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Créditos: Agencia UNO
El procedimiento fue impulsado por las diputadas Sara Concha Smith y Francesca Muñoz González (ambas pertenecientes al Partido Social Cristiano e Independientes), a lo que se sumaron las otras bancadas de oposición: UDI, RN y Republicanos. La Acusación contra Ávila rompe récords con respecto a otras de titulares de la cartera, esto porque los procedimientos contra Yasna Provoste en 2008 y Marcela Cubillos en 2019 contaron con cinco capítulos y no siete como la actual.
Este lunes será presentada la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, la que contará con siete capítulos que detallan las eventuales faltas a la Constitución que ha realizado el titular del Mineduc en su administración.
El procedimiento fue impulsado por las diputadas Sara Concha Smith y Francesca Muñoz González (ambas pertenecientes al Partido Social Cristiano e Independientes), a lo que se sumaron las otras bancadas de oposición: UDI, RN y Republicanos.
La Acusación contra Ávila rompe récords con respecto a otras de titulares de la cartera, esto porque los procedimientos contra Yasna Provoste en 2008 y Marcela Cubillos en 2019 contaron con cinco capítulos y no siete como la actual.
El juicio político debe contar con 78 apoyos en la Sala para que prospere, siempre y cuando estén todos los parlamentarios presentes.
Al ministro del Educación se les acusa de priorizar una agenda con foco en diversidad sexual vulnerando el derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos. También se les responsabiliza por los resultados del SIMCE y los niveles de violencia registrados en los establecimientos educacionales.
En concreto, el primer y segundo capítulo trata de la infracción constitucional de Ávila al derecho constitucional que da prioridad a los padres a educar a sus hijos con las “Jornadas de Educación No Sexista” y con las “Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile”.
En el tercer capítulo acusan al ministro de dar prioridad a las diversidades sexuales excluyendo a los estudiantes con discapacidad en la “Política de Educación Inclusiva” del Mineduc, vulnerando la Ley General de Educación.
El cuarto capítulo acusa al ministro de incumplir su rol de autoridad y conducción del sector educativo haciendo énfasis puntos que están llevando una crisis en el sistema: ausentismo y deserción escolar; infraestructura educativa; y medidas que afectan la calidad de la educación pública.
El quinto y sexto capítulo hablan de los programas de la Junaeb. Se acusa al secretario de Estado introducir una agenda de educación no sexista en los cuadernos entregados a los estudiantes en desmedro del material relativo al Plan contra la Obesidad. Por otro lado, también apuntan a los programas de “Alimentación Escolar” y “de Alimentación Parvularia”.
El último capítulo se le acusa el incumplimiento, negligencias e inejecuciones en la implementación de los Servicios Locales de Educación en sectores tales como Licancabur (Calama), Maule Costa, Valparaíso y Atacama.
