acto tan elevado de homofobia y discriminación en contra de un ministro de Estado”, expresó.
Asimismo, la vocera de Gobierno sostuvo que la acción “carece de rigurosidad, de profesionalismo, de argumento, sustento político-jurídico y más bien se basa en un acto de homofobia”.
“Se le ha acusado, además, de hechos que no corresponden a su periodo de administración, e incluso, a hechos que corresponden a la administración de un municipio, ni siquiera desde el Ministerio de Educación de un gobierno anterior”, enfatizó.
De manera similar se expresó el ministro Elizalde, quien apuntó que acerca del libelo que “nosotros no vamos a especular respecto de eventuales resultados, pero lo que sí vamos a hacer es expresar una convicción profunda. Esta acusación carece de fundamentos jurídicos, por tanto, debiese ser rechazada (…). Esperamos que la Cámara actúe con responsabilidad, por tanto, finalmente se rechace la acusación”.
Además, el titular de Segpres cuestionó el uso del mecanismo en sí: “se está utilizando este instrumento de manera inadecuada, toda vez que tal como quedó acreditado una vez que el ministro Ávila respondió la acusación, ésta carece de fundamentos, por tanto, no existe una infracción por la cual debiese aprobarse la misma”.
En tanto, Elizalde y Vallejo fueron consultados respecto a la manera en que el Caso Convenios podría tener un efecto sobre la AC que pesa sobre el ministro de Educación. Para ambos, establecer una relación entre el libelo y la crisis que golpea al oficialismo carece de lógica.
Por esto, el ministro manifestó que “las casuales que establece nuestra Constitución para presentar y eventualmente aprobar acusaciones constitucionales son claras. Por tanto, cualquier otra consideración ajena al mérito de la acusación misma me parece que es inadecuado, no da cuenta de instituciones que tienen que actuar con seriedad y responsabilidad al momento de emitir su pronunciamiento”.
Vallejo, por otra parte, expuso que vincular ambos hechos corresponde a “un absurdo”, y que “todos los que estamos en política tenemos que demostrar estar a la altura de lo que es hacer política, la alta política, y no jugar a la pequeñez política”.
“Se trata de perseguir políticamente a cualquier militante de un partido, un partido que ha tenido un caso asociado a actos que pueden vulnerar la probidad e incluso pueden constituir delito”, agregó, para apuntar que “si fuera por esa lógica o racionalidad, estaríamos diciendo que cualquier militante de casi todos los partidos que existen en Chile, incluyendo los de la oposición, deberían estar siendo expulsados, sancionados, sólo por el hecho de ser militante de u partido involucrado con esos casos de corrupción”.
“Eso es muy poco serio, es irresponsable, es de una miopía que es insostenible, es ilógico y absurdo”, concluyó.
